Medellín

A la soledad, el desarraigo, la falta de oportunidades y la pobreza que viven los miles de desplazados en el país por culpa del conflicto armado, se suma el abandono del Estado, que, de acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, aún no atiende de manera debida a esta población.

Una muestra de la desprotección se vivió en Medellín, donde se presentaron quejas sobre el tipo de alimentación que recibían los desarraigados: “La Procuraduría General de la Nación recibió queja de la comunidad de desplazados de Medellín, documentada con informe del análisis realizado por el Laboratorio Departamental de Salud Pública de Antioquia a latas de sardinas no aptas para el consumo humano incluidas en las ayudas entregadas”.

De acuerdo con el Ministerio Público, a pesar de la gravedad que el asunto entraña para la salud de las personas y de haber informado oportunamente a los funcionarios responsables, “se siguió entregando en esa ciudad el mismo producto descompuesto”.

Casos como el de la capital antioqueña llevaron a la Procuraduría a advertir que “sigue encontrando en las aplicaciones de su modelo de seguimiento, en sus visitas de inspección y en el análisis de las quejas que recibe de la población desplazada, fallas protuberantes en todas las etapas de atención al desplazamiento forzado”.

El pronunciamiento está consignado en el décimo primer informe a la Corte Constitucional, fechado el 19 de julio de 2007, en cumplimiento a lo dispuesto por esta Corporación en la Sentencia C-278, proferida en abril de este año, sobre la obligación del Gobierno de implementar indicadores que midan el goce efectivo de derechos de la población desplazada.

Según cifras establecidas en el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) divulgado en junio pasado, Colombia tiene 3 millones de desplazados. De ellos, 300.000 desarraigados habitan en Antioquia y cerca de 100.000 están en Medellín.

Ni previenen ni atienden

Para este organismo de control, tanto la etapa de prevención como de atención tienen falencias que afectan la dignidad de la población desplazada forzadamente de sus territorios por unos y otros actores armados.

En cuanto a la etapa de prevención, la Procuraduría General de la Nación cuestionó las alertas para evitar los desplazamientos forzados, calificándolas de “inanes”. Entre éstas se destacan las emitidas en los casos de La Tola y El Charco, región de la Costa Pacífica nariñense, que afectó a por lo menos 9.000 personas.

“A pesar de que este órgano de control alertó sobre la inminencia del desplazamiento, éste se produjo en forma masiva más de mes y medio luego de nuestro aviso. Y aún después de eso, la población ha debido seguir desplazándose en la misma zona sin que las fuerzas del Estado hayan podido garantizar la seguridad para evitar los desplazamientos sucesivos”, manifestó la Procuraduría.

Sobre la atención a la población desarraigada, el Ministerio Público encontró demoras injustificadas en la entrega de la atención humanitaria y en las prórrogas de la misma. Una de las ciudades referencias en este caso es Bogotá.

“Pero luego de elaborado este informe (fechado el 19 de julio de 2007) hemos tenido conocimiento de muchos casos similares en todo el país, sobre los cuales hemos reclamado a Acción Social, recibiendo como respuesta justificaciones inaceptables”, indicó este organismo.

Al respecto, la Procuraduría ha hecho numerosos requerimientos por demoras en la atención humanitaria a la Alta Consejería para la Acción Social, agencia gubernamental que tiene a cargo la atención del desplazado en el país, “sin que veamos respuesta positiva para la población desplazada, lo cual contradice la legislación vigente, que ordena mantener la atención humanitaria hasta cuando el desplazado haya logrado su restablecimiento; además, han entregado información contraria a los hechos”.

Sin recursos

Sobre el presupuesto destinado a cubrir las necesidades reales de la población desplazada, el informe consignó que “si se entra a considerar la cifra de desplazados que contempla el Gobierno nacional con base en el Registro Único de Población Desplazada, que se encuentra muy por debajo de la realidad del desplazamiento y el nuevo escenario que plantea el acatamiento de la Sentencia C-278, que exige una considerablemente mayor erogación, los recursos asignados para la atención a la población desplazada aparecen como deficitarios”.

De acuerdo con la Procuraduría, del esfuerzo fiscal no se excluyen las entidades territoriales, tanto departamentos como municipios, los cuales, según lo afirmó el ente de control, “están muy lejos de cumplir con el esfuerzo que les exigen sus obligaciones de concurrencia, subsidiariedad y complementariedad con el nivel central de la administración publica”.

En conclusión, la Procuraduría General de la Nación, “considera que está suficientemente demostrado que el gobierno nacional no ha cumplido en debida forma con las obligaciones que la legislación nacional e internacional le imponen”, ni con las órdenes contenidas en la Sentencia T-025 del 22 de enero de 2004, a través de la cual se dictaron medidas urgentes para garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran en esta situación por causa del conflicto armado.

Fuente: Agencia de Noticias IPC

Medellín, Colombia

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