En los últimos meses del año 2007, se difundió en el exclusivo Club Regatas Lima el nombre del nuevo candidato a socio: el Presidente Alan García Pérez. Pocos socios se preguntaban cómo podría Alan García pagar la costosa membresía. García confirmaba así su voluntad de incorporarse a la clase alta limeña, la misma que tanto lo había odiado durante su primer gobierno.

Pocas semanas después, para demostrar su propósito de enmendar “los errores del pasado”, García escribió el artículo El Perro del Hortelano, en el cual reflejaba su forma de pensar respecto a los más pobres del Perú, los campesinos y nativos, quienes súbitamente eran percibidos como responsables del atraso del país.

A lo largo del año 2007, el régimen ha llevado a cabo diversas políticas contrarias a los intereses de la mayoría, en especial, mediante su apoyo desproporcionado a actividades extractivas como la minería. Los campesinos de Piura que preferían dedicarse a la actividad agrícola fueron llamados “enemigos del Perú”. El mismo calificativo recibieron las ONGs y los congresistas que se oponían al TLC con Estados Unidos, en una manifestación de permanente intolerancia.

Desde que comenzó su segundo mandato, García manifestó su actitud autoritaria y contraria a los derechos fundamentales. Planteó la reintroducción de la pena de muerte, hacia las personas que, según él, “no merecen vivir”. La oposición de numerosos sectores sociales, entre ellos el Poder Judicial y la Iglesia Católica, lo llevó a retroceder, pero, sin embargo, durante su primer año de gobierno al menos 10 personas han muerto por la acción de las Fuerzas Policiales.

Todas las víctimas estaban desarmadas, desde Jonathan Condori, el adolescente de Sicuani que protestaba contra los bares clandestinos hasta Imel Huayta, el niño de Ilave que viajaba en un camión junto con sus padres. Dos profesores del Sutep, un empresario limeño, un taxista de Apurímac, dos trabajadores mineros de Casapalca son otros integrantes de esta lista, que se incrementa desde que Luis Alva Castro asumió el Ministerio del Interior y comenzó a declarar que había que reprimir sin contemplaciones a la delincuencia.

Precisamente, el régimen se ha caracterizado por percibir como delincuentes a las personas que protestan contra la política económica que viene siendo aún más neoliberal que en tiempos de Fujimori o Toledo. Esta criminalización de la protesta se produce desde el hecho que quienes no tienen garantías policiales, no pueden protestar. La solicitud de garantías se ha convertido en una inconstitucional solicitur de autorización y numerosas personas han sido detenidas y golpeadas por la policía, simplemente por participar en “manfiestaciones no autorizadas”.

A la libertad de expresión no le ha ido mejor: tres emisoras y tres canales de televisión fueron clausuradas por haber difundido el asesinato de un joven chimbotano por la Policía Nacional. Meses después, fue también violentamente clausurada Radio Orión en Pisco, por haber denunciado la desidia del régimen hacia los damnificados del terremoto.

Respecto a la libertad de asociación, afortunadamente el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda contra la ley que pretendía coaccionar la libertad de las ONGs y evitar que tuvieran cualquier fiscalización contra el gobierno y su política económica.

Las presiones de las empresas mineras han llevado que se realicen operativos de seguimiento desde los servicios de inteligencia contra los dirigentes de movimientos ambientalistas, sean religiosos, campesinos o periodistas. Aparentemente, estos operativos se han convertido en rutina y sólo se produjo un escándalo cuando se reveló que algunas empresas compran a funcionarios de la Marina de Guerra y otras instancias la información que obtienen.

En el caso de GRUFIDES, la ONG que se ha enfrentado valientemente a la empresa minera Yanacocha, tenemos que sufrieron un gran operativo de seguimiento, aparentemente financiado y dirigido por la propia empresa o por su empresa de seguridad denominada Forza. A pesar de haber sido denunciados, estos hechos se encuentran en la impunidad.

El régimen parece cada vez más cerca del totalitarismo, como se aprecia en los once Decretos Legislativos publicados el 22 de julio. Allí se dispone la inimputabilidad de los policías y militares que asesinen o hieran civiles empleando sus armas de reglamento, siempre que se encuentren en el cumplimiento de su deber.

Igualmente se señala que serán procesados por extorsión aquellos manifestantes que obstruyan las vías públicas, con penas de hasta 25 años de prisión.

Se faculta a la Policía Nacional a detener una persona hasta 24 horas después de cometidos los hechos que se le atribuyen, siempre que se tengan testigos o pruebas materiales, los cuales pueden ser fácilmente sembrados. Las personas acusadas de “extorsión” pueden permanecer hasta siete días detenidos sin pasar al Juez.

Mientras miles de personas vienen firmando para respaldar la acción de inconstitucionalidad contra los decretos mencionados, el régimen parece cada vez más lejano de sus ofrecimientos iniciales de enfrentar la pobreza.

El 97% de los empresarios lo respalda y es muy comprensible, porque piensa a toda costa en favorecerlos. Cuando se produjo el terremoto en Ica, conformó un organismo el FORSUR, dirigido a promover intereses empresariales antes que a ayudar a los damnificados.

En realidad, García prefiere gobernar para sus socios y la mayoría de peruanos no lo es. Por eso, seguramente se sentirá bien siendo socio de un club exclusivo y machista, como Toledo se sentía tan bien en Punta Sal. En el Regatas Lima todo parece ser “como antes”, sin que nadie cuestione quiénes detentan el poder y la riqueza.

Afianzar un modelo económico que favorece a una minoría es el mejor camino para la polarización social y la violencia. Si no queremos que esta última regrese, un cambio de rumbo se hace indispensable.