En 2006 murieron 18 personas en un bus que se incendió en plena calle de la ciudad de Panamá. Además, en ese mismo año murieron más de 100 personas envenenadas por medicamentos distribuidos a pacientes de la Caja de Seguro Social. Ambos casos han creado un enjambre jurídico que ha dificultado que se haga justicia.

Las víctimas eran trabajadores, jubilados, estudiantes y amas de casa. No tienen acceso a poderosas firmas de abogados y menos a influencias en las altas esferas. Los sobrevivientes de los envenenamientos, incluso, fueron golpeados y humillados por la Policía en las puertas de la Presidencia.

Desde lo que va de 2007 han muerto 17 trabajadores de la construcción por falta de seguridad en las obras. Las empresas no cumplen con la ley y el gobierno no las hace cumplir. Hay muchas empresas que han creado sus propios sindicatos. Estas empresas tampoco se afilian a la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC).

La semana pasada murieron cuatro obreros en una construcción ubicada en la calle 74 del corregimiento de San Francisco. Según un comunicado del Sindicato Unico de Trabajadores de la Construcción (SUNTRACS), los obreros “no estaban amparados por la convención colectiva” que opera entre ellos y la CAPAC. El comunicado agrega que la empresa constructora responsable, Grupo Corcione, de Nicolás Corcione Pérez Balladares, negocia directamente con un sindicato amarillo de su propiedad (Sindicato de Trabajadores de las Empresas Corcione y Afiliados). La personería jurídica le fue otorgada bajo la administración del presidente Ernesto Pérez Balladares, pariente del gerente del grupo Corcione.

Según el comunicado de SUNTRACS, hay una mafia empresarial internacional que tiene pactos con cinco sindicatos amarillos. En primer lugar, el caso notorio del denominado SITICOPP de Aniano Pinzón, José Valerín y Rolando Almengor en Isla Viveros. El comunicado también menciona a la empresa brasileña Odelbrech encargada de la construcción de la autopista Panamá-Colón. Además, menciona a Remigio Roja en Chiriquí, así como los constructores de la hidroeléctrica de Changuinola y el ensanche de la carretera Panamá-Arraiján (SANTRAICO de Eladio Vega).

El comunicado también se refiere a otros seis arreglos entre “sindicatos amarillos” y empresas constructoras. En la lista menciona al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción y Afines (SINTRACONA) de Angel Ruíz Canto, Eduardo Ríos y Carlos Ríos, a la Unión de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines de Panamá (UTICAP) de Marcos Allen, al Sindicato Industrial de Trabajadores de la Construcción de la Provincia de Chiriquí (SITRACOPROCHI), a la Unión Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción Naval, Ferroviaria, Portuaria y Terrestre (UNITRIC), a la Unión de Trabajadores de la Bilfinger + Berger de Panamá, S.A. (UTRABB) y a la Unión de Trabajadores de Dywidag Engineering & Construcción Panamá, S.A.

Según el comunicado mencionado, “estos sindicatos fantasmas son creados para eludir las leyes laborales del país dejando desprotegidos a los trabajadores”. Al igual que con las muertes causados por las deficiencias en el sistema de transporte y con la crisis de los servicios de salud, el gobierno reconoce que es impotente y que es incapaz de presentar un plan de trabajo. ¿Hasta cuando se permitirá que la irresponsabilidad de unos pocos empresarios y la indolencia gubernamental continúe segando vidas humanas?


Marco A. Gandásegui, hijo
Docente de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA