Colombia

Víctimas del paramilitarismo, con el sol a sus espaldas

05/12/2007

Opinión

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Sin protección a sus vidas, intimidadas y desprestigiadas por los mismos victimarios, sin recursos para acceder a los mecanismos jurídicos que les garanticen el acceso a la justicia y sin mayores expectativas sobre la verdad y la reparación, las víctimas del paramilitarismo en Colombia sienten que caminan con el sol a sus espaldas.

A esta conclusión se llegó en la mañana de este martes 4 de diciembre durante la primera jornada del Seminario Internacional Derechos Humanos, una mirada desde las víctimas, convocado por la Personería de Medellín en el marco de la XVII Campaña de derechos humanos-Antioquia, que se adelanta en Medellín desde el 21 de noviembre.

La primera en señalar la grave situación de las víctimas fue María McFarlan, especialista en Colombia de Human Rights Watch, quien advirtió que “no hay una protección real para las víctimas. La ley general dice que deben participar en el proceso y la Corte Constitucional ha establecido una serie de derechos que tienen las víctimas en materia de participación, pero para poder participar realmente tienen que recibir ciertas garantías de seguridad y aún no están dadas”.

La representante de esta organización no gubernamental norteamericana cuestionó al Gobierno colombiano porque, a su juicio, no hay acciones eficaces en ese sentido: “acaba de aprobar un decreto sobre protección a víctimas, que dice, básicamente, que se va a establecer un programa y que lo van a diseñar, pero avanza muy lentamente”.

Sobre la participación eficaz de las víctimas en los procesos contra los ex paramilitares, McFarlan señaló que hay problemas de información, por cuanto las víctimas no saben cuándo deben ir para preguntar por sus hechos. Agregó que “es cuestionable el hecho de que las víctimas no puedan interrogar directamente al victimario, sino que todo debe ir a través del fiscal. Eso lo entendemos en parte, porque sabemos que es cuestión de organización, pero a la vez afecta los derechos de las víctimas, pues impide que se interrogue a fondo, que haya contrapreguntas, para asegurar un mejor testimonio”.

La representante en Colombia de Human Rights Watch concluyó diciendo que si existiera una mejor representación legal para las víctimas, “si hubieran abogados y defensores mirando los casos de las víctimas, podrían ayudar a formular las preguntas de una mejor manera”.

Jairo Herrán, Personero de Medellín, reconoció que las víctimas aún manejan mucho temor con respecto a la posibilidad de reclamar: “todavía faltan muchas víctimas en el país por enterarse, incluso, en qué Fiscalía de Justicia y Paz se están tramitando los casos donde están los perpetradores de los delitos ocasionados a esas víctimas”.

Y justo ese desconocimiento se debe, en la mayoría de casos, al desplazamiento forzado del que también fueron víctimas, “aspecto contrario a los ex jefes paramilitares, que declaran en los lugares donde se presume desarrollaron sus actividades delictivas. Los desplazados no saben si en sus regiones de origen están juzgando o no a quien cometió delitos en su contra”, explicó Herrán, y reconoció que muchas víctimas están a la deriva: “no tienen una representación jurídica efectiva y las organizaciones no son lo suficientemente fuertes ni sólidas”.

Luz Amparo Mejía, representante de la Corporación Madres de la Candelaria – línea fundadora, organización que desde hace ocho años reclama a sus seres queridos desaparecidos, expuso lo que a su juicio son algunos de los problemas que afrontan las víctimas del paramilitarismo en Colombia: “Llamo la atención sobre nuestra seguridad. Son pocos los que nos acompañan en nuestros reclamos, estamos en desventaja”.

Y no sólo reseñó la seguridad como desventaja, también incluyó el tema de las garantías sociales. “Los desmovilizados reciben sueldo, educación vivienda, salud y pueden andar tranquilamente. Mientras las mujeres que perdieron a sus seres queridos no reciben un sueldo, sus hijos no tienen el derecho a una educación digna ni acceso a la salud. Es una ley muy ventajosa para los victimarios, pero muy desventajosa para las víctimas”, afirmó esta líder.

A la voz de Luz Amparo Mejía se sumaron las de Manuel Henao y Rosa Carvajal, de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), desplazados desde hace 8 años del municipio de San Vicente, Antioquia, acusados de desarrollar trabajos comunitarios apoyados presuntamente por la guerrilla.

Manuel Henao cuestionó, incluso, el origen de la ley de Justicia y Paz, la cual se les aplica a los paramilitares desmovilizados y hoy recluidos en la cárcel: “Esta ley cojea desde sus inicios porque fue creada por los parapolíticos, entonces desde ahí partimos mal, por eso tantas falencias”.

El vocero de la Anuc fue más allá, al precisar que se le aplicará a lo que él llama “los peones de la guerra” y no a quienes promovieron sus acciones militares: “El paramilitarismo en Colombia no es representado por los victimarios, por los que masacraron a la gente, esos son los peones de la guerra. Los verdaderos promotores del paramilitarismo están en la sombra, hay empresas, industriales, que apoyaron eso y nadie se ha atrevido a denunciarlos”.

Rosa Carvajal cuestionó los beneficios de la ley para quienes los desplazaron de sus tierras: “En Colombia no se ha establecido una ley para las víctimas, pero sí para los victimarios, a quienes se les ha prestado más atención y se les ha brindado el apoyo necesario para ellos vivir con sus familias. A las víctimas no. Salimos desplazadas del campo, llegamos a la ciudad, muchas veces sin conocer y analfabetas, recorremos calles haciendo lo que nunca hemos hecho, porque nuestro entorno es el campo, nos llevan de oficina en oficina, de investigación en investigación, y quedamos en las mismas”.

Para concluir, la líder de la Anuc fue categoría al expresar su malestar con el proceso que se le sigue a los ex comandantes paramilitares: “En este momento no nos interesan las audiencias a las que van los paramilitares, nos interesa que las víctimas estén muy bien, como los victimarios, pero que sea un proceso rápido y que tengamos derecho a lo que el Estado nos tiene que ofrecer, no podemos seguir a la deriva, escondidos en todas partes, y temiendo que si nos señalan nos matan ”.

Fuente: Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
www.ipc.org.co

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