Hace poco, Alan García dijo que los recursos naturales son de toda la Nación y su explotación en Majaz no podrá ser impedida por pequeños grupos de pobladores, comunistas, curas rojos y "verdes" financiados por el extranjero. Pero los recursos naturales no son de la nación, sino de las empresas mineras, cuando se plantea que deben pagar un impuesto a las sobreganancias debido al enorme aumento de los precios internacionales de los minerales.

Si el cobre, el oro y el zinc son de la Nación, entonces a la Nación le asiste el derecho de percibir un ingreso adicional por su explotación. Pero no, en este caso "se respetan los convenios de estabilidad tributaria" y se acepta un bajísimo óbolo, malbaratando así el valor que el Estado debe percibir por sus recursos naturales.

De otro lado, los avances en la legislación internacional sobre minería han determinado que la participación y consulta de las poblaciones en las zonas mineras, es decir, la llamada "licencia social", son indispensables para la estabilidad de largo plazo de las inversiones.

Eso no sucede en Majaz, pues, como dice la Defensoría del Pueblo, existe una violación "de los derechos de los comuneros a la propiedad, a la manera que quieren usar su propiedad y a su derecho a su participación informada en las decisiones sobre sus opciones de desarrollo". Sin gobernabilidad, la conflictividad será permanente.

Y la cosa empeora cuando se insulta a aquellos que tienen una posición distinta a la oficial pues, de un lado, se exhibe autoritarismo y, de otro, se garantiza la inestabilidad, cuando se quiere impedir que se pronuncien libremente en consulta popular.

Tampoco se ha avanzado en crear una autoridad ambiental autónoma. Actualmente, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) tiene dos funciones contradictorias: debe promover la inversión minera y, también, es el ente que aprueba los estudios de impacto ambiental. En casi todos los casos, se inclina por la primera. Agreguemos una tercera: el MEM define los términos de la participación ciudadana. Increíble.

No son así las cosas en los países vecinos, pues en Ecuador existe el Ministerio del Ambiente; en Bolivia, el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente; en Colombia, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

En Chile, en marzo, el gobierno creó el Ministerio del Ambiente. Dijo Michelle Bachelet: "es un paso que contribuirá decisivamente al desarrollo, la productividad y el crecimiento de nuestro país, en este convencimiento de que la economía y el desarrollo no tienen por qué entrar en pugna con el cuidado del medio ambiente".

Ese es el quid de la cuestión y lo que se debería también hacer aquí. Así, por ejemplo, en la minería, la autoridad sectorial (el Ministerio) debería coordinar todos los aspectos relacionados con el medio ambiente con el ministerio del ramo y, en el caso de Áreas Naturales Protegidas, es ese Ministerio el que tiene la última palabra.

Pero en el Perú el INRENA no tiene esa categoría ni esas facultades y es constantemente "bypasseado", no solo en la actividad minera y petrolera, sino también en materia agrícola y forestal, entre otras. En un país como el Perú, rico en recursos naturales, biodiversidad y paisajes, debería existir una política consistente con el desarrollo de esos atributos (que, además, proveen importantes cantidades de divisas y son fuentes generadoras de empleo), como lo hace Costa Rica.

Lo que está pasando en Majaz demuestra cabalmente que el actual modelo de exploración y explotación minera ha caducado y que es hora de analizar y proponer alternativas que nos pongan al día con los avances que se dan a nivel mundial. El problema no está en los izquierdistas y curas rojos. Está en comprender que en este mundo globalizado, el respeto al medio ambiente y al derecho de las personas y comunidades es un tema prioritario en la agenda de los gobiernos responsables.

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