Montevideo

Además de ser un dinámico e inclaudicable activista desde el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos (MJDH) de Porto Alegre, Jair es un antiguo compañero de ruta de la Rel-UITA. A su paso por Montevideo, Sirel conversó con él para hacer un balance del año que termina sobre el tema de los derechos humanos en la región.

-¿Qué opinión tienes sobre el procesamiento del ex dictador uruguayo Gregorio Álvarez?

-Se trata de un hecho extremadamente importante. Quiero llamar la atención sobre algo realmente peculiar, y es que en Uruguay hay en este momento dos ex presidentes en prisión, acusados de delitos de lesa humanidad: Juan María Bordaberry, elegido constitucionalmente y luego cabeza visible del autogolpe de Estado de 1973, y el teniente general Gregorio Álvarez, el “Goyo”, prácticamente autodesignado Presidente de la República durante la dictadura (1973-1985). Esto no sólo es importante para el Uruguay, sino también pedagógico para toda Sudamérica, especialmente para el Cono Sur y Brasil. Si queremos vivir en una democracia consolidada, es fundamental examinar lo que ocurrió en nuestros países durante los “años de plomo”. Debemos exigirles responsabilidad a los autores directos e indirectos de los crímenes contra los derechos humanos, a quienes ejecutaron las acciones y a quienes tenían el mando cuando ocurrieron esos hechos. Por eso, este es un momento único, extraordinario en la historia uruguaya, y también una situación, como dije, muy pedagógica. Si hace un año, alguien me hubiese preguntado si me parecía posible que en Uruguay pasaran estas cosas, habría contestado que no. Pero en un período muy corto se produjeron cambios profundos que las hicieron posible.

 -¿Cuáles fueron esos cambios?

-Siempre digo que el último Poder del Estado en redemocratizarse es el Judicial. Es ese Poder el que está tomando estas decisiones en Uruguay, y esto en un país donde todo el mundo se conoce, lo que siempre es más problemático. Es una victoria del pueblo uruguayo y de la democracia, porque se empiezan a afirmar sus principios esenciales.

 -Se podría pensar que hasta ahora la justicia estuvo coartada por una interpretación restrictiva que hicieron los Presidentes anteriores de la Ley de Caducidad que, justamente, otorga al primer mandatario la facultad de decidir qué se puede investigar y qué no.

-Puede ser, pero creo que, si hubiese querido, la justicia podría haber avanzado más. Y me refiero al pasado reciente, porque hay que recordar que durante el primer año de este gobierno, con una interpretación abierta de la Ley de Caducidad como ahora, la justicia archivó una gran cantidad de casos, como por ejemplo el del asesinato y desaparición de María Claudia García de Gelman, la nuera del poeta argentino Juan Gelman. Quiere decir que había una combinación de factores: un Ejecutivo que no quería y una justicia que se acomodó a esa situación. Por otra parte, hubo también un notorio cambio en la actitud de la Fiscalía. El Poder Judicial se mueve por provocación de los fiscales, y sin eso no pasa nada. La posición del Ministerio Público fue durante mucho tiempo por lo menos cuestionable, mientras que ahora cumple realmente con su tarea, en nombre de la sociedad. Pienso que los uruguayos pueden estar felices de que en este nuevo tiempo se esté haciendo justicia por lo que ocurrió durante la dictadura.

-En estos días también hubo el procesamiento de varios represores en Argentina.  (1)

-Es la primera condena después de que la Suprema Corte de Justicia argentina declaró ilegales las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. Se trata de un juicio por hechos bastante recientes porque datan de 1980, lo que le otorga una importancia suplementaria. Además, se condena a un general que fue un comandante del Ejército y, una vez más, a Julio Simón, conocido como el “Turco Julián”, que es un verdadero monstruo, un personaje extremadamente peligroso que actuó mucho en la frontera brasileño-argentina. Con mis compañeros del MJDH, inclusive, lo estuvimos buscando en una época en la que él estaba prófugo de la justicia argentina y se había ocultado en la ciudad fronteriza de Uruguayana.

-¿Por qué dices que es un monstruo?

-La crueldad de este hombre no tiene parangón. Llegó hasta a torturar y desaparecer a personas con capacidades diferentes. Recuerdo particularmente el caso de una señora cuyo nombre no tengo ahora presente, a la que detuvo en la estación de trenes estando ella en silla de ruedas. Se supo después que el “Turco Julián” la secuestró, la torturó, la violó y la hizo desaparecer, y hay otros dos o tres casos del mismo tenor en los que participó este personaje siniestro. Por si esto fuese poco, había formado una patota, una banda, que además de cometer todos estos crímenes robaba a las víctimas.
 
-Tu testificaste en Buenos Aires durante el juicio contra él, ¿no es así?

-Sí. Fue algo muy impresionante, porque la estrategia de defensa de esta gente incluyó citar como testigos a militantes y activistas de los derechos humanos, y hasta a familiares de sus propias víctimas. Quiere decir que yo fui testigo por la parte del reo, no de la acusación. Lorenzo Ismael Viñas fue una de las víctimas de la banda del “Turco Julián”; era un joven estudiante de medicina, hijo del conocido escritor argentino David Viñas. Cruzó la frontera en Uruguayana hacia Brasil y desapareció. Su compañera de entonces, Claudia Allegrini, fue llamada a testificar por la defensa de los criminales, y como yo actué en este caso haciendo la denuncia en Uruguayana y emplazando al gobierno de Brasil para que asumiera su responsabilidad, también me llamaron a declarar. Mi impresión es que ellos querían desmoralizar a quienes los denunciamos, pretendían desacreditarnos ante la justicia. Creo esto porque las preguntas que me hicieron los abogados de la defensa apuntaban a demostrar que no conocía a fondo el tema de las violaciones a los derechos humanos; por ejemplo, me pidieron que nombrara otros seis casos similares a éste, cosa que hice relatando casos en los que intervine, que fueron reconocidos por el gobierno brasileño ya que indemnizó a los familiares de las víctimas de la coordinación entre los represores de ambos países. Querían encontrar fallas en nosotros para poder acusarnos de mentirosos.

 -¿Quiere decir que 2007 termina teniendo un balance positivo en este tema?

-Bastante positivo, con un avance importantísimo. Y reitero, tanto en Uruguay como en Argentina, con ejemplos muy pedagógicos, especialmente para nosotros, los brasileños, porque en nuestro país ni el militar de más bajo rango fue siquiera molestado por la justicia en relación con las violaciones a los derechos humanos. Este año los familiares de una víctima de estos hechos introdujo en la justicia lo que se llama una “acción declaratoria” cuyo efecto es reclamar que el coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra -quien fue agregado militar en la embajada brasileña en Montevideo- fuese declarado “torturador”; sólo eso, no se pedía prisión ni indemnización, sólo la declaración. Lo que pasó fue que este coronel escribió rápidamente un libro para decir que sigue siendo “víctima de los terroristas” y realizó una gira por todas las capitales de Brasil presentando el libro, reuniendo a militares retirados, pero muy influyentes. En Rio de Janeiro lo acompañaron cerca de 400 oficiales, en São Paulo igual. O sea que esta mera solicitud de acción declaratoria provocó una impresionante contraofensiva. Por eso digo que lo que está ocurriendo en los países vecinos es muy didáctico, porque Brasil está muy mal en este tema.

Nota

(1)  El juez argentino Ariel Lijo condenó a mediados de diciembre a siete militares a penas de entre 20 y 25 años de reclusión en la causa por la desaparición de cinco miembros de Montoneros en 1980. Los condenados son el ex general Cristino Nicolaides, titular del Tercer Cuerpo de Ejército; Pascual Guerrieri, que operó en el litoral; Carlos Fontana; Waldo Roldán; Luis Arias Duval y Santiago Hoya, quienes participaron además en el entrenamiento de la contra nicaragüense en una base de Honduras; Juan Carlos Gualdo; y Julio Simón, alias el “Turco Julián”. Todos fueron declarados culpables de “asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, apremios ilegales y reducción a la servidumbre”.

Fuente: Servicio Informativo de la Regional Latinoamericana  (SIREL) de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas,  Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (Rel-UITA)
http://www.rel-uita.org