El presidente Torrijos remeció su consejo de gabinete y nombró cinco nuevos ministros. El mandatario descabezó al llamado gabinete social despidiendo a los ministros de Salud, Educación y Trabajo. Al mismo tiempo, se deshizo de sus ministros de la Presidencia y de Gobierno y Justicia, baluartes políticos de su gestión. El sector económico de su equipo pasó sin rasguño.

Los observadores concluyeron que Torrijos continuará aplicando recetas neoliberales en el sector económico (transfiriendo riquezas de los sectores más pobres hacia los más ricos). Los nuevos ministros del sector social tendrán la tarea de crear fórmulas más eficaces para neutralizar a los actores sociales que se oponen a las políticas neoliberales.

Los nuevos ministros del sector político tendrán que prepararse para enfrentar la creciente resistencia de los sectores populares que se opondrán a las políticas de más privatizaciones, desregulaciones y flexibilización laboral. El nuevo ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Delgado D., es un abogado, fue militar de carrera en las Fuerzas de Defensa. Se incorpora al gabinete para darle al equipo de gobierno la apariencia de dureza y firmeza.

El gobierno tendrá que recurrir a todos los métodos de contención y represión si continúa atacando la integridad de las organizaciones obreras. Más aún si su política de reducir los servicios de salud y de educación a la población se mantiene incólume. A pesar de que la mitad de la población vive en la pobreza y otro porcentaje igual de trabajadores solo encuentra empleo en el sector informal, el gobierno parece decidido a continuar con sus políticas neoliberales.

El nuevo ministro Delgado tendrá sus manos ocupadas tratando de controlar las protestas y reprimiendo a las organizaciones populares.

Para empeorar la situación, la semana pasada la organización Panama Oilwatch denunció que la Asamblea de Diputados estudia un anteproyecto sobre la concesión de los recursos hídricos del país. En otras palabras, Torrijos pretendería resucitar el proyecto de privatización del agua que presentó el ex presidente Pérez Balladares hace diez años.

El proyecto de privatización del agua puede explicar la renuncia del director del IDAAN, Juan J. Amado. Según un periódico de la localidad, "los diputados han señalado que, con ese marco legal, tratan de promover el aprovechamiento integrado de los recursos hídricos". La Comisión de Ambiente de la Asamblea trabaja en "el marco para la gestión integral de los recursos hídricos de Panamá". Según Yakarta Ríos, de la organización Consumo Ético, el proyecto busca privatizar las fuentes de agua como ríos, lagos y quebradas. Pretende "otorgar en concesión las fuentes de agua por espacio de hasta 50 años a la empresa internacional que brinde la mejor oferta. Las trasnacionales se adueñarán del vital líquido panameño". Ríos dijo que el proyecto convertirá el agua en una mercancía. La propuesta legislativa responde a la lógica del Tratado/Acuerdo de Libre Comercio con EEUU. El gobierno norteamericano quiere imponerle a Panamá la privatización del agua, como ha hecho en otros países de la región.

La crisis de gabinete introduce cinco nombres nuevos al consejo de gabinete. Sin embargo, el gobierno está decidido a continuar con su misma política neoliberal, que hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Los cambios buscan darle más eficiencia a un gobierno cuyas políticas han confrontado y creado conflictos con los sectores populares de Panamá.


- Marco A. Gandásegui, hijo es profesor de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA