Se encuentra en debate en el Congreso Nacional el proyecto del senador Paulo Paim (PT-RS) de un Estatuto del Portador de Deficiencia. Ahora bien, la Constitución es el Estatuto de todo brasileño, incluso de la persona con deficiencia. Un estatuto especial haría de cada deficiente un ciudadano aparte. Por eso su aprobación es inoportuna, contraria a las discusiones y decisiones de ese segmento de la población (unos 24 millones de personas), de su historia y sus conquistas.

La idea de un estatuto especial se justifica cuando un determinado segmento de la sociedad necesita un reglamento jurídico específico. Como sucedió con el Estatuto del Niño y del Adolescente y el Estatuto del Anciano. Ambos aportaron paradigmas normativos, conceptuales y políticos.

Las instituciones concernidas en esta cuestión de la persona con deficiencia adoptan como estrategia de lucha contra la exclusión la transversalidad del tema de la deficiencia en el contexto de las políticas y de las determinaciones legales. Según esta óptica la temática ha sido metida entre las cuestiones fundamentales de la ciudadanía: salud, educación, trabajo, previsión y asistencia social.

La aprobación de un estatuto específico sería un retroceso, transformaría a la persona con deficiencia en una categoría aparte del ciudadano brasileño.

A pesar de todo, la propuesta del senador Paim provoca un hecho inédito: el movimiento de personas con deficiencia, activo en la década de los 80 y que después se desarticuló, dando espacio a actividades y actitudes aisladas de ONGs, ahora se une y adquiere fuerza a través de la lucha contra el estatuto. Algunas instituciones con representatividad y liderazgo integran el “Movimiento Nacional por la Constitución y contra el Estatuto”.

Del recelo causado por la intención de crear un estatuto sin una amplia y abierta discusión y participación del segmento resurge un nuevo momento en la lucha por la ciudadanía de las personas con deficiencia. La sociedad civil se organiza y busca actuar de forma independiente para conquistar sus derechos.

La historia de la propuesta del senador Paim puede resumirse en los siguientes hechos: Teresa Cruvinel publicó en su columna periodística del 23 de setiembre de este año: “Debe ser difícil para Paim, enfrascado en la lucha por las minorías, observar el rechazo a su propuesta”. El senador respondió: “Son recelos justos; debemos conversar, cambiar lo que no esté claro. Pero si me mostraran un solo punto perjudicial para los deficientes, yo rompo el proyecto”.

Las ONGs que trabajan en esta área exponen, entre otros argumentos, estos cuatro: Si fuera aprobado, el proyecto revocaría la Ley de Accesibilidad y, consecuentemente, los plazos establecidos por su reglamento. Al establecer una reglamentación futura anularía la ya existente y los plazos en curso. Como efecto inmediato los concesionarios de transportes colectivos se sentirían desobligados de adecuarlos a la utilización de las personas con deficiencia hasta la publicación del nuevo decreto de reglamentación.

De igual manera, aprobado el proyecto y revocada la Ley de Accesibilidad y los plazos establecidos por su reglamento, los entes federativos se sentirían desobligados de construir accesos a los espacios comunes y a los locales públicos, de uso colectivo en el país, en los estados y en los municipios.

El proyecto determina la intervención obligatoria del Ministerio Público en todas las acciones judiciales en las que figure como parte cualquier persona con deficiencia, desvirtuando las atribuciones del Ministerio Público e incurriendo en inconstitucionalidad. Una acción de excreta, por ejemplo, realizada por una persona con deficiencia totalmente capaz, pasaría a exigir la intervención del Ministerio Público. La persona con deficiencia se volvería, en la práctica, incapaz y obligatoriamente tutelada por el Estado.

Con la aprobación del proyecto y la revocación tácita de la Ley 7.853/89 -que determina la inscripción obligatoria de personas con deficiencia- y, de hecho, la pérdida de eficacia de parte de la Ley de Directrices y Bases de la Educación, las escuelas regulares quedarían desobligadas de practicar la política de educación inclusiva para personas con deficiencia.

El Partido de los Trabajadores nació y fue elegido con el propósito de defender los derechos de los pobres y de las minorías, dispuesto a oírlos en la formulación de sus proyectos políticos. Sería una lástima empañar su historia con la aprobación de un estatuto que, además de inoportuno, es constitucionalmente deficiente. (Traducción de J.L. Burguet)

- Frei Betto es escritor, autor, junto con Luis Fernando Veríssimo y otros, de “El desafío ético”, entre otros libros.