Al confirmarse que el TLC escribiría en piedra el trascendental concepto de que el agua envasada, por cosas del “libre comercio”, es considerada como una “mercancía” cualquiera, a la que no se le pueden imponer medidas arancelarias de exportación que pudieren ser consideradas como “discriminatorias” por las empresas interesadas en ese negocio, se ha llegado al punto en que habrá que decidir entre garantizar el “derecho humano” inherente a su abastecimiento, y el lucro irracional que algunos defienden en aras de la “globalización”. Con el falaz argumento de que “ningún país restringe su exportación”, cual si Costa Rica no debería entonces romper ese “dogma” tan defendido por el Banco Mundial (según se evidenciara en el reciente foro sobre el agua realizado en México), califican de “charlatanes” a los que abogamos por la aplicación de un principio de racionalidad que garantice el libre acceso para toda la población costarricense, independientemente de su capacidad de pago. Como factor de “ayuda” al ministro Dobles (en su presentación ante la comisión legislativa que tramita el TLC) la diputada Maureen Ballestero, después de afirmar que “hay más de un charlatán” cuestionando el capítulo ambiental, sale con el cuento de que “la normativa internacional define el agua… como bien económico”. Y agrega: “… a nivel de la OMC se establece… que el agua es un producto que se comercia entre 150 países, pero el comercio de eso va a depender de nosotros, siempre y cuando lo hagamos de forma no discriminatoria”. De esta manera, la diputada que por tanto tiempo estuviera vinculada al privatizador Banco Mundial por medio de la GWP (Asociación Mundial del Agua) pareciera (aunque siempre confusa) expresar que con el TLC vigente nuestra Costa Rica podría imponer restricciones a la exportación de nuestra agua, “siempre y cuando lo hagamos de forma no discriminatoria”. Y es ahí precisamente donde está la trampa: en lo que el TLC permite calificar como “discriminatorio” en asuntos de comercio. Para los adláteres del mal llamado “libre comercio”, “trato discriminatorio”, muy lejos del que sufren las mujeres y grupos minoritarios diversos, se refiere (¡préstese atención!) a que ha de concederse a todos la condición de “nación más favorecida” y el “trato nacional”, por lo que las regulaciones, normas y tarifas relacionadas con la venta, distribución y uso del agua no puede discriminar en contra de comerciantes extranjeros (art. 3.2 del TLC), estimulándose así a las voraces compañías transnacionales a desarrollar el comercio internacional del agua con plena libertad para exportarla. Y aún hay más: en el TLC, según el concepto de “acceso de mercado”, referido a la reducción y eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, se prohíbe el aumento de tarifas y el establecimiento de nuevas. Así, a las empresas exportadoras no se les podría “obstaculizar” la extracción y exportación del agua, independientemente de los efectos que ello pudiere tener sobre el ambiente y, más importante, sobre el abastecimiento del pueblo. Por otro lado, es tan falso el argumento de que ningún país pone restricciones a su libre comercio, que invitamos a seguir el amplio debate que se ha desarrollado en Canadá al respecto, pese a que cuenta con una quinta parte de las reservas mundiales de agua. Y si los sedientos Estados Unidos efectivamente no ponen restricciones arancelarias a su importación (agrega la diputada Ballestero) es tan obvia la razón que no hace falta ahondar al respecto. En fin, el problema fundamental es independiente de la cantidad o calidad del agua embotellada que se vende en el mercado doméstico. La cuestión tiene que ver más bien con lo que sucedería con el tratado perpetuo que se nos quiere imponer, donde Costa Rica enfrentaría eventuales demandas millonarias si, en caso de que contáramos con gobernantes patriotas, algún día se necesitara, por ejemplo, imponer una prohibición a su exportación para garantizarle el vital líquido a todos los habitantes del país. - Freddy Pacheco es catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica.