Al orden del día están las discusiones entre la opción del rescate militar o el acuerdo humanitario para conseguir la liberación de los rehenes de las FARC, sobre si el acuerdo humanitario requiere un territorio desmilitarizado y en qué condiciones, así como sobre los propios términos y la urgencia que reviste la solución de esta grave problemática humanitaria. Pero las circunstancias de la actual coyuntura son muy especiales: el asesinato de todos los diputados retenidos del Valle, que estaban concentrados en un campamento de las FARC, precipitó un inmenso repudio nacional e internacional. El presidente Uribe, en medio de éste justo estado de indignación, ha exigido la devolución de los cadáveres y tomó algunas decisiones para facilitarlo, pero de nuevo proclamó la negativa a desmilitarizar una zona para facilitar el encuentro de los voceros de las partes con el objeto de convenir los términos del acuerdo, a la vez que expresó la negativa a cualquier entendimiento con esta guerrilla.

Sin embargo, son amplios los sectores que abogan por persistir en el logro de la solución humanitaria concertada. El tema se ha posicionado en la agenda internacional y al fin se produjo una masiva expresión ciudadana que, al tiempo que condenó enérgicamente el secuestro y señaló la responsabilidad de las FARC en el crimen, también rodeó de solidaridad a las valerosas y luchadoras familias de los rehenes y secuestrados. A partir de allí, este tema está en el centro del debate político, de forma que lo acompaña una amplia movilización con denominadores comunes en las aspiraciones de la paz y la exigencia humanitaria, pero que igualmente expresa una fuerte polarización básica entre las posiciones del Gobierno nacional, por una parte, y las de los sectores defensores del acuerdo humanitario y la aceptación de un área desmilitarizada, por la otra. En tal contexto, desde varios sectores políticos, gobernantes locales y departamentales, la línea editorial del diario El Tiempo, la CUT y organizaciones no gubernamentales particularmente comprometidas con el tema, se ha propuesto conseguir un amplio consenso en torno a un pacto por la verdad, la justicia, la democracia y el acuerdo humanitario.

Contexto actual

En sentido general, no pueden entenderse como mecanismos excluyentes el recurso de las Fuerzas Armadas estatales y el de la aplicación de los acuerdos especiales o humanitarios –como han sido definidos comúnmente en nuestro medio- para la resolución de problemáticas humanitarias en la guerra. Se trata de opciones que, junto con otras de distinto carácter, pueden ser utilizadas y priorizadas en determinadas circunstancias para resolver situaciones concretas. Por consiguiente, pueden ser complementarias pero también llevan, en situaciones específicas, a configurar dilemas por resolver de conformidad con la política y los propósitos en marcha. El argumento de que el Gobierno no puede renunciar a su obligación constitucional de ordenar la actuación de la Fuerza Pública para lograr la liberación de los rehenes es correcto, pero debe agregarse que igualmente existe la obligación constitucional de aplicar “en toda circunstancia” las normas humanitarias, de los cuales se deriva la implementación de los acuerdos especiales o humanitarios.

Si se trata de un acuerdo convenido o concertado, de manera directa como se aspira en este caso, pero también recurriendo a los buenos oficios, la facilitación y la intermediación –de ser necesario, de terceras partes-, como lo enseña muy bien el concepto y la metodología de la resolución o transformación no violenta de los conflictos, se requiere de mínimas disposiciones para asumir con flexibilidad opciones, políticas y medidas a tomar. Esto conlleva reconocer y cotejar el alcance de determinados costos políticos y militares, en aras de hacer posible la solución humanitaria en beneficio de las víctimas. Además, como lo demanda el DIH –que tiene plena vigencia en nuestro ordenamiento y cuando por varias décadas persiste un conflicto armado interno-, debe imponerse el principio del trato humanitario frente al de la necesidad militar. Así, si bien el acuerdo humanitario implica determinados costos políticos y militares, significa la ganancia social general de facilitar la restitución del ejercicio de derechos fundamentales de la población afectada de manera directa por las hostilidades militares y garantizar una positiva solución humanitaria para los directamente afectados.

El derecho humanitario, al considerar los acuerdos especiales,1 exige a las partes hacer lo posible para implementarlos, lo cual no significa que sea una obligación en toda circunstancia sino precisamente una opción sobre la que se recomienda hacer los esfuerzos necesarios para conseguirla. Allí estriba la discusión, puesto que en las actuales circunstancias colombianas el acuerdo humanitario propuesto constituye la opción más conveniente y, en tal sentido, es necesario aplicarlo con prioridad frente a las demás opciones que desde hace cinco años, de una u otra manera, son aplicadas sin éxito.

Acuerdos humanitarios exitosos y fracaso de rescates militares

Si bien el presupuesto existente es el de una grave crisis humanitaria y la existencia de políticas y conductas sistemáticas en la guerra, que han comprometido tanto a las fuerzas estatales como a las paraestatales y a las insurgentes, tema que no nos ocupa en particular, debemos rescatar lecciones específicas de experiencias concretas que arrojan luces sobre algunos acuerdos conseguidos y aplicados entre las partes, los cuales posibilitaron soluciones humanitarias exitosas. También contamos con numerosos hechos de consecuencias humanitarias negativas cuando se prescindió de tal opción. Entre las experiencias exitosas de acuerdos humanitarios tienen relevancia, entre otras, la solución de la toma de la Embajada de la República Dominicana por el M-19 en 1980; la liberación de 22 soldados y policías retenidos en combate por el EPL y las FARC en Urabá en 1989; la liberación de 61 miembros del Ejército y la Armada por las FARC en 1997 en El Caguán; la liberación de numerosos civiles tomados como rehenes en el Valle y de 42 miembros de la Fuerza Pública y los organismos de seguridad capturados en acciones militares en Norte de Santander por el ELN, quienes fueron liberados en el 2000; y la liberación de más de 300 miembros de la Fuerza Pública en poder de las FARC en El Caguán, La Macarena y otras regiones, a partir del acuerdo suscrito en 2001. En estos casos obró el acompañamiento humanitario y de facilitadores internos e internacionales. Algunos fueron convenidos directamente, otros recurrieron a formas de intermediación. Todos consiguieron soluciones humanitarias, de forma que, como se pudo constatar e informar, las partes cumplieron a cabalidad con los compromisos y se resolvió positivamente la situación de las víctimas. Por el contrario, entre las experiencias fallidas podemos encontrar, entre otros casos, el asesinato por las FARC del capitán de la Policía Wilson Quintero tras escapar de sus captores y ser recapturado en 1999; las muertes en intentos de rescate del Ejército de la ex ministra de Cultura Consuelo Araújo en 2001, del gobernador Guillermo Gaviria y del ex ministro Gilberto Echeverri, junto con ocho soldados también retenidos, en 2002; la muerte del empresario Helmunt Bickenbach y de su esposa Doris Gil en 2003; y en días pasados, la muerte del empresario Diego Mejía, también en poder de las FARC. Así mismo, estando en poder el ELN, murió hace varias semanas, en otro intento de rescate del Ejército, el hermano del senador Vives.

Esto da fundamento a la hipótesis de que, en el contexto de nuestro conflicto armado o de guerra irregular, la vía del acuerdo humanitario resulta ser la más viable, que existen condiciones y experiencias positivas para conseguirla y que puede realizarse en condiciones de seguridad para superar las condiciones de riesgo que afectan a las víctimas y garantizar la restitución de sus derechos afectados.

Liberación incondicional e inmediata de rehenes y secuestrados

No obstante lo anterior, es preciso argumentar que el recurso del acuerdo humanitario no es el que debiera definir los compromisos humanitarios puesto que constituyen una obligación permanente e imperiosa que tienen las partes para acoger en su integridad los principios y las normas humanitarias. Por eso antes que el mismo acuerdo, merece total rechazo la toma de rehenes civiles de manera que obra la exigencia perentoria de su liberación inmediata e incondicional.2 Así mismo, la fuerza pública, con respeto a sus obligaciones en derechos humanos y derecho humanitario, debe actuar para prevenir y, dado el caso, reprimir este delito así como el conjunto de violaciones e infracciones sucedidas.

Los militares y policiales capturados en la guerra deben recibir de sus captores la protección humanitaria prescrita y luego liberarlos, por cuanto dejan de constituir una ventaja militar y no tiene justificación prolongar indefinidamente su retención. Por consiguiente, mantenerlos cautivos de manera indefinida constituye también una toma rehenes, pero además son sometidos a tratos indignos y al imponer exigencias a cambio de su libertad se configura su secuestro. Si bien el derecho humanitario, al ocuparse de los conflictos de carácter no internacional, no desarrolló normas específicas al respecto, con apoyo en la Cláusula de Martens3 puede acudirse al principio humanitario de extender las protecciones, pero jamás restringir las prohibiciones.4

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó en 2004 que, ante la existencia de personas retenidas ilegítimamente, le compete al Estado colombiano buscar alternativas para lograr su liberación, en condiciones satisfactorias de seguridad. A la luz de las obligaciones humanitarias, el Estado debe esforzarse para preservar sus derechos a la vida, la integridad y la libertad. Para el efecto, al escoger los métodos para cumplir esta obligación, las autoridades deben guiarse ante todo por el deber de garantizar la protección de tales derechos y el principio humanitario que obliga a priorizar el trato humano por encima de la necesidad militar.

Priorizar el acuerdo humanitario no invalida actuación de Fuerza Pública

Por supuesto que plantear la eventualidad del uso de la fuerza es una opción legítima y válida del Estado de Derecho, la cual se aplicaría de forma automática en condiciones de normalidad. El Estado debe actuar en todo caso salvaguardando la vida y la integridad de las personas dentro de los parámetros de legalidad, necesidad y proporcionalidad.5 Pero en las condiciones de la guerra irregular que nos afecta, en tanto grupos armados organizados tienen control territorial, mando reconocido y capacidad de sostener hostilidades militares,6 en ciertos espacios territoriales y sociales, se relativiza o incluso no existe el poder del Estado. Por tanto, al tratar la situación de la población afectada por los efectos de la guerra, además de exigir la correspondiente actuación de las autoridades estatales se hace preciso también levantar exigencias frente a los irregulares y habilitar los acuerdos humanitarios.

Estas circunstancias son las que conllevan la búsqueda de otros caminos que permitan la liberación de los rehenes y secuestrados. Por eso, le asiste la razón al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, cuando afirma que los rescates militares sólo serían viables si hubiera altas posibilidades de éxito y cuando hace referencia a la manera como la selva prácticamente elimina el factor sorpresa, así como que la reacción de los secuestradores es la de proceder de manera criminal contra los cautivos. Adoptar como línea principal de actuación el rescate militar, como lo ha definido el presente gobierno, es una posición equivocada y, por sus resultados, tras cinco años de repetir la orden de realizar los rescates, evidentemente ineficaz. Las liberaciones del hoy canciller Araújo y del subintendente Pinchao de la Policía, fueron ante todo valerosas fugas en las que los implicados asumieron altas condiciones de riesgo, hasta encontrar presencia de las autoridades. Deben hoy calar en la conciencia pública las palabras premonitorias del diputado Juan Carlos Narváez, bajo cautiverio: “La recurrente amenaza de rescate nos condena a una fuga o, peor aún, a una masacre lamentable”.

Dificultades para iniciar la interlocución y la discusión sobre el despeje

Persiste un sinnúmero de dificultades para conseguir el acuerdo humanitario, a las cuales se agregan elementos recientes como las condenas impuestas en Estados Unidos a Simón Trinidad y Sonia, la militarización e instalación de la base de un batallón de Alta Montaña en los dos municipios previstos para el encuentro de los delegados de las partes, y la negativa del presidente a aceptar un área desmilitarizada para las conversaciones. Pero a raíz de la masacre de los diputados el presidente Uribe radicalizó su posición y ahora se niega a la interlocución con las FARC e invalida la posibilidad del propio acuerdo. Las familias de los rehenes y secuestrados, que se han convertido en símbolo de resistencia humanitaria, reiteraron por el contrario la propuesta del acuerdo y solicitaron al presidente desmilitarizar un territorio para facilitar el pronto inicio del diálogo. Sin embargo, el mandatario desestimó la petición y con declaraciones propias y del consejero José Obdulio Gaviria expresó la reprobable consideración de que “las propuestas de las víctimas están viciadas por el dolor”. En todo caso el asunto territorial, como estaba previsto en las aproximaciones que se habían logrado y en las experiencias existentes, tendrá que resolverse en relación con asuntos como las garantías para la movilidad de los voceros, los espacios de diálogo y negociación y los dispositivos que se convengan para los traslados, aproximación y recepción de los retenidos. Más aún, como muchos lo indican, el presidente Uribe ya concedió por dos años un área desmilitarizada en Santafé Ralito y numerosas zonas de encuentro por un mes en promedio, relacionadas con los dispositivos de diálogo y desmovilización de los bloques paramilitares, en medio del difícil y controvertido proceso de desmovilización paramilitar aún no consolidado.

Los tratados del derecho humanitario vigentes en Colombia consideran figuras aprovechables como las treguas, las zonas neutralizadas, las localidades no defendidas, las misiones humanitarias y los oficios de las terceras partes, las cuales pueden ser positivamente aprovechadas en consideración a nuestro contexto. Pero, en particular, en el país existe una rica tradición histórica y numerosas experiencias recientes que posibilitan recurrir a medidas viables. El asunto más complicado ha sido el territorial, que consiste en convenir términos de neutralización de la acción militar de las partes o de desmilitarización de una zona, incluso de las tropas de las dos partes, como lo proponen los países facilitadores, por un lapso breve, para conseguir exclusivamente las acciones asociadas al propósito humanitario en cuestión. En los acercamientos existe consenso de las partes para acompañar tal dispositivo con una comisión veedora de composición internacional. Sin embargo, se ha viciado la discusión al emplear el gobierno el concepto de despeje, paradójicamente retomado de la propuesta de Ley de Canje hecha por las FARC en 1999, de forma que la asimila a problemáticas sucedidas en El Caguán durante la pasada administración para descalificarla de plano.7

Propuestas para la concreción del acuerdo humanitario

Para conseguir este acuerdo se necesita recuperar las aproximaciones conseguidas, de manera que se avance hasta consolidar una fórmula, evitando que las circunstancias de coyuntura lleven a reconsideraciones y retrocesos. Por supuesto que esto demanda fortalecer la opinión y la presión interna e internacional. En torno a ello, la existencia de amplios sectores políticos, sociales, religiosos, de opinión; la acción constante y valerosa de las víctimas y la amplia movilización ciudadana reciente, junto a la creciente atención internacional, le ofrecen posibilidades al acuerdo humanitario siempre y cuando se logre incidencia frente a las partes. Expresión diciente de ello la encontramos en un editorial de El Tiempo que, en relación con este propósito, le manifestó críticamente al presidente: “no puede cerrar de un portazo la única vía que podía contribuir a devolverlos vivos con sus familias.”8

No puede ignorarse que tras el asesinato de los diputados del Valle las FARC perdieron mucho en términos de legitimidad y merecieron con justeza el rechazo indignado de la población. Desde entonces ha cobrado más fuerza la necesidad de exigir a las guerrillas el abandono de la práctica del secuestro. Al respecto, resulta positiva la declaración del ELN en el sentido de asumir tal compromiso en el contexto del acuerdo base y el cese de hostilidades, cuyos términos discute con el Gobierno. Pero también resulta claro que la realización del acuerdo humanitario debe llevar a exigir que se ponga fin a la toma de rehenes y el secuestro, de manera que, como bien lo afirma el presidente de la CNRR, se establezcan garantías efectivas del principio de su no repetición. Se debería, igualmente, liberar de inmediato y sin condiciones, mediante un mecanismo de apoyo humanitario, a Clara Rojas y su hijo Enmanuel, pues además de hacer parte de la exigencia de liberación en tales condiciones de todos los civiles tomados como rehenes, el derecho humanitario establece una protección especial y prioritaria con las niñas y los niños así como con las mujeres que cuidan de ellos, y a favor de la reunificación de las familias. La propuesta de los países facilitadores presentada en 2005 (Francia, España y Suiza) es viable. Tiene la virtud de atender ideas e inquietudes de las partes, pero así mismo les exige romper con la intransigencia para aproximar definiciones determinantes a partir de ella, al tiempo que establece la mutua desmilitarización y considera un área razonable, un tiempo limitado y un amplio mecanismo de veeduría. Tiene razón el embajador francés Jean Michel Marlaud al declarar que sigue siendo una alternativa.

El acuerdo humanitario no está garantizado de por sí, pero en caso de lograrse, como muchos aspiramos, la realidad de lo ocurrido en el contexto de nuestro conflicto puede garantizar el retorno con garantías de todos los cautivos. Por el contrario, mediante la opción del rescate militar se da por descontada una alta probabilidad de fracasos y altos riesgos para las víctimas. El ex senador y ex ministro de defensa Rafael Pardo sustenta, con datos, que mientras los guerrilleros por lo regular salen en pocos años de las cárceles, bien por penas cumplidas o por fugas colectivas, los secuestrados quedan retenidos indefinidamente, prácticamente con la única posibilidad del acuerdo humanitario.

Es justa la consigna de “acuerdo humanitario ya”,9 puesto que el tiempo está contra todos y ya no da espera. Especialmente contra las víctimas, por su sufrimiento prolongado, por los mayores riesgos y los fatales hechos ya sucedidos, que podrían repetirse. También contra el Estado y el Gobierno Nacional, porque revelan la incapacidad de obtener la solución adecuada, de forma que les asiste responsabilidad en la suerte de las víctimas. Contra la guerrilla, porque implica mantener como política una conducta de sistemática transgresión a los derechos de los afectados y deja traslucir los negativos efectos de su intransigencia. Contra las familias de las víctimas, porque también se prolonga su sufrimiento en medio de incertidumbres. Y contra la población en su conjunto, que sigue afectada a fondo por los estragos y las secuelas de esta y de otras graves causas de la crisis humanitaria.

Masacre de diputados exige esclarecimiento y responsabilidades

El asesinato de los diputados del Valle fue un crimen de guerra inadmisible. Aunque no se conozca la información de lo realmente sucedido, le cabe indudable responsabilidad a las FARC puesto que fueron masacrados en su poder. Señalar de su parte que hubo fuego cruzado, sin especificar la presencia de otro actor armado, es inconsistente, implica su propia responsabilidad y se presta para distintas interpretaciones. Pudo, por ejemplo, cumplirse la orden de asesinarlos ante la eventualidad de un ataque militar dirigido al rescate, o ante un asalto de otro actor armado, incluso con propósito distinto, o pudo ser producto de la represalia ante un intento de fuga colectiva. Pero, como lo expresó Human Right Watch, “aún si fuera cierto que murieron en un fuego cruzado, las FARC son responsables de haberlos puesto en peligro al tenerlos en cautiverio”. Los tres países facilitadores, ante el hecho, condenaron la toma de rehenes, exigieron la liberación de todos los retenidos y declararon que fue su cautiverio lo que condujo a tan lamentable resultado. Así mismo, la ONU, la OEA y el G-24 condenaron el crimen e instaron a las FARC para que procedieran a la entrega inmediata de los cadáveres.

Si bien sobre los responsables directos de la masacre aún no hay claridad suficiente, sin duda las FARC están comprometidas, al menos por mantenerlos en condiciones de rehenes, exponerlos al riesgo y amenazarlos de manera permanente de tomar represalia mortal ante un intento de liberarlos o de liberarse. Sin embargo, la investigación de los hechos habrá de establecer si adicionalmente hubo responsabilidad guerrillera en la comisión de la masacre, o si la hubo compartida, o fue realizada por otro grupo irregular, que podría ser de paramilitares o de mercenarios contratados para el efecto, o si hubo participación de agentes estatales.

El presidente Uribe señaló de inmediato a las FARC como “los únicos responsables” y desde la presidencia se emprendió una campaña publicitaria con esta frase. Pero tal señalamiento resulta discutible, no por las responsabilidades que pueden tener las FARC, como lo referimos, sino porque no necesariamente son el único actor armado responsable y porque existen otras responsabilidades, ya no sólo en términos de la autoría directa del crimen sino de las circunstancias que lo pudieron posibilitar o facilitar. En tal sentido, cabe responsabilidad al mismo Gobierno Nacional y a instituciones del Estado, por no haber cumplido con la obligación constitucional de protección y garantía y por no haber propiciado una solución efectiva de tal emergencia humanitaria, valiéndose de los recursos disponibles y, como parte de ellos, implementando de manera oportuna el acuerdo humanitario.

La gravedad de lo sucedido exige discutir sobre las responsabilidades del caso. Es sensato y crítico el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal. Su presidente, Monseñor Luís Augusto Castro, a nombre de la Iglesia Católica, condenó lo ocurrido, exigió a las FARC la entrega de los cadáveres, se pronunció por la búsqueda de nuevos consensos hacia el acuerdo humanitario y aludió a la responsabilidad general, pues “todos pudimos hacer mucho más para que regresaran vivos”. Por tanto, existe responsabilidad política en distintos grupos de poder; en instituciones y sectores que debieron contribuir a la implementación oportuna de una solución que se anticipara a la tragedia. ¿Acaso no cabe la crítica a la inoperancia, por decisión del Gobierno, del Consejo Nacional de Paz, siendo que la ley que lo rige10 establece en sus funciones la colaboración para tratar problemáticas humanitarias? Recordemos que de él hacen parte, entre otros, el Presidente, el Alto Comisionado para la Paz, el Procurador y el Defensor del Pueblo. ¿Acaso no cabe también responsabilidad a los sectores políticos y sociales que fueron indolentes ante la situación? En consecuencia, resulta de gran valía, autoridad moral y validez, lo que al respecto han planteado las familiares y los familiares de las víctimas fatales y de los demás rehenes y secuestrados. Ellas y ellos han puesto de presente la crítica tanto a los autores responsables materiales de la masacre como a los demás corresponsables. Cuestionaron en persona al presidente, por no haber facilitado el logro del acuerdo humanitario, e hicieron mella en la conciencia ciudadana por una década de indiferencia de muchos y ausencia de solidaridad de las instituciones y sectores ante una problemática que siempre estuvo de bulto. Lastimosamente, frente a las críticas de las familias el presidente respondió de nuevo con desacierto que “el dolor no puede afectar el raciocinio”.

Las FARC deben entregar de forma inmediata los despojos mortales

No tiene justificación la demora en la entrega de los cadáveres de los once diputados asesinados y debe hacerse también la entrega de los despojos del capitán Guevara. Las FARC señalaron una fuerte presencia militar y paraestatal en la zona y pidieron distensionar los operativos militares para facilitar la entrega, pero se ignora el lugar y sus condiciones. El presidente Uribe, en reacción positiva, propuso el apoyo de un grupo internacional de expertos forenses que contribuya a esclarecer lo sucedido y habilitó de inmediato una comisión para facilitar el trámite de la entrega de los cadáveres.11 El Comité Internacional de la Cruz Roja – CICR se declaró dispuesto a brindar sus oficios humanitarios, el Gobierno declaró que apoyaba su gestión y las FARC, mediante una comunicación, aceptaron la actuación del CICR para la recepción de los cadáveres con el acompañamiento de una comisión en la que participen los tres países facilitadores y otros integrantes nacionales. Esto permite avanzar, pues no puede haber dilación, La guerrilla está obligada a cumplir con la disposición humanitaria que obliga a respetar los despojos mortales y por tanto a entregarlos en condiciones adecuadas. En primer término, los familiares deben recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Pero también contar con la posibilidad de realizar la investigación correspondiente.

Ni las FARC ni el Gobierno pueden pretender sacar de esta situación ninguna ventaja militar o política, pues el logro del propósito reside en la actuación humanitaria del CICR. A diferencia del acuerdo humanitario exigido, no se requiere de dispositivos para garantizar la seguridad de negociadores, ni diálogo entre las partes, ni hay de por medio cautivos en condiciones de riesgo, sino que se trata de facilitar el ingreso y el retorno de la misión humanitaria, que ya fue aceptada por las partes. Las reglas humanitarias exigen su protección, por lo cual no puede ser objeto de ataques ni de presiones y obstáculos en su actuación, ni se podrán adelantar operativos militares que pongan en riesgo su gestión. La actuación del CICR se guía por los principios de neutralidad, independencia e imparcialidad. A la vez, debe respetarse y apoyarse, en lo necesario, la labor de acompañamiento del eventual grupo de facilitación. Se trata del intermediario humanitario internacional más reconocido y que goza de un estatus de especial reconocimiento en los tratados humanitarios; sin embargo, no pueden con ingenuidad levantarse otras expectativas, puesto que su papel necesariamente es discreto, con el objeto de preservar la confianza de las partes. Para efectos del acuerdo humanitario, además de su concurso, se requiere de otros actores, otros apoyos y disposiciones logísticas, al igual que con la investigación de lo sucedido con los diputados.

Rechazo a expresiones de arbitrariedad y reconocimiento a las víctimas

Cuando el país empezó a reaccionar con indignación ante la revelación del terror y los crímenes sistemáticos cometidos durante más de dos décadas por el paramilitarismo, el asesinato de los diputados centró de nuevo la atención en el repudio al secuestro y a las violaciones cometidas por la guerrilla. Pero, por supuesto, el movimiento social no puede dividirse en una actitud parcializada, sino que le corresponde, desde una postura ética y política, rechazar de manera vertical al mismo tiempo los horrores procedentes de los paramilitares, de las guerrillas y de los agentes estatales. En días pasados, la columnista Claudia López cuestionó públicamente al presidente con respecto al porqué la justa exigencia a las FARC de devolver los cadáveres de los diputados no se complementaba con similar exigencia a los paramilitares para que revelaran el destino de los despojos de los miles de asesinados y el paradero de los miles de desaparecidos. También aún resulta un contrasentido que, en coincidencia con la contundente movilización ya comentada, haya sucedido otra masacre de campesinos en Viotá protagonizada por paramilitares, sobre la cual apenas hubo marginal referencia en algunos medios de comunicación.

En las actuales circunstancias, las víctimas son protagonistas de primer orden: se han erguido ante el país con dignidad; no merecen conmiseración, sino solidaridad; no pueden ser tratadas desde el poder con prepotencia ni desestimación. Se han organizado como voluntad colectiva y trascienden como sujeto político, dando a conocer las denuncias y exigiendo verdad, justicia, reparación y no repetición de los graves crímenes. No pueden ser divididas, puesto que su causa es integral y enseña que en el dolor y en la lucha se hermanan por igual las víctimas afectadas por las arbitrariedades estatales, paramilitares y guerrilleras.12 La revictimación nos deja, tras fatales atentados, las imborrables imágenes de Yolanda Izquierdo, Carmen Cecilia Romaña y Judith Vergara.13 Con la divisa del acuerdo humanitario sobresale también el liderazgo de Fabiola Perdomo, con especial carisma e inteligencia; Marleny Orjuela, con el ímpetu de sus incansables luchas; Ángela de Pérez, con su compromiso y agudeza política; Yolanda Pulecio y Clara de Rojas, símbolos de inmensa autoridad moral, y la valiente joven Carolina Charry, que fue capaz de encarar al país y señalar responsabilidades. Ellas, entre muchas otras, encarnan con autenticidad el valor, la claridad y la justeza de sus reclamos y demandas.

Pacto por la verdad, la justicia, el acuerdo humanitario y la paz

La posibilidad del acuerdo humanitario estriba en la presión política y social y en la movilización ciudadana. Al respaldo internacional se suma el ofrecimiento de siete congresistas norteamericanos para actuar como garantes. Administraciones seccionales, como las gobernaciones del Valle y de Antioquia, y locales, como la Alcaldía de Bogotá, han desarrollado gestiones y campañas de sensibilización y movilización. Los familiares de las víctimas no cesan sus demostraciones y la extensa caminata emprendida por el profesor Gustavo Moncayo, padre de uno de los militares retenidos, a la que se han sumado otros familiares de secuestrados, ha ganado especial solidaridad nacional. Los sondeos de opinión marcan márgenes mayoritarios de simpatía con el acuerdo humanitario e incluso significativos en relación con el llamado despeje, que alude a la desmilitarización requerida.

Pero características históricas adquirió la manifestación ciudadana realizada en muchas ciudades del país el pasado 5 de julio. Millones de personas expresaron su rechazo al secuestro, condenaron a las FARC por la muerte de los diputados y demandaron la paz. Sectores importantes encabezados por las víctimas exigieron también el logro del acuerdo humanitario. Las concentraciones, marchas, cadenas humanas, algarabías y otras diversas formas de expresión tuvieron un sentido cívico, colectivo, solidario y lograron gran repercusión. En su iniciativa, fueron determinantes los gobernadores Angelino Garzón y Aníbal Gaviria, y los alcaldes Lucho Garzón y Sergio Fajardo. El Gobierno Nacional se vinculó con el expreso propósito de convertir tal manifestación en una jornada de respaldo a su política y al llamado presidencial para proceder con mano fuerte y negar el despeje y cualquier posibilidad de entendimiento e interlocución con la insurgencia en torno al acuerdo humanitario. Por tal razón, a la vez que hubo con claridad algunos propósitos comunes, también se expresaron choques entre sectores frente a estos temas.

Esta demostración retomó la dimensión de las también históricas jornadas emprendidas por el movimiento ciudadano por la paz, que se expresó desde mediados de los noventa hasta los primeros años de la presente década. Ahora, puede articularse una dinámica más diversa, en la cual confluyan las vertientes de los movimientos de las víctimas, que se han gestado recientemente, con el acumulado tan importante de los movimientos indígenas, de mujeres y sindicales, el nuevo y fuerte movimiento estudiantil civilista, la dinámica de otros movimientos sociales, el de las organizaciones promotoras de la paz y defensoras de los derechos humanos y el de diversas vertientes religiosas. Además, existe una realidad política distinta, en la que sobresale la irrupción del Polo Democrático Alternativo e importantes corrientes del Partido Liberal y de otros sectores, comprometidos con éstas dinámicas.

A propósito de la situación, se abre paso la iniciativa de un amplio consenso nacional por la verdad, la justicia, la democracia y los acuerdos humanitarios. A su favor se han pronunciado diferentes mandatarios seccionales y locales; dirigentes de partidos y sectores políticos; la línea editorial del diario El Tiempo; la CUT y otras centrales obreras y organizaciones sociales. Las organizaciones de paz han propuesto que se considere la posibilidad de convocar, con ese objetivo, durante las elecciones territoriales de octubre, un nuevo voto simbólico a manera de plebiscito popular o de mandato ciudadano.

En consecuencia, las dinámicas políticas, sociales y ciudadanas deben guardar coherencia en sus demandas, para que la paz conlleve el rechazo a la guerra y a todas las expresiones de violencia; para que los derechos humanos salgan al paso de la arbitrariedad y la intolerancia y para que el derecho humanitario confronte la actuación de los actores armados que atenten contra las libertades, los derechos y la dignidad de la población civil.

 Noas

 

1 Regidos por el Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, Ley 5 de 1960.

 

2  Las personas civiles tomadas como rehenes, –a la luz del DIH-, o secuestrados, según la legislación penal colombiana.

 

 3 Preámbulo del Protocolo II, adicional a los Convenios de Ginebra, Ley 171 de 1994.

 

4 El Convenio III de Ginebra, Estatuto de Prisioneros de Guerra, hace referencia sólo a conflictos armados internacionales. La Sentencia C-225 de la Corte Constitucional de 1995 sustenta que, en correspondencia con el carácter de nuestro conflicto armado y en beneficio de propósitos humanitarios, pueden ser aplicadas las normas del DIH establecidas en el conjunto de los Convenios Humanitarios.

 

5 Diez puntos de orientación en la búsqueda de la libertad de las personas en poder de los grupos armados ilegales en el marco del conflicto armado interno en Colombia. OACNUDH, Bogotá, 18 de noviembre de 2004, en: Exigencias Humanitarias de la Población Civil, Fundación Cultura Democrática-Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz, Comisión de Conciliación Nacional y otros, página 355.

 

6 En tal sentido, cumplen con las condiciones de reconocimiento como sujetos de derecho internacional humanitario y les asisten las obligaciones internacionales. Artículo 1 del Protocolo II, antes referido.

 

 7 El término despeje no aparece en el lenguaje del derecho humanitario. El concepto de acuerdo especial sí está claramente referenciado y especificado en su aplicación en los artículos 3 y 6 común a los Convenios de Ginebra, los cuales conllevaron reiteradas referencias de organismos humanitarios internos e internacionales, incluso publicaciones de ellas que en las dos últimas décadas lo utilizan y lo asimilan a los acuerdos de contenido humanitario. La Cruz Roja Colombiana, desde los años noventa, difundió ampliamente un texto titulado Acuerdos Humanitarios, de Fabricio López Sacconi. Sin embargo, Obdulio Gaviria ha señalado recientemente en foros públicos que las FARC introdujeron este término, inspiradas en juristas internacionales que los apoyan, lo cual denota no sólo craso desconocimiento de la materia sino una temeraria acusación que implica riesgos a los entes humanitarios, organizaciones de derechos humanos, sociales e instituciones movilizadas en torno a este propósito.

 

8 Editorial del 3 de Julio de 2007.

 

9 La consigna nació de las familias de los diputados del Valle y fue retomada por la Campaña por los Acuerdos y Compromisos Humanitarios emprendida desde hace varios años por la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz y por otras organizaciones.

 

10 Ley 434 de 1997.

 

11 De ella hacen parte Angelino Garzón, gobernador del Valle, Vólmar Pérez, defensor del pueblo y la Iglesia Católica. Fueron invitados a colaborar el CICR y la OEA.

 

12 Si bien las víctimas de los rehenes y secuestrados por varios años han estado realizando un movimiento de exigencia del acuerdo humanitario, la posición asumida por María Matilde Londoño ante la muerte de su esposo, el empresario José Diego Mejía, que respaldó el infructuoso operativo militar de rescate, merece respeto y consideración. Por tanto, más allá de ello, nadie debe buscar dividendos políticos ni maniobras que menoscaben las expresiones autónomas y las opciones que ellas definan. 13 Mientras lideraban reclamaciones de colectivos de víctimas en entornos comunitarios, donde se destacaron por una positiva labor, fueron asesinadas Yolanda Izquierdo en Montería, Carmen Cecilia Romaña en Apartadó y Judith Vergara en Medellín, Los crímenes fueron atribuidos a los paramilitares.

 

Álvaro Villarraga Sarmiento

Presidente de la Fundación Cultura Democrática

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Viva la Ciudadanía

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