Paris

La FIDH condena la utilización desproporcionada de la fuerza por el Ejército que se dio en la provincia de Orellana, en contra de las comunidades campesinas, así como la declaración del estado de emergencia mediante decreto del 29 de noviembre de 2007. Estas condiciones llevaron a malos tratos y torturas, y a la detención arbitraria de varias personas, de las cuales 22 personas siguen detenidas y enjuiciadas.

Ante la negativa del Gobierno y de la petrolera de participar en las reuniones que habían propuesto, las comunidades de la parroquia Dayuma iniciaron, el día 26 de noviembre, un cierre de vías para exigir que el gobierno y la petrolera estatal, Petroproducción, cumplieran con los compromisos asumidos en un acuerdo del 2005 en el cual se prevé la construcción de una carretera así como la realización de una remediación ambiental. En vez de abrir el diálogo, el gobierno declaró el estado de emergencia, suspendiendo así varios derechos garantizados por la Constitución (libertad de expresión, inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de circulación y libertad de reunión y asociación), reforzó la presencia militar en la zona y declaró vigente la ley de seguridad nacional que pone a los civiles bajo fuero militar.

Los días 29 y 30 de noviembre, unas 45 personas de Dayuma fueron detenidas arbitrariamente por las Fuerzas Armadas quienes entraron a los hogares de los habitantes, comportándose de manera muy violenta. Algunas de las personas detenidas fueron torturadas. Mediante habeas corpus, el 1 de diciembre, se ordenó la libertad de 31 personas, disposición que no fue acatada por la fuerza pública y al momento están detenidas 22 personas y enjuiciadas por el Fiscal de lo Penal de Orellana por el delito de terrorismo organizado y están a órdenes del juez 3° de lo Penal de Orellana. Paralelamente, el día 30 de noviembre, se detuvieron unas 110 personas en la población del Coca; la mayoría de ellas fueron liberadas al día siguiente.

El Presidente Rafael Correa, en intervención pública en relación con estos hechos, manifestó que "las comunidades no son las que protestan sino un grupo de terroristas", y que todo aquel "que se opone al desarrollo del país es un terrorista". La FIDH, reconoce la necesidad de desarrollo en el marco de la Declaración de Naciones Unidas de 1986 que establece que el derecho al desarrollo es un derecho humano que está indisociablemente ligado al respeto pleno de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Por tanto, la FIDH condena fuertemente los graves ataques del Presidente Correa a las comunidades y a los ecologistas. Tratar como terroristas a las comunidades afectadas, no sólo es un despropósito, sino un atentado flagrante desde la más alta autoridad del Ecuador a las libertades fundamentales de estas comunidades y a los ambientalistas.

La FIDH ve esta situación como muy grave ya que mediante la declaración del Estado de Emergencia se vulneran las libertades fundamentales de expresión, asociación y reunión, protegidas tanto en la Constitución ecuatoriana como en los instrumentos regionales e internacionales de protección de los derechos humanos. Estos hechos contradicen abiertamente la sentencia de la Corte Interamericana (Caso Zambrano y otros contra Ecuador, julio de 2007) en la cual la Corte dispuso que el Estado debe adecuar su legislación interna en materia de estados de emergencia y suspensión de garantías, que no debe utilizar estados de emergencia para combatir protestas populares y que tampoco debe utilizar la Ley de Seguridad Nacional para que militares efectúen control del orden interno. También, el haber decretado la censura previa de los medios de comunicación para que no pudieran difundir la información aparte del bando militar constituye una violación del artículo 13§2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La FIDH urge las autoridades ecuatorianas a que se liberen las personas que están detenidas arbitrariamente y a que se levanten los cargos que pesan contra ellas. Asimismo, la FIDH llama a que se investiguen las denuncias de torturas y malos tratos a fin de que los responsables de estos actos sean juzgados y sancionados conforme a lo que la ley prevé, a lo largo de un juicio justo e imparcial.

Es fundamental que se abra sin más tardar un diálogo entre las partes para que se cumpla con los compromisos asumidos en el 2005. La FIDH también pide al gobierno que, conforme a la sentencia de la Corte Interamericana, se proceda a la reforma inmediata de la Ley de Seguridad Nacional que constituye un grave quebranto a las obligaciones contraídas al ratificar la Convención Americana. Llamamos igualmente al Presidente Correa a rectificar públicamente sus declaraciones que ligan la protesta social al terrorismo y a garantizar que los frutos del desarrollo lleguen a toda la población ecuatoriana, comenzando por garantizar que las comunidades concernidas directamente en la explotación de los recursos naturales sean adecuadamente consultadas para ser beneficiarias del desarrollo y no víctimas del mismo.