Cuando esta columna sea publicada, ya deberíamos saber con seguridad quién será el próximo presidente. Ha finalizado la “fiesta” electoral, que se mostró en toda su crudeza de mercantilización, violencia, bajeza y superficialidad.

El reto ahora es cómo se establece la cooperación necesaria entre las diferentes fuerzas políticas para lograr una gobernabilidad democrática, especialmente, entre los partidos que fueron finalistas, cuyas relaciones, lógicamente, se antagonizaron más en la campaña.

El candidato triunfador tiene la obligación de tomar la iniciativa de tender los puentes que permitan convergir en intereses nacionales; quien haya resultado perdedor debería responder positivamente a una iniciativa reconciliadora, si ésta tuviera lugar.

La situación postelectoral plantea un nuevo escenario para recuperar la legitimidad de los partidos políticos, tan deteriorada en esta campaña. La primera gran prueba es la de reconocer y aceptar los resultados de la elección, particularmente, por parte de quienes no obtuvieron la victoria, con cualquier margen de diferencia que la derrota pudiera haberse dado.

El siguiente paso requiere de una gran madurez que permita superar las naturales rencillas que produjo una lucha electoral tan virulenta. La campaña terminó. Se trata ahora de gobernar y de hacer una oposición seria y constructiva, en beneficio de los intereses nacionales, priorizando los correspondientes a los sectores populares que han sido siempre los excluidos.

Hay dos arenas donde se pondrá a prueba la visión estadista de los políticos. Una es en el Ejecutivo, ya que hemos elegido un presidente de Guatemala, expresión de la unidad nacional; y la otra es el Congreso, donde se requerirá hacer acuerdos muy importantes, subordinando los intereses partidarios.

En el primer caso, la prueba de fuego es el éxito de la transición, para garantizar que las políticas públicas que sean beneficiosas para la población puedan tener continuidad. Este ejercicio político impulsado por la Vicepresidencia debe profundizarse aceleradamente en estos dos meses para que el nuevo gobierno “aterrice” en la realidad, de la mejor manera posible.

La oposición también tiene una responsabilidad en esta materia, ya que le corresponde luchar porque las políticas realmente sean de Estado, no de un gobierno en particular.

En el segundo caso, el Legislativo, habrá que acordar una agenda de consenso que priorice los temas de mayor trascendencia, para lo cual hay suficientes referentes: los acuerdos de paz, la Agenda Nacional Compartida y el Plan Visión de País, por ejemplo.

La actual legislatura puede darle el primer “empujón” a esta deseada madurez, al promulgar algunas leyes de importancia, especialmente la aprobación de un presupuesto nacional adecuado para que el primer año del nuevo gobierno sea de beneficio para la población.

Otro tema trascendental que corresponderá a los nuevos diputados (as) es el relativo a la fiscalización, entendida como una sabia vigilancia de los intereses del pueblo.

Y desde la sociedad civil también la coyuntura postelectoral plantea grandes retos. Más allá de las preferencias que los liderazgos de los distintos gremios pudieron haber tenido, ahora se trata de ejercer una constante auditoría social que demande transparencia.

Pero también hay una responsabilidad en la incidencia que se pretenda en la formulación e implementación de políticas públicas que respondan a los intereses del desarrollo nacional y no solo a los particulares de uno u otro sector.

Todo lo dicho son declaraciones sobre el deber ser, fáciles de formular. ¡Convirtámoslas en realidad!

Guatemala, noviembre de 2007