El primer semestre de 2007 mostró que sigue profundizándose la protesta política de los trabajadores, aunque ahora con un aditamento nuevo: el ingreso de las organizaciones juveniles a la movilización laboral.

Igual importancia merece asignarse a los primeros triunfos internacionales de las denuncias que desde hace más de diez años vienen haciéndose en torno a los crímenes contra sindicalistas. Con un doble primer resultado: la comparecencia de empresas multinacionales en los estrados judiciales norteamericanos y la frenada en seco del TLC, por lo menos hasta el año entrante. Para el Presidente, que detesta a los sindicatos y que en los actos del último Primero de Mayo tuvo la alevosía de desacreditarlos ante los trabajadores de Paz del Río, el golpe recibido apenas unos días después va a recordarlo toda su vida, así no le sirva de lección. Son los sindicatos, no los malvados demócratas gringos, quienes están echando a perder su plan reeleccionista.

Las 31 huelgas laborales del semestre, que agruparon apenas a 150.597 huelguistas, no pueden reflejar fielmente los cambios que vienen ocurriendo y en cierta manera están por fuera de tales espacios. Si bien las huelgas de los bananeros de Urabá y los mineros del carbón del Cesar son ejemplo de admirable resistencia en medio del cerco paramilitar, la más importante, ordenada por el sindicato más poderoso del país, fue acogida apenas por menos de la quinta parte de sus efectivos. Sea como fuere, el 74% de los huelguistas del semestre se pronunció principalmente contra las políticas económicas y sociales del Gobierno, no por reivindicaciones simplemente salariales. Por fuera del ámbito huelguístico, las 44 acciones de protesta (marchas, mítines, tomas de sedes, jornadas de lucha y asambleas permanentes) dejaron así mismo la impronta de la protesta política en primer término.

El avance de los sindicatos en el semestre no se reduce a las expresiones callejeras y las denuncias judiciales. El pasado primero de mayo los sindicatos de Bogotá, pertenecientes a las tres centrales, firmaron con la administración distrital un acuerdo único, basado en un pliego de peticiones que había sido presentado en agosto de 2005. El acuerdo incluye alza de salarios de 6% en promedio ponderado y la creación de una comisión bipartita del D. C. y seis directivos de las tres centrales para elaborar un estudio de nomenclatura, códigos y grados salariales de los empleados, “tendiente a determinar las desigualdades existentes en materia salarial y prestacional para su posterior solución” (Voz, mayo 16/07: mayo 1/07). Un acuerdo de ese tipo solo es posible con una administración dirigida por la izquierda democrática, como es el PDA, y marca una pauta para las acciones del conjunto de trabajadores del Estado.

Cambios en la economía

Es posible que en estas expresiones estén incidiendo los cambios en la marcha de la economía nacional, que el director del Dane ha descrito como un fenómeno internacional llamado “recuperación sin empleo”, consistente en producir más bienes cada vez con menos mano de obra. La tasa de crecimiento de la economía nacional viene elevándose desde 2005 y sorpresivamente en el primer trimestre del 2007 alcanzó a 6,2%, pero al mismo tiempo la del desempleo volvió a tomar impulso y llegó a 13,4%. La OIT ha dicho que en 2006 hubo 195 millones de desempleados en el mundo, cifra sin precedente pese a cinco años consecutivos de expansión económica, y la tasa mundial de desempleo fue de 6,3%, casi la misma de 2005 y menos de la mitad de la colombiana (“Tendencias globales del empleo, 2007”). De nada está sirviendo, pues, echar trabajadores a la calle. La tasa de desempleo colombiana es mayor que las de China, Indonesia, Argentina, Venezuela y Egipto, que están por debajo de 10%. Los empresarios dicen que el bajo costo de la mano de obra no ha disminuido el desempleo sino lo ha aumentado, y por primera vez en varios años la inflación creció y en 2006 fue de 5,25%, cuando las metas oficiales la estimaban en 4% y aún menos.

Ahora bien, en la movilización de los asalariados no todo es color de rosa. Un informe rendido en marzo último por la CUT, la CTC y la Escuela Nacional Sindical indica que en 2005 la tasa de sindicalización nacional fue de 4,6% de la fuerza de trabajo, la más baja en los últimos sesenta años. Mientras en 1994 se suscribieron 817 convenciones colectivas de trabajo que afectaron a 196.241 trabajadores, las de los primeros diez meses de 2006 sumaban apenas 41 y afectaban a 38.298 trabajadores. Son los efectos de la informalidad del empleo, la deslaborización de las operaciones productivas, el empleo temporal, el reemplazo de sindicatos por cooperativas de trabajo asociado (CTA), la violencia estatal y patronal para impedir la asociación y acción de los asalariados. Carlos Rodríguez, presidente de la CUT, afirma que el país tiene 17,5 millones de trabajadores, de los cuales 10,5 millones son informales y solo 5 millones están cobijados por alguna forma de contrato laboral, y de éstos solamente 1,5 millones son de contrato indefinido, es decir, en condiciones de ser asociados en sindicatos. (El Colombiano, abril 29/07). La tarea se complica si se considera que en los 16 años corridos entre 1991 y 2006 hubo 2.245 dirigentes y activistas sindicales asesinados. (ib.).

Es diciente el hecho de que el movimiento no ha estado en capacidad de enfrentar las acciones del gobierno Uribe encaminadas a extinguir el histórico Instituto de Seguros Sociales, creado hace sesenta años y en proceso de liquidación desde enero pasado. La jornada nacional del 8 de febrero, organizada por las tres centrales, los tres principales sindicatos de la salud, las organizaciones de pensionados y los usuarios, se redujo a ocho capitales departamentales y reporte de su efectividad solo hubo para Bogotá, Cali, Barranquilla e Ibagué. En contraste, fue ejemplar la jornada de huelga y protesta que adelantaron en febrero el sindicato del carbón y los habitantes de La Jagua de Ibirico contra la Drummond y demás transnacionales que explotan el mineral y a las que responsabilizan de la contaminación ambiental, el destrozo de vías por los pesados vehículos, el desempleo, el trabajo temporal y el manejo engañoso de las regalías que corresponden a la Nación y que están sometidas a las redes de corrupción del gobierno regional y los paramilitares, razón por la cual fueron intervenidas por el Gobierno central. El presidente Uribe se vio precisado a acudir al lugar y comprometerse a intervenir de la mano con el ministerio de Ambiente, ayudar en la pavimentación de las vías destruidas, desplazar una comisión médica para evaluar la salud de la población, debatir las condiciones de la operación minera y ampliar los servicios del Sena en la zona. Voz, 21 de febrero de 2007, 4.

La huelga magisterial

El suceso laboral más importante del primer semestre fue la huelga nacional del magisterio público contra el proyecto de acto legislativo 011 de 2006 —que recortó por segunda vez las asignaciones presupuestales del gobierno central a los departamentos, más conocidas como transferencias territoriales—, la remisión a las universidades del pasivo pensional que hasta ahora se cubría con fondos del Tesoro nacional y la inminente ratificación del TLC. Ordenada por Fecode como huelga indefinida a partir del 23 de mayo y precedida de abundante agitación pública, fue recortada para terminar el 28 de junio siguiente pero se levantó el 1º de junio, cuando se hizo palpable la debilidad de la participación magisterial, ya que al frente de las movilizaciones no estaban los docentes sino sus discípulos.

Las grandes marchas nacionales del 23 y el 30 de mayo —cada de las cuales reunió entre 150.000 y 200.000 personas— fueron puntos culminantes de la movilización, y la participación de estudiantes de enseñanza secundaria y universitaria el nuevo factor de la protesta social. Hasta el 30 de mayo hubo diez días de movilizaciones estudiantiles nacionales no vistas en Colombia en decenas de años. El reencuentro estudiantil con el pueblo fue el factor que imprimió dinamismo al movimiento. El movimiento docente fue firme y convincente en la Costa Atlántica, desde Bolívar hasta La Guajira, pero débil en las demás regiones, con algunas excepciones. Casi todos los maestros provisionales, en prueba, recién posesionados o por contrato de prestación de servicios se abstuvieron de participar. Especialmente flaca fue la participación en Antioquia, el Viejo Caldas, Santander y el mismo Bogotá, donde las movilizaciones fueron encabezadas por los estudiantes. La poca participación de los educadores obedeció al temor de que fuera suspendido el pago de sus salarios y de la prima o bonificación semestral que el gobierno nacional les reconoce por el buen curso académico de su trabajo y que se perdería si el paro continuaba. Pero la debilidad de la huelga obedeció también a las dificultades que atraviesa la federación desde hace varios años, debido a la falta de funcionamiento democrático de sus directivas, donde hay interferencia de grupos políticos disímiles, cosa que viene manifestándose desde el paro de 2001, cuando el gobierno hizo descuentos por los días no laborados y eso desconcertó a los maestros. En numerosos departamentos del centro, occidente y sur del país el paro magisterial fue ante todo una multitudinaria movilización de estudiantes de enseñanza secundaria y superior. Las bases no obedecieron la orden de Fecode, cuya última asamblea nacional, realizada penosamente en febrero, había sido, de acuerdo con varios de sus sindicatos regionales, una reunión inútil.

Álvaro Delgado
Investigador del CINEP

Fuente: Actualidad Colombiana, Boletín Quincenal, Edición 456

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