Excluidos, marginados y acosados, así sobreviven hoy las comunidades indígenas en Antioquia; no obstante, la adversidad no les impide ratificar cada 9 de agosto, en el Día internacional de los Pueblos Indígenas, su voluntad de continuar resistiendo.

En Antioquia viven cerca de 28.000 indígenas de diversas etnias, agrupados en por lo menos 40 resguardos, dentro de los cuales tratan de mantener la cohesión social y sus costumbres ancestrales. Pero no es una tarea fácil: la pérdida de derechos adquiridos y la presión que sobre sus tierras ejercen el propio Estado, la industria, los terratenientes, los narcotraficantes y los grupos armados ilegales, son obstáculos que deben enfrentar día a día.

“Seguimos siendo excluidos e ignorados como sujetos de derecho. Además, muchos de los derechos adquiridos a través de nuestra lucha han sido desconocidos y, en cierta forma, la agenda legislativa del actual Gobierno pretende borrarlos a través de las leyes”, expresa Guillermo Antonio Tascón, presidente de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), en entrevista con la Agencia de Prensa IPC.

Uno de los derechos que se les viene negando, y el más sensible a sus formas de vida, es el derecho a la tierra. “En el departamento hay comunidades como los pueblos Zenúes del Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño que han tenido dificultades porque el Gobierno no quiere reconocerles su condición de indios. Con esa negación se obstaculiza la posibilidad de crear nuevos resguardos y, al mismo tiempo, se les desconocen sus autoridades”, explica Tascón.

En esencia, los asimilan a simples campesinos, aspecto que se desprende del nuevo Estatuto de Desarrollo Rural, que entró en vigencia este año comprometiendo la subsistencia de por lo menos 8.000 indígenas Zenúes que habitan los municipios de Cáceres, Caucasia, El Bagre y Zaragoza.

De los 28.000 indígenas, sólo 19.000 tienen asegurados sus territorios. De acuerdo con datos de la OIA, cerca de 10.000 indios carecen de tierras propias o colectivas, por lo que se ven obligados a trabajar como arrendatarios.

La pérdida de tierras también llega por la vía del desplazamiento forzado de comunidades indígenas, cuyas propiedades, y en aplicación del Estatuto de Desarrollo Rural, le son expropiadas y asignadas a los paramilitares que provocaron el desarraigo.

Entre las poblaciones indígenas más afectadas y que aún esperan una solución, se encuentra la comunidad del resguardo embera de Jaiquerasabi, del municipio de Mutatá, Uraba antioqueño. “Ellos llevan cerca de ocho años desplazados de sus tierras, ubicadas en el corregimiento Pavarandó. Viven cerca al casco urbano de Mutatá, a la vera del camino, en un territorio pequeño donde no tienen la posibilidad de cazar ni de pescar y no han podido retornar.”, reseña el presidente de la OIA.

Además del Estatuto de Desarrollo Rural, otro conjunto de normas que afecta la vida indígena son la Ley Forestal y el Código Minero. De acuerdo con la OIA, ambas normatividades establecen que si los pueblos indígenas no explotan los bosques y el subsuelo, el Gobierno se abroga el derecho de entregar en concesión la explotación a empresarios nacionales o extranjeros.

“¿Qué viene detrás de decisión? Nadie va a entrar a explotar los bosques solamente, la ambición lleva a que, además de la madera, se aprovechen esas tierras para otras actividades, entre ellas las riquezas del subsuelo, y se desplacen las comunidades indígenas”, sostiene Tascón.

Una de las regiones amenazadas por esta situación es el Urabá antioqueño y afectaría, por ejemplo,los bosques del resguardo Caimán Nuevo, que abarca los municipios de Turbo y Necoclí, y compromete la existencia de la etnia Tule, afecta sus lugares sagrados y rompe el equilibrio entre el indígena y la naturaleza.

Entre la guerra y la coca

A los estatutos, leyes y normas que alteran la vida indígena en el departamento y el país, se agregan los efectos del conflicto armado. Si bien la OIA reconoce que los choques armados entre grupos armados legales e ilegales han disminuido, persisten los bloqueos alimentarios en diversas regiones de Antioquia.

“El actual Gobierno ha intensificado la persecución de la guerrilla, que parapetada en el monte deja que los militares y policías quemen sus tiros, y cuando se pretende perseguirla, entonces el indio queda en medio del fuego”, explica Tascón.

Una de las consecuencias directas de esta situación son los constantes bloqueos alimentarios impuestos por el Ejército. Ello se presenta en zonas alejadas de los centros urbanos, sobre todo en el Atrato Medio antioqueño, una región donde hacen presencia las Farc y grupos paramilitares.

“En estos territorios hay mucha persecución y estigmatización contra el indio. Cuando sale y lleva dentro de su mercado algunos suministros que se alejan de su dieta, de inmediato es cuestionado porque se le sindica de que es para la guerrilla. Es claro que un indio no puede hacer un buen mercado”, alega Tascón.

Aparte de ello, tanto grupos legales e ilegales mantienen en la mira al indígena. “Muchas veces la guerrilla cree que cuando el indio sale es a llevar información sobre su paradero; y otros piensa que cuando sale es a hacer inteligencia para la guerrilla”, cuenta el líder indígena.

Tal encrucijada afecta de manera ostensible a las comunidades indígenas porque para prevenir la muerte o la retención por parte de grupos armados legales o ilegales, prefieren confinarse en sus territorios sacrificando, incluso, la atención médica cuando están enfermos.

Las comunidades indígenas más afectadas por estas restricciones habitan territorios ubicados en el Suroeste lejano de Antioquia, en particular en el municipio de Urrao; en el Occidente, sobre todo en las localidades de Frontino y Dabeiba; y en el Atrato Medio, en el Urabá antioqueño.

Y como si fuera poco, a este oscuro panorama se agrega la presión que ejerce el narcotráfico, producto de la degradación del conflicto armado, en territorios aptos para el cultivo de hoja de coca. Regiones como el Bajo Cauca y Urabá son las más afectadas.

“Gente inescrupulosa se quiere meter a territorios indígenas a sembrar coca y quieren obligar a los indios a trabajar en eso. Eso es un cáncer muy tenaz que altera la vida del indio”, denuncia Tascón.

En resistencia

Pese a las grandes dificultades reseñadas por el Presidente de la OIA, las comunidades indígenas en Antioquia persisten en mantenerse en pie de lucha, resistiendo los embates de quienes, desde la legalidad y la ilegalidad, pretender continuar marginándolos, excluyéndolos y acosándolos.

“Nos falta mucho, pero sin duda hemos avanzado. Hace 25 años teníamos en el departamento un resguardo, hoy existen 40, y nuestro reconocimiento es incluso político”, resalta el líder indígena, además de señalar que hoy ya cuentan con profesores indígenas, a través de los cuales, refuerzan costumbres y creencias. “Faltan más, claro, y más capacitación, pero ahí vamos”.

En materia de salud, cerca de 16.000 indígenas en el departamento están afiliados al régimen subsidiado y la discusión que plantea la OIA no es distinta al debate nacional sobre la calidad. “Necesitamos también fortalecer el trabajo de nuestros botánicos especialistas en salud, que refuerce el doble concepto de enfermedad, salud y muerte que tiene la mirada occidental y la de los indios”, asevera Tascón.

En el tema organizativo, el movimiento indígena antioqueño no es tan fuerte como el del departamento del Cauca. “Allá se tiene una trayectoria más fuerte, de muchos años, ellos no han descansado. Nosotros estuvimos sumidos, doblegados, por la cultura paisa hasta finales de los años 70. Ahí es cuando empezamos a surgir como movimiento indígena para luchar por los derechos del indio en Antioquia. Hoy continuamos apostándole a la resistencia”.

Agencia de Prensa IPC, Medellín, Colombia. www.ipc.org.co