A pesar de los resultados que dan el triunfo a los promotores del SI al Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA), el movimiento por el NO ha sido un ejemplo de civismo y democracia para todo el mundo.

Por primera vez, un pueblo se informó, se organizó y votó sobre su política comercial. Frente el poder del dinero, frente las amenazas del gobierno de los Estados Unidos, frente a los recursos y plataformas públicos vertidos al uso de la campaña del SI, y frente a un cúmulo importante de violaciones a las reglas del juego—aún así, casi la mitad de los votantes en el referéndum sobre la ratificación del CAFTA votaron en contra. Y consideran que ésta es sólo una batalla en una larga guerra para conservar los logros sociales que distinguen a su querido país.

Aunque en un principio se encontraron con un amplio margen a favor del acuerdo y un gran desconocimiento de sus términos e impactos, las organizaciones sociales que conforman el NO levantaron un movimiento popular basado en la educación popular, ciudadano/a a ciudadano/a, y una fuerte campaña en defensa del estado de bienestar social. Con escasos recursos comparado a la campaña del SI, que contaba con más de 10 veces el financiamiento y mucho mayor acceso al poder y a los medios, fueron aumentando el apoyo al NO hasta llegar a encuestas que les dieron la ventaja días antes de las votaciones. Mayor información entre la población costarricense llevó a mayor desacuerdo con las cláusulas del tratado.

El Gobierno de Bush mete mano en el proceso

Asustado por la clara ventaja del NO en las encuestas, en los días antes del referendo la Representante de Comercio de EEUU, Susan Schwab, emitió declaraciones amenazando a los costarricenses con quitar las preferencias comerciales bajo la Iniciativa de la Cuenca Caribeña y rechazando la posibilidad de renegociar un acuerdo más equitativo si ganara el no.

Schwab dijo que no existían antecedentes para que \'un país que haya rechazado un acuerdo recíproco tenga acceso a preferencias unilaterales.\' En realidad, tanto Bolivia y Ecuador se retiraron de las negociaciones hacia un Tratado de Libre Comercio entre la región andina y EEUU, por considerarlo contrario a los intereses de sus respetivos países y pueblos. Aún así recibieron preferencias bajo el APTDEA—sistema de preferencias andinas vinculadas a la lucha anti drogas—sólo meses después, cuando el Congreso aprobó y el ejecutivo firmó la extensión y ampliación de APTDEA.

En todo caso, no es el ejecutivo sino el Congreso quien tiene la autoridad para ordenar y reglamentar el comercio, y en un documento llamado "Una nueva política comercial para América (sic)", la cúpula del partido se pronunció a favor de promover acuerdos comerciales por fuera de los TLC.

Los medios de comunicación en Costa Rica promovieron las declaraciones del gobierno de Bush, callando las respuestas de los demócratas para asegurar que no habrá represalias a un voto de NO, y a pesar del veto publicitario dictado por ley sobre cualquier forma de propaganda en los últimos días antes del referéndum. Esto, la compra de votos, la falta de credenciales en zonas del NO y otras irregularidades son las que la oposición al tratado ahora reclama a las autoridades electorales, que han quedado mudas ante las evidencias de violaciones a las normas.

La importancia geopolítica del voto sobre el CAFTA en Costa Rica para el gobierno de los Estados Unidos y sus empresarios fue constatado por la prensa, que lo proclamó una victoria para la política comercial de Bush y una derrota a Hugo Chávez. En efecto, se trataba de la confrontación de dos modelos, pero mientras uno (el TLC) tiene su origen y diseño indiscutiblemente en Washington, el otro, sin lugar de dudas, fue construido por años de conquistas sociales en el seno de la misma sociedad costarricense. El intento de involucrar a actores externos para deslegitimizar a movimientos internos no es nada nuevo. Fue el pretexto para la guerras sucias apoyada por EEUU que fueron devastadoras para los países centroamericanos vecinos de Costa Rica.

Ejemplo de bienestar social

Costa Rica tiene un modelo de bienestar social que es envidiable en una región plagada por la pobreza y la violencia. Es precisamente este modelo el que los oponentes buscaron conservar en el referendo del 7 de octubre, porque CAFTA lo cambia estructural e irrevocablemente.

Las estadísticas muestran que el modelo ha funcionado bastante bien para asegurar la paz y elevar el nivel de vida en las últimas décadas. Mientras otras naciones centroamericanas gastaron recursos públicos y vidas humanas en guerras civiles y defensa contra la intervención extranjera, Costa Rica pudo abolir el ejército e invertir en programas sociales para garantizar las necesidades básicas de la población. Después, cuando los otros países se lanzaron a formar zonas francas, privatizar industrias y servicios en manos del Estado y liberalizar el comercio, Costa Rica mantuvo el control de servicios públicos estratégicos.

Los resultados son impresionantes. En el periodo de integración económica acelerado entre 1990 y 2003, los otros cuatro países centroamericanos vieron un incremento en la desnutrición de 17% a 20% de la población, sumando 2.4 millones de personas a la lista negra de los que viven con hambre.1 En Costa Rica, en cambio, solo el 6% de los niños con menos de 5 años sufren de desnutrición crónica, comparado con 19% in El Salvador, 20% en Nicaragua, 29% en Honduras y un trágico 49% en Guatemala.

Costa Rica está arriba en casi todos los índices sociales de desarrollo humano para la región. Veamos el recuadro—alfabetización, alimentación, seguridad alimentaria, ingresos per cápita—todos muestran resultados mucho más favorables para Costa Rica.

Sin lugar de duda, existen muchos factores que explican la brecha entre Costa Rica y sus vecinos, y la sociedad costarricense tiene retos de inigualdad y pobreza, pero todo indica que el país ha hecho algo bien en los últimos años.

1. Fuente: Food and Agriculture Organization (FAO) 2007
   
   Lo que viene
   
   En el fondo, la disyuntiva es entre si uno cree que el mercado internacional y el sector privado son capaces de repartir el uso, distribución y acceso a los recursos, ó que el estado debería tener un papel más activo. El modelo de Costa Rica se basa el un papel activo del Estado, con relativamente buenos resultados. CAFTA lleva a la privatización de servicios estratégicos y la incapacidad del Estado para asegurar acceso universal. Apertura incondicional al mercado nacional constituye una amenaza a los pequeños productores agrícolas, y la homogenización de normas y reglas le quita al estado nacional una herramienta importante. Los cambios serán muy difíciles de revertir.
   
   Si CAFTA es finalmente ratificado por el Congreso costarricense, la pelea no termina aquí. Tampoco terminan los cambios requeridos de Costa Rica para el acuerdo comercial.
   
   El siguiente paso es aprobar la agenda legislativa de 13 reformas requeridas para la implementación de CAFTA. Estas modificaciones van mucho más allá de "implementar" el tratado de comercio y en efecto obligan cambios estructurales en la economía costarricense para garantizar una orientación hacia la exportación la inversión extranjera la apertura a las trasnacionales.
   
   El representante de comercio de EEUU exige mucho de sus nuevos o potenciales socios comerciales. Guatemala tuvo que cambiar sus leyes de propiedad intelectual no solo una vez, sino en varias ocasiones, hasta que su vecino del norte quedó satisfecho.
   
   En la República Dominicana, el gobierno tuvo que encontrar una manera de compensar por los aproximadamente US$823 millones que perdiera por levantar el cobro de aranceles en importaciones de EEUU: La respuesta fue imponer un impuesto sobre el consumo de gasolina y alimentos. Millones de dólares que anteriormente fueron pagados por las empresas más ricas del mundo ahora las pagan los ciudadanos dominicanos, inclusive las familias más pobres. La carestía ha llevado a una huelga nacional en octubre—la segunda protesta de este año. La legislación de implementación acota la soberanía nacional igual que el tratado.
   
   CAFTA implica cambios radicales a la economía, sociedad y estructura política de Costa Rica. Una mirada a los resultados del modelo en otros países en vías de desarrollo muestra que es un modelo que presenta graves amenazas a los sectores más vulnerables y el nivel de vida de la mayoría de la población. Las ganancias son pocas, ya que las exportaciones mas importantes de Costa Rica están ya libres de aranceles bajo otros convenios comerciales.
   
   Dejando de lado el triunfalismo de los defensores del neoliberalismo el referéndum en Costa Rica no refrendó ni legitimó la política comercial de George W. Bush. La mitad de los votantes se pronunciaron en contra de este modelo, muchos con convicciones profundas. Como ocurrió con las elecciones presidenciales en México, el resultado dejó una sociedad polarizada.
   
   Esta fisura se da, sin duda, por líneas de clase. El famoso memorando advirtió a los promotores del SI, unas semanas antes del referendo, de que "la campaña sobre el TLC se está convirtiendo en lo que nunca debimos haber dejado que se convirtiera: una lucha entre ricos y pobres." El problema es que ésta es una lucha entre ricos y pobres, con excepción de la poca gente pobre que votó a favor—muchos de ellos cooptados por el miedo de consecuencias inventadas o la compra del voto—y ricos que votaron por encima de intereses personales por el bien del país. En general, fueron los y las sindicalizados, pequeños productores agrícolas, y estudiantes, juntos con otros sectores, los que se unieron en la campaña del NO. Ven su futuro nublado por la amenaza de vivir en un país entregado a los intereses de los patrones y los políticos ligados a ellos.
   
   Sí, la sociedad costarricense está dividida. Y qué bueno—siempre y cuando, las divisiones se expresen en formas democráticas y pacíficas, como es el caso ejemplar de Costa Rica.
   
   Está dividida porque la unidad conformada por la voz de los pocos y el silencio de los muchos no vale; porque el consenso construido sobre la ignorancia no vale. La política económica enarbolada en los TLC no es un instrumento más en la caja de políticas públicas de una nación. Es una camisa de fuerza que amarra todas las políticas públicas—las sociales, de desarrollo, de bienestar—al mercado internacional, donde los actores fuertes son empresas transnacionales para quienes el bienestar de los y las costarricenses no es un factor que pese en sus cálculos ni estrategias.
   
   Costa Rica ha dado un ejemplo al mundo. Ojalá que los países que piensan entrar en este tipo de Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos vean en el ejemplo de Costa Rica la oportunidad de abrir el debate en sus sociedades y abrir espacios para que el pueblo aprenda y opine en torno al rumbo de la nación. El Perú, Panamá, y Colombia deberían aprender la lección de que un pueblo informado se vuelve cada vez más inconforme con estos tratados, y es importante para la democracia permitir que se de el debate en condiciones de igualdad.
   
   La campaña del NO seguirá adelante, con el orgullo de haber contribuido a la construcción de la solidaridad, la soberanía y el pleno ejercicio de la ciudadanía en su país, y de haber sido un ejemplo de lucha para todo el mundo.
   
   - Laura Carlsen  es directora del Programa de las Américas (www.ircamericas.org) en la ciudad de México en donde ha sido escritora y analista política a lo largo de dos décadas.
   
   Notas
   
   FAO Programa Especial de Seguridad Alimentaria Centroamérica