La muerte de Matías Catrileo, a manos de agentes del Estado, ha puesto en discusión los elementos que deben caracterizar una política de seguridad en un sistema democrático. Es evidente que ningún gobierno puede renunciar a la labor de mantener el orden público, lo que es parte esencial del bien común.

Al mismo tiempo, no toda movilización social es per se legítima y conducente. Es posible que sus motivaciones y sus formas de incidencia alteren los derechos de otras personas y por lo tanto no es posible prescindir a priori de la labor policial.

Lo que está en discusión es la forma como se ejerce esta misión en Chile, como se define su accionar y especialmente las responsabilidades políticas y penales de quienes vulneran los derechos humanos al realizar esta tarea. Una forma de clarificar esta discusión es comparar la manera en que otros gobiernos latinoamericanos enfrentan situaciones de conflicto con el estilo en que nuestro gobierno lo hace habitualmente.

Bolivia y Ecuador han afrontado en los meses recientes situaciones en las cuales la efervescencia política ha llevado a la policía a tener que contener manifestaciones con un alto grado de violencia. En el caso de Ecuador se trató de las protestas de la población amazónica de Dayuma, en la provincia de Orellana, en diciembre de 2007. En Bolivia está el caso de las protestas de habitantes de Sucre, el 24 de noviembre de 2007, a razón de la demanda de capitalidad plena de esta ciudad.

En Dayuma ciudadanos encapuchados, con tacos de dinamita en sus manos, amenazaron al personal de Petroecuador para que cierren las válvulas del petróleo de la planta instalada en el lugar. Esta protesta expresó una larga historia de abandono y olvido por parte de las autoridades centrales.

En el proceso de recuperación del control de esta planta se denunciaron excesos por parte de la fuerza pública. Se decretó Estado de Emergencia y la actuación militar en la zona, atemorizó a la población. No se reportaron lesionados por parte de la población civil pero si amenazas por parte de los uniformados. Por otra parte, varios policías fueron heridos por los manifestantes.

Lo interesante es que luego del suceso, el presidente destituyó al ministro del Interior Gustavo Larrea, y constituyó una Comisión Veedora de los hechos ocurridos en Dayuma, compuesta tanto por el Ministro de Justicia y derechos humanos como por organismos independientes: la fundación Inredh, el Servicio Paz y Justicia, y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.

El 10 de enero de 2008 esta comisión ha evacuado un informe completo de la situación acaecida con las respectivas recomendaciones. La principal conclusión sostiene que la Fuerza Pública no estuvo preparada, en ese momento, para las detenciones que se ejecutaron, hecho que se reflejó en la forma en que los detenidos fueron transportados. La recomendación que sugiere la Comisión es que se implementen mecanismos que prevengan conflictos e incorporen a la ciudadanía en propuestas integrales de desarrollo social, productivo y de seguridad, que beneficien a todas las comunidades de la Amazonía.

En el caso boliviano, las protestas las protagonizó el comité interinstitucional, conformado por grupos e instituciones de Sucre, que se rebelaron contra el gobierno central a través de intentos violentos por impedir la reinstalación de la Asamblea Constituyente por medio de bombas molotov, dinamitas y armas. En ese camino grupos de choque de la alcaldía y de los universitarios provocaron cientos de heridos y 4 muertos, además de la toma física e incendio de las instituciones públicas y particularmente de la policía.

La investigación ha clarificado bastantes elementos respecto a estas muertes: una de ellas fue la de un policía, Jimmy Quispe, linchado por los manifestantes. Respecto de los tres muertos civiles, se ha establecido que el abogado de 29 años, Gonzalo Durán, murió por un proyectil calibre 22 ó 25 que no es el arma que utilizan los policías ni los militares bolivianos.

Las otras dos muertes se siguen investigando, pero se sabe que José Luis Cardozo, de 19 años, falleció por las lesiones que le ocasionó también una bala en la cabeza y Juan Carlos Cerrudo recibió un fuerte golpe de un proyectil en el tórax que le provocó la muerte por hemorragia interna. La policía boliviana tenía prohibido el uso de armas de fuego, muchos de ellos ni las portaban, y sólo utilizó agentes químicos y en algunos casos balines se goma.

Lo que es de interés es la actitud del gobierno boliviano, que ha buscado generar todas las condiciones para esclarecer estas muertes. Para ello, el 9 de enero, el vicecanciller Hugo Fernández anunció que el gobierno del presidente Morales pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA investigar las tres muertes de civiles ocurridas durante los disturbios producidos en la ciudad de Sucre en noviembre pasado por medio de "una comisión de forenses".

Por medio de esta apelación se permitirá garantizar una investigación independiente, imparcial, completa y concluyente de los sucesos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una de las dos entidades del sistema interamericano de protección de Derechos Humanos integrada por 7 juristas electos de los países miembros de la Organización de Estados Americanos.

Estos dos casos nos permiten confrontar la actitud de las autoridades chilenas ante el crimen de Matías Catrileo. No es extraño que la actitud de los manifestantes mapuches haya sido la desconfianza y el recelo a entregar el cuerpo de Matías. Basta recordar que el mayor Marco Aurelio Treuer, responsable por la muerte de Alex Lemún, en 2002, fue absuelto por la corte marcial encabezada por el Teniente Coronel José Pinto Aparicio. Este mismo oficial ha sido designado fiscal para investigar los sucesos del fundo Santa Margarita en los que falleció Catrileo.

Las comparaciones pueden ser odiosas, pero es altamente revelador como en otros países latinoamericanos se generan todas las condiciones para que las investigaciones de las intervenciones policiales cuenten con la mayor transparencia y claridad pública. En cambio, en Chile sigue imperando los alambicados recovecos de la justicia militar, que no dan la más mínima garantía a quines han visto violados sus derechos por parte de los agentes del estado.

La agenda por lo tanto es amplia: se requiere de instrumentos que permitan dar garantías a las investigaciones de este tipo de sucesos, incorporando a la ciudadanía, especialmente a los organizamos de DDHH, a nivel nacional e internacional. Y sobre todo, hacer efectiva la responsabilidad política de quienes tienen parte de estos sucesos.

Más allá de la mano del cabo Walter Ramírez, actualmente acusado de la muerte de Catrileo, está la responsabilidad de sus mandos policiales directos, y sobre todo, de las autoridades políticas que diseñaron las políticas de intervención policial en el conflicto mapuche. Es a la presidenta a quién corresponde exigir que estas autoridades asuman su parte en este momento.

- Alvaro Ramis es teólogo. Miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital.

Fuente: Crónica Digital (Santiago de Chile)
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