¿A quién representa el presidente García? ¿Al Estado que debe imponer las leyes y convenios internacionales o a la Sociedad Nacional de Minería y la transnacional china Zujin? Su desaforada conducta ante la convocatoria municipal a una consulta vecinal en Ayavaca, Piura –masivamente realizada ayer a pesar de las amenazas– para que la gente opine sobre el desarrollo de actividades mineras en Majaz, nos hace preguntárnoslo. García abundó en agravios, calificativos contradictorios y amenazas a los promotores de la consulta. Eran tanto comunistas como agentes de empresas mineras en el exterior que no quieren competencia del cobre peruano; eran tanto "pobres e ignorantes" como ONG "anti-inversión". Presentó una suerte de sancochado, como su alianza política: el "cambio responsable" junto al fujimorismo y la derecha más extrema.

El Jurado Nacional de Elecciones –presionado– llegó a prohibir la consulta y al ridículo de querer incautar las cédulas. La ONPE, invitada, se negó a intervenir. Movilizaron soldados y alinearon a gran parte de la prensa, para calumniar y meter miedo. Sólo la Defensora del Pueblo opinó por la legalidad de la consulta vecinal, pero no se hizo presente. Fueron Conveagro, diversas delegaciones municipales, organizaciones religiosas, gremiales y observadores internacionales. Y –automarginado el Estado central– la participación fue masiva frente a la insostenible denuncia de una falsa ilegalidad.

Pero tanto las leyes 24656 y 26505, como convenios internacionales vigentes –más genéricamente– establecen que el desarrollo de actividades mineras, de hidrocarburos, u otras actividades extractivas en tierras comunales, requieren de licencia social, otorgada por 2/3 de la Asamblea General de la comunidad propietaria de las tierras. ¿Lo hicieron cumplir Toledo o García? No, no lo ha cumplido Majaz/Monterrico Metals en los territorios de las comunidades campesinas de Segunda y Cajas y Yanta (Huancabamba y Ayavaca) según la Defensoría del Pueblo y la Oficina de Registros Públicos de Sullana. Eso se planteó en numerosas reuniones con los ministerios del Interior y de Energía y Minas en los pasados tres años, inútilmente.

El medio ambiente es también asunto y competencia municipal según los artículos IX y X del título preliminar, los numerales 4 y 7 del artículo 9° y de los artículos 73°, 79° y 86° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 27972. La Ley de Medio Ambiente, establece la intangibilidad de los ecosistemas frágiles (artículos 98 y 99 de la Ley 28611), de alta montaña y de los bosques de neblina, dándole expresas competencias a los municipios, y el Artículo III del Título Preliminar dice: "toda persona tiene el derecho a participar responsablemente en los procesos de toma de decisiones, así como en la definición y aplicación de las políticas y medidas relativas al ambiente y sus componentes, que se adopten en cada uno de los niveles de gobierno". Y el 48.1: "Las autoridades públicas establecen mecanismos formales para facilitar la efectiva participación ciudadana en la gestión ambiental y promueven su desarrollo y uso por las personas naturales o jurídicas relacionadas, interesadas o involucradas con un proceso particular de toma de decisiones en materia ambiental o en su ejecución, seguimiento y control; asimismo promueven, de acuerdo a sus posibilidades, la generación de capacidades en las organizaciones dedicadas a la defensa y protección del ambiente y los recursos naturales, así como alentar su participación en la gestión ambiental".

Esta es una zona –según estudios británicos y la Universidad de Texas, EEUU– que se vería gravemente afectada por el movimiento de millones de toneladas de tierra para imponer una mina de tajo abierto. Se afectarían los bosques de neblina y humedales que dan nacimiento a las cuencas de los ríos Chira, Piura y Huancabamba, en la Región Piura; y del río Chinchipe en la Región Cajamarca.

¿Es ilegal la consulta vecinal efectuada? No. ¿Tenía la gente derecho a emitir opinión? Sí, por la Constitución y legalmente. ¿Es atribución municipal y hasta obligación gubernamental consultarles sobre el uso del territorio y actividades que afectan el medioambiente y el agro que los sustenta? Sí. ¿Entonces?

Pues hay quienes no gustan de que la gente opine. Quieren vender anticuchos –o minerales– frente a tu casa o en tu patio, sin siquiera pedir permiso ni asegurar tus derechos. En reciente evento minero en Arequipa, José Miguel Morales (ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo) se opuso a cualquier pretensión de ordenar el territorio e identificar zonas ecológicas donde no deben realizarse actividades mineras, como ya lo evalúa una comisión del Consejo Nacional del Ambiente. Quieren minería donde sea, como sea y cuando sea. Y García, ¿por qué atropella las leyes que debe aplicar? ¿Será otro Leguía, con aquello de "a mis amigos todo, a mis enemigos la ley"?