Un informe de la coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado, alerta sobre la estrecha relación que existe en Colombia entre el conflicto armado y la deficiente garantía de los derechos de la niñez.

“A nosotros como profesoras –comentó un miembro de las comunidades campesinas del sur del Cauca, refiriéndose a la presencia de la guerrilla en su localidad- nos pusieron en salones a dictar reuniones, obligando a los chiquitos desde grado primero a grado quinto que manejábamos, y les decían: ¿en cinco o seis años ustedes van a manejar este fusil?, y los niños decían: ‘sí, señor’”.

Otro colombiano, habitante del departamento del Chocó, también se refirió al tema: “los niños son adictos a las armas, o tienen otra forma de jugar. Se buscan palos para jugar al escondite con las armas. A veces se les pregunta qué quieren hacer cuando grandes y dicen ‘yo quiero irme con los paras o la Policía”.

Estos dos ejemplos, relatados en el libro Un camino por la escuela colombiana desde los derechos de la infancia y la adolescencia, publicado por la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), son sólo dos de los muchos casos que demuestran la magnitud del problema que implica vincular a la niñez a las dinámicas de la guerra en Colombia.

Con el fin de dar un panorama de la situación y buscar algunas soluciones, varios organismos estatales y algunas organizaciones del estado civil se reunieron en Bogotá, el 30 de octubre de 2007, en la Universidad del Rosario. La base para el evento fue la publicación del libro de Coalico, que recoge las observaciones de las misiones de verificación que realizó la entidad en los departamentos colombianos de Chocó, Putumayo, Bolívar, Sucre, Cauca y en la ciudad de Medellín.

El objetivo principal de las misiones fue verificar la situación de los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado y, especialmente, la ocupación de las instituciones educativas por parte de los grupos que toman parte en las hostilidades. Sin embargo, durante la investigación, salieron a relucir otras situaciones que ponen en riesgo a los menores de 18 años. Así lo manifestó la Coalición, cuando indicó que “al documentar la situación de cada región observamos que se amerita profundizar en las condiciones socioeconómicas de las mismas, pues, por lo general, las violaciones de los Derechos Civiles y Políticos y del DIH son interdependientes e interrelacionados con las garantías de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (P.11).

Las principales conclusiones de la Coalición, expuestas tanto en el libro como en el evento realizado en Bogotá, se refieren a que la situación del conflicto armado contribuye a profundizar la deficiente garantía de los derechos de la niñez, como el derecho a la vida y a la integridad y las libertades personales y sexuales. En muchos casos, los niños, niñas y adolescentes no pueden terminar su ciclo educativo y deben vincularse a actividades ilícitas como raspachines, mensajeros, informantes o combatientes para apoyar a sus familias. El derecho a la educación se ve gravemente afectado cuando los menores, inmersos en dinámicas de conflicto, deben ser soporte económico de sus familias.

El derecho a la educación se ve gravemente afectado cuando los menores, inmersos en dinámicas de conflicto, deben ser soporte económico de sus familias.

Esto lo reconocieron unas maestras del municipio de Valencia, al sur del departamento del Cauca: “Una de las principales causas de que los niños no vayan a la escuela –afirmaron en el Informe– es que el papá o la mamá no tienen cómo mantenerlos”.

Esta situación se agrava, según la Coalición, con la presencia de los grupos en contienda (guerrilleros, paramilitares, militares) en los colegios y centros educativos y la utilización de estos lugares como trincheras; lo que puede considerarse una infracción al DIH por utilizar bienes civiles protegidos.

Como se dijo en la actividad, ocurre muchas veces que la fuerza pública considera que, como los establecimientos educativos son públicos, entonces están a su servicio. Algunos de los asistentes a la actividad narraron cómo una escuela en Putumayo, por ejemplo, es utilizada como helipuerto y otra en Tutunendo, departamento de Chocó, se ha convertido en un campamento provisional.

Uno de los problemas mencionados en el encuentro fue la utilización de centros educativos como trincheras.

La presencia de combatientes en las regiones no sólo afecta el imaginario de los menores, sino que también cambia el orden de las relaciones sociales al promover un ambiente de guerra, en el que se realizan actividades como allanamientos y campañas psicológicas. Los menores, además, son reclutados por los grupos ilegales.

Unos de los casos destacados en la presentación del informe incluyen el reclutamiento forzado de menores de 18 años por parte de las Farc en el departamento de Sucre, y la participación de niños, niñas y adolescentes como parte de grupos paramilitares en Bolívar, en Medellín y en Cundinamarca (Soacha), lo que genera inquietudes sobre la entrega de niños y niñas en el proceso de desmovilización de las autodefensas.

El evento, después de la presentación por parte de Coalico, continuó con un debate entre los ponentes, algunos organismos estatales (Defensoría del Pueblo, ICBF, Procuraduría), miembros de las Naciones Unidas y periodistas no sólo para conocer los delicados alcances de la vinculación de la niñez en el conflicto armado, sino también para buscar soluciones en las que visibilice la situación sin que eso ponga en riesgo a los niños y a quienes rechazan este problema.

Medios para la Paz apoya la divulgación de este Informe en el marco de su proyecto Periodismo responsable. Niños, niñas y adolescentes desvinculados del conflicto.

Thomas Sparrow B.
Medios para la Paz


Fuente: Actualidad Colombiana, Boletín Quincenal, Edición 462
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