De nuevo se coloca en la agenda política el tema de una nueva reelección del presidente Uribe y por supuesto esto genera una gran controversia que confunde y contribuye poco a la claridad. Se mezclan varias cosas que tienen sentidos distintos en cualquier sociedad y más si ésta se precia de ser democrática.

Una cosa son las reglas del juego que están consignadas en los marcos constitucionales y legales y que configuran las instituciones de una sociedad. Estas definen los procedimientos a través de los cuales la sociedad selecciona sus gobernantes (acorde con el tipo de régimen político que tenga, trátese de presidencialismos o parlamentarismos), precisa los períodos en los cuales ejercen su mandato los gobernantes, define las calidades, inhabilidades de quienes aspiren a ser electos, entre otros aspectos. El respeto a estas ‘reglas del juego’ es lo que define la seriedad de una democracia y los intentos de modificar estas regulaciones a gusto con los intereses del gobernante de turno o del partido en el gobierno son considerados como una actitud, por lo menos cuestionable. El referendo que propuso el gobierno del Presidente Chávez y que en buena hora fue derrotado por los votantes, justamente buscaba modificar las reglas del juego y establecer la posibilidad de la reelección indefinida –figura extraña en los regímenes democráticos-. La democracia colombiana, si algo ha tenido como un acumulado positivo es el contar con unas instituciones estables, que hacen una figura extraña la terminación anticipada del período de cualquiera de las autoridades que han sido producto de los procesos eleccionarios.

Otra cosa distinta es la popularidad de un gobernante, que reconoce una buena gestión de la administración a juicio de los ciudadanos, pero no es de ninguna manera un criterio o un mandato para eternizarse en el gobierno. No hay duda que la mayoría de los colombianos le reconocen al gobierno del Presidente Uribe los resultados de la política de seguridad democrática –especialmente el fortalecimiento de la Fuerza Pública, los resultados positivos en los indicadores de seguridad, así como la positiva percepción de seguridad- y una gestión de gobierno cercana a los ciudadanos a través de los consejos comunitarios y del microgobierno que lo ha caracterizado. Pero eso es diferente a que basado en los índices de popularidad se deba alterar las reglas del juego para que un gobernante se mantenga indefinidamente en el gobierno.

No me cabe duda que forzar una nueva alteración de las reglas del juego tendría unos daños colaterales para la democracia colombiana, que implicaría borrar con el codo lo que se ha hecho con la mano; sería, en primer lugar, el mensaje más negativo posible a la comunidad internacional. Estaría casi seguro que sería hundir de manera definitiva la posibilidad del TLC con los Estados Unidos, porque no creo que sea defendible ante el Congreso norteamericano apoyar a una democracia que cada vez se desdibuja con medidas como esa. La democracia no es solamente el respeto de mayorías y minorías, sino el respeto a las reglas del juego, es decir a la estabilidad.

Pero adicionalmente habrá otros daños colaterales, cerrará la posibilidad de renovación de las dirigencias políticas en las cuales hay, sin duda, dirigentes que pueden ejercer con lujo de competencias el primer cargo del país, sin ceder un ápice en una política de fortalecimiento de la Fuerza Pública, pensemos en las huestes gobiernistas en Noemí Sanín, Juan Manuel y Francisco Santos, Germán Vargas Lleras, Sabas Pretelt, o en eficientes y caracterizados exmandatarios locales como Lucho Garzón y Sergio Fajardo, o en dirigentes liberales como Rafael Pardo. Es decir, los colombianos tenemos de dónde escoger un buen sucesor del actual Presidente y que garantizara que la política de fortalecimiento institucional y respeto por nuestra soberanía nacional continuará impecablemente.

- Alejo Vargas Velásquez, Profesor Universidad Nacional.