El sistema de salud en Estados Unidos es tema de debate central en la actual campaña presidencial. Cerca de 50 millones de personas, el 16% del total, están desprotegidas. El gasto llega a 2,2 billones de dólares, el más costoso del planeta, y para 2016 se estima en el 19,6% del Producto Interno Bruto subiendo desde el 13,6% de ahora. Un “mercado” de este tamaño no podía estar por fuera del interés de los grandes grupos financieros representados en centenares de firmas aseguradoras que se mueven en él. De cada 100 asegurados, 71 lo están por vía de sus empleadores, 11 lo hacen de manera individual y apenas 32 por programas estatales. Predomina en el sector el “ánimo de lucro”. Las consecuencias de ese modelo son patéticas: es el único país “industrializado” sin cobertura universal, ocupa el puesto 41 en el mundo en cuanto a la tasa de mortalidad infantil y el 45 en cuanto a la edad de expectativa de vida. Si se consideran todos los estándares de desempeño de la OMS para sistemas de salud, como acceso, calidad, eficiencia y equidad, Estados Unidos ocupa el puesto 34 y si se añaden los relacionados con patrones de salubridad apenas está en el lugar 72.

El grueso de la población asiste al servicio cuando está en estado crítico y apenas cuatro centavos de cada dólar gastado en salud se invierten en prevención. ¿Para dónde corre entonces la plata? Los costos de administración (intermediación y ganancia) eran en la década del noventa el 20% del total; en los últimos seis años los pagos a las aseguradoras por persona han crecido cuatro veces más que los salarios. El gasto anual por habitante pasó en una década de 4.178 dólares a 7.129. De ahí que el 27% de los asegurados dudan que puedan seguir siéndolo. Cada vez “se paga más por menos”, hay un 44% de los usuarios insatisfecho por la calidad.

Los candidatos a la Presidencia hacen propuestas al respecto. Los demócratas insisten en la cobertura universal mediante mecanismos como descuentos en impuestos a los ciudadanos, ampliación de programas estales y apoyos a las pequeñas empresas para facilitarles asumir los costos. Así mismo, desean intervenir los márgenes de los prestadores. Los republicanos, con Mac Cain a la cabeza, insisten en los “instrumentos” del mercado y la regulación. Organizaciones como Public Citizen pugnan por un cambio total, por un único sistema bajo control estatal y dicen que hasta la falta de “competitividad” laboral estadounidense tiene que ver con el pago de la salud. Aseveran que, por dicho concepto, un vehículo FORD en Canadá, país que posee uno de los modelos gubernamentales más reputados en salubridad, vale 1.400 dólares menos que en Estados Unidos. Debe añadirse a todo esto, el alto valor de los fármacos, el mayor del mundo, 40% más que en Europa, debido a la posición dominante de un oligopolio de empresas con gran poder de cabildeo que les otorga la inexistencia del control de precios y la vigencia plena de las patentes.

Al empobrecimiento de las clases medias y al perverso sistema de salud los acompaña la situación de los indocumentados, un grupo que creció en un 40% desde el año 2000 y que supera los 12 millones de personas. Un trabajo conocido (Fernández y Useche, 2007) apunta en el centro del problema: “México, y cada vez más los países de Centro y Sur América, se han convertido en prisiones de pobreza de las cuales sus habitantes necesitan escapar en masa”. No en vano el candidato Obama ha propuesto “promover el desarrollo económico en México para disminuir la inmigración ilegal”, a la vez que cree necesario “balancear las necesidades de Estados Unidos de trabajadores inmigrantes”. Esas “necesidades” cobijan los trabajos más arduos, agrícolas, aseo, construcción y similares y recientemente el ejército. Alrededor de 69.300 personas nacidas en el extranjero sirven en las fuerzas armadas de Estados Unidos, casi un 5% del total y de ellas 29.800 no son ciudadanos de ese país; este tipo de reclutamiento se ha incrementado para la invasión a Irak y a Afganistán.

Los problemas sociales del Imperio, que podrían resolverse en alto grado con aportes fiscales del gobierno federal, se agravan paulatinamente porque lo impiden los grandes compromisos militares en los que está embarcado. Estos, que corresponden a una concepción completa del papel en la “globalización”, ocasionan el gravísimo problema de la deuda pública nacional, otro asunto insoluble.