Nos dirigimos a la opinión pública consternados por el actuar del Gobierno que encabeza la Presidenta Michelle Bachelet el que ha mantenido absoluto silencio frente a la huelga de hambre que en la cárcel de Angol mantuvieron cuatro dirigentes mapuche y que aún mantiene Patricia Troncoso Robles, con peligro inminente de muerte.

Como es de conocimiento de la opinión pública Florencio Jaime Marileo Saravia, Juan Millalen Milla, José Benicio Huechunao Mariñan, Héctor Llaitul Carillanca y Patricia Troncoso han sido condenados por aplicación de la Ley Antiterrorista en procesos cuestionados por haber carecido de mínimas garantías procesales y que han derivado en penas desproporcionadas e injustas. En efecto, cumplen condenas de 10 años y un día por el supuesto delito de incendio terrorista de una plantación forestal perteneciente a Forestal Mininco S.A. Fueron además condenados a pagar 425 millones de pesos por concepto de indemnización.

A setenta y dos días de la huelga de hambre los comuneros Florencio Jaime Marileo Saravia, Juan Millalen Milla y José Benicio Huechunao Mariñan depusieron la huelga de hambre y lo propio hizo Héctor Llaitul Carillanca a 80 días de haber comenzado la huelga. En una declaración pública difundida en el día de hoy, Héctor Llaitul Carillanca informa que depone a huelga - a pesar de no haber obtenido ninguna respuesta del gobierno a sus demandas y teniendo como única opción la muerte - en consideración a los ruegos del pu Lonko y sus familiares.

En primer lugar, queremos ponderar la valerosa acción de Héctor Llaitul Carillanca y de los dirigentes mapuche por la vida. Estimamos que es un ejemplo de consecuencia y amor por el mapu, su pueblo y sus seres queridos. Condenamos y calificamos de inmoral cualquier intento del gobierno de capitalizar estos hechos como una victoria política y, por lo mismo, instamos a las autoridades a responder a las demandas formuladas por los mapuche presos en Angol.

Cabe representar la falta de voluntad política de la Presidenta Bachelet y de sus colaboradores quienes no han dado cumplimiento a las promesas contraídas con los presos mapuche. Las instancias de diálogo se frustraron, los voceros de los presos convocados por el Ministro del Interior a una mesa de trabajo destinada a buscar soluciones en el marco de la institucionalidad fracasaron porque las autoridades desistieron de estas posibilidad y los compromisos de beneficios carcelarios en base a los cuales depusieron la huelga Marileo, Millalen y Huenchunao fueron burlados por las autoridades tan pronto éstos depusieron la huelga.

Hoy, a 82 días de huelga de hambre, cuando Patricia Troncoso se debate entre la vida y la muerte, el Ministro del Interior interpelado por su falta de seriedad para respetar los compromisos contraídos, deriva las demandas para resolución del Ministro de Justicia. Tal situación no solo vulnera los derechos mapuche, sino que constituye una burla para los dirigentes mapuche, y juega negligentemente con su vida, lo que consideramos una actitud inmoral

En estos momentos, queremos insistir que en el caso estamos frente a situaciones de vulneración de derecho y abusos cometidos por el Estado que han sido constatadas por diversos organismos internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch, el Relator Especial sobre libertades fundamentales y derechos de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, el Comité Derechos Económicos y Sociales (DESC) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y, en marzo del año 2007, por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Todas estas instancias internacionales han condenado el uso de legislación antiterrorista para la persecución de la protesta social, y eventualmente de delitos comunes que puedan haber cometido los mapuche en el marco de los conflictos por tierras. Estos organismos han hecho un llamado a las autoridades para que en cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, a través de la suscripción de los principales tratados sobre derechos humanos, reviertan a la brevedad esta situación.

De particular relevancia en este sentido es lo señalado en marzo este año por el Comité de Derechos Humanos, al manifestar su preocupación ante la definición amplia de terrorismo comprendida en la Ley Antiterrorista 18.314, lo que ha permitido que miembros de la comunidad Mapuche hayan sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social, relacionados con la defensa de los derechos sobre sus tierras. Respecto a la misma Ley el Comité observa que las garantías procesales, conforme al 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos del que Chile es signatario, se ven limitadas bajo la aplicación de esta ley.

Para abordar esta situación dicho Comité recomienda en forma vinculante al Estado chileno “adoptar una definición más precisa de los delitos de terrorismo, de tal manera que se asegure que individuos no sean señalados por motivos políticos, religiosos o ideológicos” Agrega que “tal definición debe limitarse a crímenes que ameriten ser equiparados a las consecuencias graves asociadas con el terrorismo y asegurar que las garantías procesales establecidas en el Pacto sean respetadas”. (parág. 7)

La situación que estos organismos de derechos humanos constatan y denuncian adquiere mayor connotación este año en que la Organización de Naciones Unidas ha aprobado la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, y Chile concurrió con su voto ha dicha aprobación.

En razón de lo expuesto, instamos a las autoridades a que, en consonancia con las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos antes referidas, los compromisos contraídos con los presos mapuche y el riesgo de muerte en que se encuentra Patricia Troncoso, respondan a las demandas formuladas, considerando la situación de injusticia que generan las condenas que se les han impuesto. Ello antes de que se deban lamentar la muerte de una persona que ha consagrado su vida a la defensa de los derechos mapuche lo que sin lugar a dudas agravará la situación de conflicto que, lamentablemente, se ha transformado en una constante en la relación entre los pueblos indígenas, el estado y la sociedad chilena.

Santiago, 3 de enero de 2008

Nancy Yáñez

José Aylwin

Co - Directores

Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas