Justicia pinochetista volverá a ensuciarse en el Perú

Negarán extradición de Fujimori

10/09/2007
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En el máximo tribunal chileno hay jueces conocidos por haber acosado sexualmente a mujeres, durante años, con total impunidad. Según el valiente juez Juan Guzmán, el único que se atrevió a procesar a Pinochet, en la Suprema chilena existen jueces que en alguna etapa de sus carreras “bailaban desnudos sobre las mesas de los prostíbulos” y también “magistrados coimeros vinculados con los abogados más importantes del período de Pinochet".

 La justicia chilena, de conocida tendencia derechista, absolverá al dictador Fujimori de la misma manera que anteriormente absolvió al dictador Pinochet.
 
Nuestro país sufrirá así un nuevo vejamen por obra de la magistratura pinochetista, la cual habría decidido no aprobar la extradición del dictador Fujimori.
 
Oficialmente, la Segunda Sala de la Corte Suprema chilena informó que el lunes 10 de septiembre adoptó un fallo sobre la extradición del súbdito nipón. La Sala está presidida por Alberto Chaigneau y es conformada por los jueces Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez Espoz, Rubén Ballesteros y Hugo Dolmestch. Luego de gozar de una extraña licencia médica, Chaigneau se reintegró a la Segunda Sala y tiene ahora la responsabilidad de redactar la resolución del tribunal.

Los indicios que hacen suponer que la Suprema chilena negará la extradición del tirano japonés son cuatro. En primer lugar, es conocida la orientación política derechista de las instancias estratégicas del Poder Judicial chileno, sesgo ideológico afín con los intereses políticos y económicos representados por Fujimori. (Recuérdese que la conservadora justicia chilena, a pesar de los esfuerzo del juez Guzmán, jamás condenó al dictador Augusto Pinochet Ugarte por sus crímenes contra los derechos humanos y por delitos de corrupción.)

El segundo indicio es la reciente intervención del ministro Secretario General de la Presidencia de Chile, don José Antonio Viera-Gallo, quien intuyó la negativa de la Corte Suprema de entregar a Fujimori, cuando pronosticó que si no se aprueba la extradición se abrirá un "enorme debate jurídico" sobre la posibilidad de iniciar en Chile un proceso contra el japonés. En pocas palabras, el Poder Ejecutivo le hizo saber al Poder Judicial que su decisión contraria al Perú generaría graves e innecesarios problemas políticos internos e internacionales al gobierno de Michelle Bachelet.
 
El tercer indicio de la decisión contraria al Perú es la respuesta del vocero de la Corte Suprema, don Urbano Marín, a las palabras del Secretario General de la Presidencia chilena. Preguntado sobre si las declaraciones de Viera-Gallo implicaban una presión sobre el Poder Judicial, en contestación un tanto subida de tono, el buen Urbano respondió que "a la Corte Suprema no la presiona nadie". Quizás Marín debió haber aclarado que la magistratura chilena, de orientación pinochetista, no acepta ninguna influencia no derechista…
 
Finalmente, llama la atención el tiempo que está tomando el presidente de la Segunda Sala para “redactar” el fallo de la Corte Suprema. En verdad, el fallo fue adoptado tiempo atrás, en forma reservada. Para redactar la decisión, Alberto Chaigneau pidió una oportuna licencia médica al igual que hiciera meses atrás el juez Orlando Álvarez que falló en contra del Perú. Como se trata de negar la extradición del asiático, Chaigneau tuvo que exigirse al máximo para justificar la decisión que protege a Fujimori.

Por otro lado, debe recordarse que si la extradición hubiera sido aprobada, no hubiera sido necesario que Chaigneau hubiese solicitado licencia médica para escribir el fallo, el mismo que estaría sustentado en los argumentos expuestos por el Perú.

 La decisión de la justicia del país del sur, si bien decepcionante, no es sorprendente. Negar la extradición de Fujimori era una posibilidad que examinamos en este blog el 12 de junio de 2007 (http://cavb.blogspot.com/2007/06/adivina-quien-viene-cenar-al-per.html )
 
Transcribimos lo que escribimos en esa oportunidad:
 
"Acostumbraba decir Haya de la Torre, acusando visible herencia marxista, que quien gobierna la economía, gobierna la política. Aplicadas al caso de Fujimori, las palabras de Víctor Raúl deberían reescribirse de la siguiente manera: Quien gobierna la economía gobierna la política, y quien gobierna la política gobierna las decisiones del poder judicial.
 

La sentencia de Haya permite evaluar la posibilidad de aplicar “justicia” en el caso del dictador japonés. Al presente, gobierna el Perú la misma alianza de intereses económicos y sociales que coaguló bajo Fujimori. Claro está, el directorio político es diferente y hoy tenemos una junta directiva presidida por García Pérez. Sin embargo, el capital internacional y la plutocracia doméstica siguen rigiendo la economía peruana, continúan manipulando la política del país, y por ello no les es difícil digitar las grandes decisiones judiciales. Es el poder efectivo de esa alianza de clases que permite pensar que Fujimori no tiene nada que temer. Puede venir a cenar al Perú. La alianza de clases que resurgió en nuestro país durante su administración lo protegerá de eventualidades. Ya el felón García Pérez lo ha dicho. No permitirá que el maltratado dictador “sea objeto de un circo”.

 Y es que debe tenerse presente que Fujimori fue sólo un testaferro de los intereses del capital internacional y de la plutocracia doméstica en la aplicación al Perú del modelo neoliberal. El régimen fujimorista fue la fachada externa del neoliberalismo económico y del consecuente autoritarismo de derecha, implementados en un país subdesarrollado y caracterizado por un elevado grado de conflicto social.
 
No es el caso que Fujimori haya diseñado el modelo de explotación o que haya definido la estrategia de largo plazo del neoliberalismo en el Perú. Dicha tarea intelectual es impensable en su caso. Sería atribuir demasiado a un elemento cuyas visibles limitaciones de raciocinio hacen recordar a Chancey Gardener, el personaje central de la película Desde el jardín (Being There), rol magistralmente interpretado por el finado Peter Sellers. Atribuir a Fujimori la paternidad del neoliberalismo en Perú sería pensar que el nipón goza de características de estadista de derecha que definitivamente no lo adornan. La adopción del modelo fue una decisión más del Fondo Monetario Internacional, llevada a efecto por solícitos economic hitmen nativos, como es el caso del clérigo neoliberal Carlos Boloña.
 
Si bien Fujimori no procreó el modelo, las acciones de su gobierno al poner en marcha el neoliberalismo tuvieron beneficiarios explícitos. El primero de ellos fue el capital internacional, es decir los grandes bancos transnacionales y las instituciones financieras acreedoras de nuestro país, que obtuvieron el pago de sus acreencias, infladas gracias a la bondad de los funcionarios de la dictadura. Por supuesto, entre los convidados a este banquete estuvieron agencias japonesas que obtuvieron generosos reembolsos de deuda, acordados por el régimen presidido por su connacional.
 
Y es que Fujimori siempre supo que él era japonés y que una de sus misiones mientras presidiera el gobierno del Perú sería la de servir los intereses japoneses. De ahí que en situaciones de riesgo para su administración, Fujimori corriera a refugiarse a la embajada nipona y, de igual manera, al escapar del Perú, fuera a establecerse en Japón, estancia en la que las empresas del Sol Naciente beneficiadas por el dictador pudieron reciprocar, aunque sea en forma mínima, los favores concedidos.
 
El capital subimperialista chileno fue otro de los grandes beneficiarios de la dictadura fujimorista y, dicho sea de paso, de la ineptitud de los antiguos dueños del Perú para competir contra él. El capital chileno pudo colocarse en distintos ámbitos de la economía peruana, protegido por el régimen del nipón. Por ello, no fue de extrañar que Fujimori hubiera elegido a Chile como sede de su aventura judicial. El capitalismo chileno haría sentir su influencia determinante en Chile, de la misma manera que lo hace el gran capitalismo japonés en Japón.
 

Por supuesto, la explicación oficial del dictador sobre su presencia en el país del sur fue que el Estado de Chile cuenta con una maquinaria de administración de justicia equilibrada y eficiente, distinta a la peruana. Discúlpenme por la palabra pero tal argumento es una bobada. Es un lugar común de la mayor vulgaridad. Demuestra desconocimiento de la realidad de Chile. Recordemos que la justicia del Estado Chileno, con distintos pretextos, fue incapaz de condenar a Augusto Pinochet por sus crímenes de lesa humanidad. No olvidemos que el dictador murió sin haber pasado siquiera un día de su existencia en una cárcel por las desapariciones y asesinatos de miles de chilenos partidarios del régimen democrático de Salvador Allende.

 En igual forma, la justicia del Estado Chileno fue incapaz de castigar a la inmensa mayoría de responsables de los crímenes políticos cometidos durante la administración de Pinochet. Baste con recordar aquí el nombre del cantante Víctor Jara, torturado y asesinado en el Estadio Nacional de Santiago, crimen cuyo autor goza de impunidad hasta el día de hoy. A los que quieran defender la equidad de la justicia del Estado de Chile, les sugiero conversar con Joan Jara, la viuda de Víctor Jara, quien les referirá la manera cómo opera la justicia sureña en casos políticos.
 
Por lo expuesto en estos antecedentes, no reconocemos la supuesta imparcialidad y eficiencia de la justicia chilena. Chile es un país gobernado desde 1973 y hasta la actualidad, por intereses capitalistas específicos, básicamente los mismos a los cuales sirvió Fujimori mientras fue presidente. Tales también los ángeles de la guarda de Fujimori en su actual estancia en Santiago.
 
César Vásquez
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