La llegada a Guatemala de la señora Hina Jilani, Representante del Secretario General de Naciones Unidas en materia de derechos humanos significó para los miembros del movimiento en defensa de estas garantías, un aliciente a su lucha y pone de manifiesto ante la comunidad internacional, la responsabilidad oficial en las violaciones a estas garantías. Esta semana, tanto funcionarios de gobierno como dirigentes sociales, se reunieron con la señora Jilani con distintos propósitos. Según el vocero de la presidencia, periodista Byron Barrera, que en el pasado compartió las reivindicaciones sociales, la señora Jilani vino a "constatar el impulso del respeto a los derechos humanos". Resulta obvio que la misión encomendada no era precisamente la que señaló el funcionario del gobierno eferregista, sino más bien obedece a una preocupación, cada vez mas manifiesta, de la comunidad internacional, por la inseguridad que prevalece en este país centroamericano. El tema de la visita era buscar una mejor protección a los activistas de derechos humanos, quienes han reportado mas de 155 hechos que amenazan su vida e integridad física. Los activistas entregaron a la delegada un informe con los elementos que limitan y obstaculizan el pleno ejercicio de la defensa de los derechos humanos en Guatemala y la situación de los defensores de estos derechos. El documento detalla las características de las amenazas, el aumento de los ataques, los patrones que los caracterizan, así como el asesinato del Contador de la Fundación Rigoberta Menchú cifras y otros datos que evidencian el ciclo de agravamiento de la situación de seguridad. Entre los patrones de ataques a los defensores y sus organizaciones citan las campañas de deslegitimación y difamación por parte de altos funcionarios y del Congreso, aviso a la persona que está bajo control, a través de amenazas escritas, telefónicas o personales, el seguimiento, la vigilancia, el control telefónico y el espionaje para provocar miedo e inmovilizar. De igual manera hay un entorpecimiento de las acciones que se hacen a través del allanamiento o ataques a la vida, secuestros, golpes, desaparición forzada y asesinatos demás de la fase de encubrimiento que consiste en desaparecer evidencias y generar condiciones para la impunidad. En las distintas reuniones, los dirigentes presentaron casos emblemáticos que demuestran estos hechos y señalaron directamente al estado como el responsable de lo que ocurre a los defensores, por su complacencia y falta de accionar para brindar seguridad, investigar y procesar a los responsables, lo que favorece el clima de impunidad prevaleciente. A pesar de que el gobierno ha reconocido, a través de la Secretaría de Análisis Estratégico, la existencia de grupos clandestinos como estructura paralela, no ha tomado ninguna medida efectiva para disolver a esos grupos que atentan contra el régimen democrático y contra el proceso de paz. Finalmente, las organizaciones expusieron en su análisis que es notoria la relación existente entre la mayor parte de ataque e intimidaciones a defensores de derechos humanos y sus acciones en torno a buscar la verdad del pasado, así como la justicia en casos que involucran militares y funcionarios de gobierno, la dignificación de las víctimas en el caso de las exhumaciones y acciones hacia la reconciliación. Jilani expresó su preocupación por el clima de impunidad y la falta de voluntad política del gobierno para cumplir con los acuerdos de paz, así como por las amenazas generalizadas contra activistas de derechos humanos, todo lo cual repercute en el sistema de justicia. Fue enfática en señalar la responsabilidad del gobierno en garantizar la vida de los defensores de los derechos humanos, de los dirigentes de la iglesia, trabajadores y campesinos. La enviada del Secretario de Naciones Unidas criticó las asignaciones presupuestarias que dejan sin recursos a la Procuraduría de Derechos Humanos y al Organismo Judicial, entidades fundamentales para la promoción de estos derechos. Según la información oficial, el mandato de la representante de la ONU es recabar y recibir información, analizar las violaciones a los derechos y la defensa de la vida y seguridad física de las personas en riesgo, así como recomendar estrategias eficaces para la protección. La experta presentará un Informe la Comisión de Derechos Humanos con ocasión de su 59 período de sesiones, el que se constituirá en una prueba más del retroceso que ha significado para Guatemala la llegada al poder de un gobierno, cuyos dirigentes y militantes han sido señalados de ser los principales violadores de las garantías constitucionales. La población guatemalteca espera que la comunidad internacional exija al gobierno se respeten los derechos de los ciudadanos, que se investigue, procese y castigue a los responsables de las violaciones a las garantías constitucionales, que se ponga fin a la impunidad y que se cumplan los acuerdos de paz. Esta es la expectativa sobre la visita de la señora Jilani.