Bajada: La Corte Suprema declaró "demente" a Pinochet para, así, poner fin a su procesamiento, que lo sindicaba como principal responsable de los crímenes de 75 chilenos en la llamada "Caravana de la Muerte". La apuesta del gobierno y la derecha es imponer la impunidad total. Para la prensa fue una "sorpresa" la amplia decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema, que por cuatro votos a uno sobreseyó definitivamente por "razones de salud mental" al ex dictador Augusto Pinochet Ugarte, en el caso "Caravana de la Muerte". Sorpresa cuestionable que desprecia, en definitiva, las evidentes presiones y apuestas de los llamados "poderes fácticos" y el gobierno de Ricardo Lagos Escobar. El voto "disidente" del ministro José Pérez optó por el "sobreseimiento temporal", mientras Alberto Chaigneau, Enrique Cury, Milton Juica y Nibaldo Segura, estimaron que la "demencia vascular subcortical", diagnosticada a principios de 2001, es "irreversible". Ese era el único camino que tenía Augusto Pinochet para escapar de la justicia. Lo recalcaron los abogados de derechos humanos, desde que el gobierno se "comprometió" a juzgarlo en nuestro país, luego del intenso lobby para evitar que fuera extraditado a España, donde lo esperaba el juez Baltasar Garzón. El gobierno británico lo entregó a Chile bajo el compromiso de que sería juzgado. Sin embargo, y es evidente, volvieron a primar las presiones para evitarlo, ahora definitivamente. La impunidad pareciera enseñorearse en nuestro país, tendiendo un manto vergüenza sobre las miles de ejecuciones, desapariciones, torturas, prisión política y exilio. El general Augusto Pinochet escapa a la justicia por "loco" y no por "inocente". El dictamen de la Corte Suprema no reconoce la inocencia de Pinochet, quien dejará de ser imputado por el caso "Caravana de la Muerte". Sin embargo, este fallo será la excusa para que pueda librarse de todos los otros procesos. La "jugada", que marcará un hito en la Operación Impunidad que se viene gestando desde el inicio del propio gobierno de facto del dictador, será un poderoso antecedente para evadirse de los demás procesamientos, incluyendo el del ex comandante en Jefe y ex vicepresidente de la República, general Carlos Prats González, y otros. El fallo pone fin -en cuanto a la responsabilidad de Augusto Pinochet Ugarte- al proceso que inició el juez Juan Guzmán en marzo del 2000, cuando el dictador retornó de Inglaterra luego de 503 días de "arresto domiciliario". Este es el paso más importante para la Operación Impunidad, que tendrá su culminación en el intento de imponer una "amnistía general", idea que ya está cobrando fuerza en sectores políticos del Partido por la Democracia (PPD) y del Partido Socialista (PS). La derecha y los militares apuestan por una salida total a las violaciones a los derechos humanos e, incluso, en más de una oportunidad han señalado la "conveniencia de una amnistía desde 1965 hasta 1991", para incluir a los responsables de la muerte del senador UDI Jaime Guzmán. En este cuadro -luego del fallo-, no resulta ilógica la anterior jugada de la UDI al proclamar su intención de "liberar a 13 presos políticos" -que permanecen, en su mayoría, en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS)-, y propiciar una salida "jurídica" para acelerar procesos e incluso rebajar condenas mal aplicadas. Para la UDI -vocera del militarismo-, los presos políticos son una excelente "moneda de cambio" para imponer un "salida total", canjeándolos por violadores a los derechos humanos. Obviamente, los presos políticos rechazan una salida que implique un chantaje o ser considerados "monedas de cambio", como lo han afirmado en todos sus comunicados desde que se iniciaron las conversaciones entre monseñor Alfonso Baeza, la comisión de parlamentarios y abogados de derechos humanos que los representan. Entre los 13 presos políticos que la UDI está dispuesta a liberar se encuentra Rodrigo Morales Salas (FPMR), preso político de la dictadura, condenado por el secuestro del coronel de Ejército Carlos Carreño, en 1987, y que aún no ha sido indultado por el gobierno. Impunidad en todo su esplendor Aquí también se enmarcan las fuertes presiones contra los ministros especiales que investigan "el destino de los detenidos desaparecidos", presiones tratadas en más de una oportunidad en estas páginas. El Informe de la Mesa de Diálogo, que se comprobó plagado de "errores" -y, a todas luces de "información falsa"-, es parte concomitante de esta Operación de Impunidad y "solución final". Pinochet es "ininputable", a pesar de ser el responsable máximo de todas las violaciones a los derechos humanos. No falta poco para que los que ejecutaron los crímenes señalen que "recibieron órdenes al más alto nivel", que "sólo cumplían órdenes emanadas de la Junta de Gobierno" y, particularmente, en el caso de la DINA y la CNI, del propio general Pinochet. Incluso, los abogados que defienden a miembros de las FF.AA. y de Orden solicitaron que se ponga fin a todos los procesos de derechos humanos porque, a su juicio, no tiene sentido seguir son ellos. Si esta "lógica" se impone, la impunidad se habrá instalado en todo su esplendor, echando por tierra la pequeña luz de esperanza en los juicios que han avanzado algo en los últimos años. Según el secretario de la Corte Suprema, Carlos Meneses, el tribunal decidió no continuar el procedimiento "en contra del general Pinochet, y consecuentemente, dictar sobreseimiento definitivo a su favor. Esto a raíz de que los problemas mentales de Pinochet, a juicio de estos magistrados, lo inhabilitan para que se sustancie un proceso en su contra". Esa es la tesis oficial. Es una vergüenza que Augusto Pinochet y sus abogados lacayos hayan dilatado una y otra vez el juicio, presentando sinnúmero de recursos, alegando la jurisdicción de Chile, etcétera, etcétera, para, finalmente, declararlo "loco" ante el cúmulo de pruebas que lo revelan como el principal responsable de asesinatos y desapariciones, entre otros crímenes de lesa humanidad. Hace un año, el general Pinochet fue "sobreseído temporalmente": uno de los pasos de la jugada mayor que se quiere imponer y que tuerce las propias leyes. Incluso, en su momento, se ocupó el "subterfugio" de invocar una causal que no está contemplada en la legislación vigente (artículo 408 número 6 del Código de Procedimiento Penal), y que corresponde al nuevo Código Procesal Penal que no está vigente en la Región Metropolitana: Un absurdo más del caso. Otra arista del entuerto es que Augusto Pinochet Ugarte vuelve a ser "senador vitalicio" e incluso podría intentar ir al Senado a coronar su impunidad y demostrar su intocable poder. Sus allegados y defensores le proponen que se retire definitivamente de la "vida política", acogiéndose al Estatuto de Garantías de los ex Presidentes, que lo incluye, por arte de magia y gracias a la negociación Concertación-derecha como uno de los ex presidentes de la República a pesar de que nadie nunca lo eligió. Quedan aun vías jurídicas para impedir su retorno al Senado y tratar de revertir el absurdo fallo de la Suprema, pero este país es digno de Ripley, por lo que cualquier cosa puede ocurrir de aquí a dos o tres semanas. El presidente de la Cámara Alta, Andrés Zaldívar (DC), solicitó un informe "en derecho" a la comisión de Constitución para que aclare el punto, ya que a su juicio existe "un vacío legal en materia de inhabilidad". El intento de "ponerse el parche antes que la herida" es para evitar que nuestro país se enfrente un nuevo bochorno con un "loco" en el Senado, lo que terminaría por sepultar a Chile. La recta final Pinochet se encontraba desaforado y procesado por "Caravana de la Muerte", y fue sobreseído en esa causa y no en las otras, según la interpretación de los abogados querellantes, que pueden solicitar un nuevo desafuero. Sin embargo, como dijimos antes, el fallo será un antecedente lapidario que se impondrá en los otros juicios y que incluso puede extenderse a todos los casos de violaciones a los derechos humanos. El abogado Hugo Gutiérrez señaló a poco de conocer el fallo que "Pinochet está inhabilitado para volver al Senado. Desde el momento en que estudios médicos avalan su 'delicado estado' no puede ni debe ejercer cargos públicos". El debate está recién comenzando. Lo que espera a Pinochet ahora es el caso Prats, pero, en el supuesto que se le desafuere, finalmente la Corte Suprema no aceptará su procesamiento, y menos su extradición, por "razones de salud". Pagina 12, el prestigioso periódico argentino, informó sobre el fallo que "el secretario de la Corte Suprema, dijo la palabra 'definitivo' y borró de un plumazo un proceso que empezó el 16 de octubre de 1998 lejos de tierras chilenas. Para garantizarle la impunidad en las cortes internacionales, para inmunizarlo del juez Baltasar Garzón, el gobierno chileno tuvo que prometer que enjuiciaría al ex dictador. Y el 3 de marzo del 2000, cuando el supuestamente moribundo Pinochet se levantó de su silla de ruedas movido por el contacto con su tierra natal, otro gobierno, el de Ricardo Lagos, tuvo que demostrar que se podía cumplir la promesa, basado en la investigación del juez Guzmán. Hace casi un año, la Corte de Apelaciones había dicho que quizás no se podía cumplir, al fallar en favor de la 'demencia temporal'. Finalmente, la Suprema agregó que lo temporal pasaba a ser definitivo, consagrando el poder inmenso de la locura. (...) Casi desde el mismo momento en que Pinochet aterrizó en Chile procedente de Gran Bretaña, sus abogados jugaron a dos puntas sabiendo que tendrían que decidirse por una. La primera era negar la responsabilidad directa de Pinochet en 'Caravana de la Muerte', ya que la investigación que a esa altura estaba avanzada impedía la negación simple y llana de los crímenes cometidos en aquel octubre de 1973. La segunda era la salud del ex dictador, para lo cual confiaban en que las 'razones humanitarias' alegadas por el gobierno británico ayudarían. Pero no fue así, por lo que se concentraron en una faceta de la salud de Pinochet, convenientemente maquillada para que encuadre en la única posibilidad que el Código Penal chileno abría para eximir a una persona de un proceso: la demencia". Eso es lo que está en juego en la recta final de la Operación Impunidad. (El jueves 4 de julio, Pinochet se acogió al Estatuto de Garantías de los ex Presidentes de la República, renunciando al Senado y manteniendo su "fuero" y dietas como ex general, ex presidente y ex senador vitalicio).