México es el país de la injusticia, de la inequidad, de la infamia; es como siempre lo hemos sostenido, el paraíso de la impunidad. La muy grave realidad que nos coloca a todos los habitantes de esta nación en una permanente indefensión, quedó nuevamente comprobada con la ignominia de “la suprema” de exonerar de todo cargo al gobernador priísta de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres y socios, al determinar que no se violaron en forma grave, solo “poquito”, las garantías y derechos humanos de la periodista y escritora, Lydia Cacho Ribeiro.

Fue simplemente una absolución anunciada, es de recordarse que el grupo compacto de “la suprema” llegó a la misma conclusión que presentó el propio presidente ultra conservador de ese tribunal, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia en su proyecto de resolución de septiembre de 2006. En aquella ocasión el togado Sergio Valls Hernández y sus dos únicas colegas mujeres, Margarita Luna Ramos y Olga Sánchez Cordero estuvieron de acuerdo en desecharlo por improcedente. En eso confiaba Lidya Cacho, en que cuando menos contaba con los dos votos de las damas ministras, algo sucedió dijo la escritora, una mano negra seguramente intervino, nosotros diríamos que más bien ceniza.

En consecuencia, nada nos debe sorprender ya en el terreno de la supuesta administración de justicia, pudiera ser que estuviéramos nuevamente ante el escenario de un intercambio de impunidades: hoy por el "gober precioso", después por los presuntos Vicente Fox Quesada; Marta, su cónyuge; demás parientes y amigos de la ex “pareja presidencial”.

Desde la determinación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomada en su sesión pública del pasado martes, en el sentido de que seis ministros, los mismos de ahora, se impusieron a sus cuatro colegas para desechar del dictamen la praxis del asunto: las redes de pederastia, pornografía infantil y explotación sexual, advertíamos que todo estaba cocinado en beneficio de los hombres del poder, y por consiguiente representaba un brutal y cobarde atentado a los derechos de la respetada y admirada colega, Lydia Cacho, pero también en forma muy preocupante a las libertades de prensa y expresión, así como al derecho a la información.

La decisión mayoritaria de la Corte, por donde quiera que se le analice es un absurdo jurídico, sin embargo entendible por las razones expuestas. Así desecharon, sin mayores argumentos, el Dictamen de Investigación del magistrado ponente, Juan N. Silva Meza, al basarse en el tecnicismo de que las llamadas telefónicas entre el gobernador de Puebla y el empresario kamel Nacif que evidenciaban asuntos de pederastia, no tienen valor probatorio y por tanto el "gober precioso" y socios no podrán ser investigado por esas conversaciones.

Es fundamental que los respetados radioescuchas y lectores identifiquen plenamente, tanto a los ministros que votaron en favor del dictamen en el que se sostenía que sí hubo violaciones graves a las garantías individuales de Cacho Ribeiro: ponente Juan N. Silva Meza, Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cosío. Los favorecedores de la impunidad en el poder son: el presidente de “la suprema”, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Valls Hernández, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Mariano Azuela, y repetimos, es de destacarse que en ese mismo sentido votaron las dos únicas mujeres que forman parte de ese supuesto órgano de justicia: Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos.

Para mejor entender la monstruosidad que se cocinó en el “alto tribunal”, es necesario reproducir el argumento de su voto positivo del ministro ponente, Juan N. Silva Meza; obviamente alterado ante la insensatez de sus compañeros y a la pregunta de su voto de su propio dictamen por parte del presidente, Ortiz Mayagoitia, principal promotor de la exoneración anunciada, aseveró contundente:

“Un sí monosilábico, pero que encierra todo el contenido de una convicción plena que tiene sustento en una investigación seria y profesional, realizada por mandato de este tribunal y que nos lleva a determinar nuevamente la expresión de una convicción que he reiterado en cada uno de mis informes. Tengo la convicción plena de que en un Estado constitucional y democrático de derecho, la impunidad no tiene cabida”.

Por la gravedad de la absurda sentencia, le reiteramos nuestra plena solidaridad a la colega Lydia Cacho y estamos de acuerdo con ella nuevamente y con un gran número de actores políticos, intelectuales, periodistas y constitucionalistas, coincidentes en que la resolución de la “corte de los milagros” –el epíteto es nuestro-, al exonerar al gobernador de Puebla de cualquier cargo, “es un muy mal ejemplo y sólo alimenta la impunidad en el país”

Y al diputado priísta, Jorge Estefan Chidiac, quien no dejaba de celebrar la resolución, seguramente después con “dos hermosas botellas de coñac” con el “gober precioso”, le decimos que no se perdió tiempo preciso en esta campaña, como asegura, orquestada por el Partido Acción Nacional contra el gobernante poblano, se perdió tiempo precioso para favorecer a los “preciosos del poder”.

A Lidya Cacho, ante un México que lo han convertido en el país de la injusticia, de la inequidad, de la infamia y en el paraíso de la impunidad, se le obliga a recurrir a instancias internacionales, en principio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue una absolución anunciada, pero quién les otorgará la absolución a los que trampearon a la justicia. Las ministras Olga y Margarita tendrán indefectiblemente, tarde que temprano, que responderle a sus conciencias de mujeres y madres, por ahora los pederastas están a salvo.

Estamos por convicción y solidaridad con los anhelos de libertad y justicia que compartimos con la respetada colega autora de Los demonios del Edén.

- Teodoro Rentería Arróyave es periodista y escritor mexicano.
teodoro@libertas.com.mx