Bolivia

El impasse boliviano

Antonio Martins

11/11/2007

Opinión

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Cómo los conservadores paralizan la Asamblea Constituyente. Qué propuestas están en debate y cuáles son las visiones de mundo que hay detrás de ellas. Por qué la democracia directa puede ser parte de la salida.

Fue, sin duda, una demostración de fuerza. El 28 de agosto, un paro patronal paralizó seis de los nueve departamentos de Bolivia –los más ricos, más al oriente y más dominados por la oligarquía de origen hispánica. La mayor parte de las empresas cerró las puertas. Los funcionarios fueron obligados a permanecer en sus casas. La parálisis del transporte público contribuyó a desocupar las ciudades. Quién resistió sufrió amenazas o agresiones. En pleno centro de Santa Cruz de la Sierra, una de las capitales en paro, el mercado indígena de Abasto fue invadido por jóvenes blancos armados de palos. Destruyeron vitrinas, platerías y objetos de sus ocupantes.

Los conflictos fueron una nueva tentativa para volver inviable a la Asamblea Nacional Constituyente, reunida en Sucre. Un año después de instalada, se aproxima de su fase decisiva, en la cual serán votadas (y, en seguida, sometidas a dos referendos populares) propuestas que amplían los derechos sociales y alteran la composición de los poderes, la distribución de las riquezas y la relación entre las etnias. Las mayorías indígenas continúan movilizadas y la popularidad del presidente Evo Morales, sigue alta –aunque tuvo recientemente un leve descenso. El suceso representado por el “paro cívico” revela, por tanto, que la oposición no esta abatida. Desde el 22 de agosto, una escalada de tensiones mantiene la Constituyente paralizada. El viejo espantapájaros de la posibilidad de una división del país volvió a ser puesto de presente. Se retomaron las iniciativas populares y su creatividad política, que parecen cruciales para sacar el proceso de cambios del impasse al cual fue dirigido. La primera respuesta de los que están a favor de los cambios fue una manifestación nacional en Sucre, el 10 de septiembre, reuniendo millares de personas.

Una maniobra astuta de la oposición desencadenó el actual conflicto. A mediados de agosto, el mayor partido conservador, el Podemos (Poder Democrático y Social), propuso abruptamente, a la Asamblea, el desplazamiento geográfico de las sedes de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Ahora en La Paz, ellas serían trasladadas para Sucre, que es la capital oficial, y que abriga solamente el poder judicial. El sentido de la proposición es evidente. La Paz es la vecina de El Alto -un suburbio-dormitorio situado a 4.1 mil metros de altitud- que son símbolos de la Bolivia indígena y escenarios de sus movilizaciones. Abandonar esas ciudades significa despreciar un proceso de lucha por los derechos que han marcado la vida del país en los últimos diez años y que llevo, en 2006 a la posesión del primer gobernante no blanco en cinco siglos.

Mayoritarios en la Constituyente, los partidos que expresan el avance indígena pueden derrotar la propuesta sin dificultades. Pero no lo hicieron. Argumentaron que el mandato de la Asamblea no incluye el debate sobre la capital. Siendo el pretexto para que la oposición sometiera al país en clima de tensiones. El 20 de agosto, los llamados Comités Cívicos, próximos a la elite empresarial, organizaron huelgas de hambre individuales –recurriendo a una forma de lucha usada contra los gobiernos militares, en los años 70, por las mujeres indígenas. Dos días después, integrantes de los mismos Comités y jóvenes de derecha intentaron quemar la casa que aseguraban pertenecía a un integrante del partido de gobierno MAS (Movimiento Al Socialismo), que apoya las reivindicaciones indígenas. Los tumultos obligaron a Silvia Lazarte, presidente de la Constituyente, a suspender los trabajos. Hubo nuevas tentativas de reiniciar, sin suceso, hasta el 6 de septiembre, cuando bandos de derecha agredieron a delegados e intentaron invadir el edificio en que se reúnen. En respuesta a ellos, Silvia anunció, un día después, la suspensión, por 30 días de los trabajos de la Asamblea.

Lo que está en juego en la Constituyente

En Bolivia, se encuentran en disputa dos proyectos para el país y dos visiones de mundo.
Desde su inicio, el 6 de agosto de 2006, los trabajos de la Constituyente boliviana se han caracterizado por su efervescencia y por un clima de disputa. Las 21 comisiones temáticas formadas por los delegados examinaran más de 7 mil propuestas, buena parte de ellas provienen de audiencias públicas, realizadas todas las semanas. Sin embargo, este impulso de participación ciudadana, no fue capaz de llevar a la asamblea a tomar las decisiones. Durante los ocho primeros meses de sesiones, el principal tema debatido en las plenarias fue el quórum necesario para la aprobación de los artículos de la nueva Constitución. Minoritarios en la sociedad y en la Constituyente, los conservadores “exigieron” mayoría de dos tercios y amenazaron constantemente con no reconocer decisiones aprobadas de otra manera.

Solamente en las últimas semanas, se inició algún trabajo de sistematización. Las 7 mil propuestas fueron consolidadas en 767 artículos. Hay consenso entorno de 250. Para otros 517, hay siempre más de una redacción en el debate. Las polémicas se concentran en cinco grandes temas:

Autonomías: El Estado unitario impuesto por los colonizadores oprime, hace más de 500 años, no solamente la lengua y la cultura indígena, sino también las formas originarias de organización en comunidades, producción y distribución de riquezas, relación con la naturaleza, administración de justicia. El tema de las autonomías, propuesto desde hace décadas, se tornó central en la Constituyente. Los movimientos populares reivindican cuatro niveles de autonomía: departamental, regional, municipal e indígena. Pretenden articularlas, sobre todo el “paraguas” de las leyes nacionales. Curiosamente autonomía también paso a ser una palabra-clave para los conservadores, que la emplearon con sentido muy diverso. Desde las primeras señales de asenso popular – y más aún, después de la elección de Morales- ellos sueñan en reforzar el poder estatal de los departamentos donde su influencia es mayor, como forma de contraponerse a la Bolivia indígena. La escalada de tensiones en Sucre sugiere que puedan estar dispuestos a jugar la carta de la separación del país.

Visiones de país y de mundo: una de las comisiones de la Constituyente es la de Visión Nacional. Encargada de redactar los artículos sobre el modelo general del Estado y de economía, y ella también esta dividida. La tradición indígena propone un “Estado unitario” por tanto, “plurinacional y comunitario”, volcado hacia el “buen vivir” (un concepto aimara) y con énfasis en la garantía de inclusión de los pobres y marginados. El Podemos y otros grupos de oposición quieren mantener la estructura del Estado, afianzando el énfasis de su carácter federalista.

Diversidad: En la comisión de Derechos y Garantías, la reivindicación indígena es establecer el reinado de la diversidad. Se sugiere prohibir discriminaciones de género, edad, cultura, nacionalidad, lengua, orientación sexual, región, opción política o filosófica, condición económica y social, el derecho de las mujeres a decidir sobre el embarazo. Se propone una cláusula constitucional asegurando el derecho al agua y prohibiendo la privatización de los servicios de abastecimiento. Introduce el respeto a la justicia comunitaria, paralela a la tradicional. Los partidos conservadores, en contrapartida, levantan como banderas, la defensa de la propiedad y la prohibición constitucional del aborto (garantizándose el “derecho a la vida desde la concepción). Condenan la justicia indígena, afirmando que, por su naturaleza no-escrita, tiene carácter arbitrario.

Poder estatal: En un país donde los indígenas son entre el 55% y el 60% de la población, esa etnia debería, según el Movimiento al Socialismo, MAS, elegir representantes propios para el Parlamento. Al contrario de Cámara y Senado, como hoy, habría una única Asamblea, compuesta por 70 representantes nacionales, 27 departamentales (los actuales senadores) y 70 indígenas. Los conservadores insisten en dos cámaras. Ven el Senado como un bastión del poder oligárquico. Se debate también la edad electoral: el MAS, pretendió reducirlo de 18 a 16 años.
Reelecciones: Confiados en la popularidad de Evo Morales, el MAS quiere establecer la posibilidad de un número indefinido de reelecciones. La derecha, en contrapartida, quiere bloquear la posibilidad de concurrir hasta un segundo mandato consecutivo.

¿El poder a los ciudadanos?

Un empate entre las fuerzas institucionales de la Asamblea Boliviana abre espacio para que la propia sociedad decida, en plebiscito, los sentidos de la Constitución.
La convocatoria de una Constituyente para “refundar el país” fue uno de los temas centrales de la campaña de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, en 2005. Al contrario de lo que ocurrió en otros procesos de cambio en América Latina (Brasil es, tal vez el ejemplo más marcado), Evo tenía conciencia de que no bastaba “conquistar” el poder. Era preciso cambiar la lógica de la política tradicional, o ella terminaría minando las fuerzas de transformación.

En los primeros meses, todo caminó bien y rápidamente. Posesionado el 22 de enero de 2006, después de vencer en las elecciones en la primera vuelta electoral, el presidente tuvo amplio apoyo cuando convocó a la Constituyente en marzo. Las elecciones ocurrieron el 2 de julio, con amplia victoria de los partidos gobiernistas –y sobre todo el entusiasmo despertado, el 1 de mayo de aquel año, por la nacionalización de los yacimientos de petróleo y gas. De las 255 sillas, el MAS de Morales, conquistó 137 (53%). El conservador Podemos, segunda agremiación más votada, obtuvo menos de la mitad, 60. El mapa de la Asamblea esta compuesto por más de doce grupos políticos.
Pasadas las sorpresas ocasionadas por la derrota inicial, las fuerzas conservadoras se rearticularon en torno de una táctica reveladora. Asumieron de forma clara la condición de oposición. Buscaron jugar contra los partidos ligados al cambio mostrando que ahora ellos “poseían” el poder del Estado. Apostaron que el tiempo acabaría su impulso a favor de las transformaciones. Vendría entonces el desgaste. En un país que es el segundo más pobre de las Américas (después de Haití), ocupa el 115 lugar en el Índice de Desarrollo Humano, IDH, del planeta y en donde la expectativa de vida no sobrepasa los 65 años, jugaron además a que la demora en corresponder a las expectativas de derechos, acabaría debilitando y dividiendo a los partidarios de las transformaciones sociales.

El cuestionamiento interminable sobre el quórum para tomar las decisiones en el seno de la Asamblea Constituyente, es apenas, parte de esa táctica. Ello fue siempre acompañado, desde los medios de comunicación, con ataques a la Constituyente, por el supuesto atraso en sus trabajos. La minoría de derecha impide que las proposiciones presentadas por la sociedad sean aprobadas. Los periódicos y la Televisión, asocian genéricamente, al órgano en que están depositadas las esperanzas de cambio, a imágenes de ineficacia e incompetencia.

El tortuoso camino de la democracia: La ley que convocó y mediante la cual se eligió la Constituyente, establecía, al principio, el período de un año para que ella concluyese sus trabajos. La hipótesis estaba relacionada con el optimismo de los primeros días de la presidencia indígena. Agotado el plazo, a comienzos de Agosto de este año, se produjo una negociación. Los partidarios de los cambios tenían a su favor la popularidad de Evo Morales (apoyado por el 57% de los Bolivianos- un índice 4 puntos inferior al del mes anterior, pero semejante al porcentaje de votos obtenidos en 2005, o a la popularidad de Lula, en Brasil). Los conservadores se mantenían en la insatisfacción creciente con la propia asamblea (criticada por 53% de los ciudadanos, y defendida por el 36%).
Ese empate entre poderes institucionales generó un acuerdo que establece, el cumplimiento de un proceso ejemplar de la democracia. Se concedió a la Constituyente cuatro meses más de sesiones. Se firmó el quórum de dos tercios para las votaciones. Pero se definió que los puntos que los delegados no fueran capaces de resolver por el voto, hasta diciembre, serán transferidos a decisión popular.

A quien le interesa la violencia

Permitir que las decisiones finales sean tomadas por la sociedad es una forma de realizar en la práctica, el discurso que los poderosos sustentan solamente como una farsa.
Los acuerdos que renovaron la Constituyente boliviana fueron cerrados en los primeros días de agosto, en vísperas de acabarse el plazo inicial de un año, asignado para la conclusión de sus sesiones. Al transferir a la sociedad el derecho de pronunciarse sobre los temas más importantes de la nueva Constitución, el compromiso desato la queja de que la asamblea podría instaurar la dictadura del MAS, el partido del gobierno. En declaraciones a la prensa, el propio presidente Evo Morales parece menos apurado que en el inicio de su mandato. “No se puede hacer en apenas un año lo que fue desecho en cinco siglos”, dijo a la prensa, el mes pasado.

Poco después de establecido el compromiso de agosto, los líderes conservadores percibieron que una democracia de verdad no satisface privilegios. Optaron, entonces por sus propios intereses. Solo pueden, -por tanto –y aquí esta una gran conquista de Bolivia-, deslegitimar la Constituyente fingiendo que son fieles a ella. La propuesta de trasladar la capital de La Paz a Sucre, es claramente, una provocación. Jamás había sido propuesta antes. No hay una idea en ese sentido, entre las 7 mil propuestas presentadas en las audiencias públicas de la Asamblea.

Lo más probable es que, cuando se rehusaron a llevar la propuesta en consideración, las bancadas a favor de una nueva Bolivia se hayan dejado llevar por la sensación de que estaba comenzando una maniobra distraccionista. Tenían razón. Pero en una coyuntura tan compleja (y prometedora...) como la que su país esta viviendo, tal vez sea necesario, a veces, revelar lo que los privilegiados planean a tras del discurso y comprometerlos con sus propias palabras. Sacar cualquier pretexto para la violencia (que calla/silencia el debate las ideas) y crear todas las condiciones para que las decisiones finales sean tomadas por la sociedad puede ser una buena manera de neutralizar la retórica de los poderosos, al realizar, en la práctica, el discurso que ellos sustentan como una farsa.

Antonio Martins
Editor de Le Monde Diplomatique de Brasil. Miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía.
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