Con El Pacto de Chicoral -1973- el Estado colombiano inicia el proceso de Contrarreforma agraria en el comienzo del gobierno de Misael Pastrana Borrero (conservador).

En el presente, el Estado narco-paramilitar, con las llamadas "alianzas productivas" tiene programado megaproyectos en Urabá, Córdoba, Magdalena Medio y los llanos orientales –Meta y Guaviare- para el cultivo de la palma africana. Las transnacionales han participado activamente en el plan paramilitar, mencionaremos a la bananera norteamericana Chiquita Brand.

A comienzos del 2007, el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, en una conferencia ecológica –parece un chiste- efectuada en Miami ofreció 44 millones de hectáreas para producir biocombustibles (Colombia tiene en total 114 millones de hectáreas), lo cual refrendó en sendas visitas a New-York y Washington con empresarios de las multinacionales de los agro alimentos y funcionarios del gobierno de Bush.

Elemento clave para viabilizar o materializar los megaproyectos, es el paramilitarismo elevado a política de Estado por los gobiernos de Ernesto Samper Pizano (liberal), Andrés Pastrana Arango (conservador) y Álvaro Uribe Vélez. El proyecto paramilitar intimida primero y finalmente expulsa a los campesinos de las mejores tierras en beneficio de los grandes latifundios -afianzándose con mayor fuerza-, en la era de la “seguridad democrática" de Álvaro Uribe Vélez.

La alianza estratégica –oligarquía colombiana y las transnacionales norteamericanas- implementan, desarrollan y potencian dentro del marco de "la guerra de baja intensidad", el "plan Colombia" y su versión más acabada "el Plan patriota". Sincronizada y simultáneamente 18.000 hombres de las fuerzas armadas se internan en la selva de la Amazonía colombiana –Putumayo, Caquetá y Guaviare-, supuestas bases de la insurgencia. El fracaso fue total, con un elemento nuevo: muchos de los jóvenes en lugar de desplazarse se enrolaron en las filas guerrilleras.

El objetivo estratégico de la seguridad democrática era aniquilar a la insurgencia colombiana, para poder vender los suelos a las transnacionales y entregarles en condiciones ventajosas la explotación de los recursos del subsuelo –petróleo, carbón, oro, esmeraldas, etc.

La insurgencia se mantiene activa con presencia real y efectiva en todos los municipios de Colombia; el proyecto político de Uribe, sufrió un desgaste, consolidándose la alternativa de los excluidos: el Polo Democrático Alternativo.

El verdadero rostro y la esencia de la política de la seguridad democrática es el narco-paramilitarismo en estrecha alianza con la política norteamericana, punta de lanza contra los nuevos vientos emancipadores y liberadores en América del sur. Necesario es recalcar que en la mira del Plan Colombia ocupa la atención de los halcones de Norteamérica, el gobierno revolucionario que encabeza el Comandante Chávez en Venezuela.

La agonía de Alvaro Uribe Vélez

La revista de análisis político más importante de Estados Unidos "Foreign Affairs", en su edición en español titulado "La agonía de Álvaro Uribe", plantea de manera clara y contundente los nexos de algunos dirigentes políticos con los grupos paramilitares. "La relación de Uribe con los paramilitares se considera sospechosa, más aún por la expansión de las estructuras de tipo paramilitar conocidas como Convivir durante la época en que Uribe gobernó el departamento de Antioquia. Peor aún, Uribe personalmente escogió a Jorge Noguera, su jefe de campaña en la costa Atlántica, para dirigir el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la agencia interna de seguridad en Colombia", dice.

Por esa razón el gobierno estadounidense, si quiere enviar ayuda para el Plan Colombia, debe contar con el visto bueno de varios comités del Congreso en Washington. Y por eso mismo es que algunos dirigentes demócratas se oponen al TLC. Así lo afirma un demócrata consultado por Arnson: "Cuando año tras año un país ocupa el primer lugar como el sitio más peligroso del mundo para ser sindicalista, ello se nota".

Recorte del gasto social, incremento en flecha del gasto para la guerra

La "política de la seguridad democrática" presenta un panorama desolador en materia social:

Se recortó cerca del 30% para salud y educación de las transferencias de la nación que le correspondían a los municipios ordenado por la Constitución de 1991. En su lugar se incrementó el gasto para la guerra -Plan Colombia-, financiado en un 90% con dineros del Estado colombiano y sólo 9% aporta los Estados Unidos y 1% Inglaterra. Colombia pone el dinero y los muertos para beneficio de las transnacionales.

Las cifras de investigadores, arrojan el siguiente resultado:

* 11 millones de personas en pobreza extrema.
* 21 millones de pobres.
* 4 millones de desempleados.
* 8 millones con subempleo de miseria.
* 12.000 terratenientes son dueños de 31 millones de hectáreas, que representa el 61% de las tierras productivas de la Nación.

El Estado colombiano es hoy día una dictadura, con rostro civil. A sangre y fuego sigue imponiendo el modelo neoliberal: Disminución de la inversión social –educación, salud, cultura, deporte-. Privatización de los servicios del Estado. Congelación de los salarios para el sector público y privado. Aumento de los impuestos indirectos. Liquidación de las redes clasistas –sindicatos, organizaciones políticas de pensamiento emancipador y liberador.

Con este cuadro de explotación y miseria, sólo le queda al pueblo colombiano –por ahora- el camino de la rebeldía, para acabar la tiranía y la opresión. -Tercer considerando de la Declaración de los Derechos Humanos-

Fuente: el libro "Guía para la planificación de la misión Villanueva en Caracas” , de Hernán Pardo.