Por la construcción democrática y por el respeto a los derechos humanos

El 2 de julio de 2007, el Presidente Elías Antonio Saca escogió el Municipio de Suchitoto para el lanzamiento de la política de descentralización de servicios públicos incluido el de agua. Tal anuncio fue claramente interpretado por la opinión pública, como una expresa intención gubernamental de poner en manos privadas el servicio de agua potable, lo que provocaría el consecuente alza de tarifas, y por tanto, la falta de acceso para los sectores más empobrecidos del país, ya de por sí excluidos de los servicios básicos.

Esa fecha, ejerciendo sus derechos consagrados en la Constitución Política, las/os pobladores de las comunidades de Suchitoto y de otros municipios se movilizaron para pronunciarse en contra de la inminente privatización del agua. Como respuesta, el gobierno de Antonio Saca ordenó reprimir la protesta mediante el uso excesivo e ilegal de la fuerza ejercida por la Unidad de Mantenimiento del Orden UMO de Policía Nacional Civil y por Unidades Elite de Asalto Policial; fueron movilizadas también unidades de la Fuerza Armada, incluyendo vehículos militares con armas de grueso calibre y helicópteros.

Hasta la fecha, el Presidente de la República no ha logrado justificar “las razones” que tuvo para lanzar contra civiles a la Fuerza Armada, estando ésta reservada exclusivamente para labores de defensa, en casos de emergencia nacional o de amenaza al territorio.

Las referidas unidades golpearon a la población, la agredieron con disparos de balas de goma, le arrojaron gases lacrimógenos, sin importarles la presencia de niños, niñas, mujeres y ancianos. Como resultado del brutal, indiscriminado e injustificado uso de la fuerza, decenas de personas fueron lesionadas, y catorce fueron detenidas bajo condiciones de total arbitrariedad.

Con tal acción el Gobierno del Partido ARENA pretendió justificar la instauración de una “ley antiterrorista”, tratando al mismo tiempo de encubrir la implementación escalonada de un plan de terrorismo de Estado, con el claro propósito de coartar cualquier expresión de descontento popular ante las políticas económicas oficiales que hunden cada día más en la pobreza a las mayorías del país.

Pero el Presidente Saca y su Gobierno no lograron su cometido. Por el contrario, los hechos han puesto en evidencian la violación de los derechos humanos que impera en El salvador a pesar de haberse cumplido ya 16 años de la firma de los acuerdos de paz.; ante la opinión pública nacional e internacional ha quedado claro que la población salvadoreña continúa siendo violentada por el Gobierno de ARENA, en derechos tan elementales como el de organización y de libertad de expresión.

Queremos señalar la extrema gravedad de la conducta del Presidente Saca y su Gobierno, al violar deliberadamente las disposiciones establecidas en la Constitución de la República, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vulnerando el derecho a la libertad personal de los y las detenidas, violando derechos de asociación y reunión, y poniendo en entredicho, en suma, la legitimidad del proceso democrático en el país.

Reflejo de ello es el oscuro rol jugado por la Fiscalía General de la República y el Tribunal Especializado de Instrucción, instancias que lejos de responder a la ética profesional y social, llevaron un proceso viciado por el manoseo político desde el inicio, realizando diligencias plagadas de arbitrariedades. Así, el ya cuestionado sistema judicial salvadoreño, se muestra una vez más como un poder corrupto, indiferente ante el mandato constitucional de proteger los derechos humanos de la población, y al servicio únicamente de intereses económicos y políticos.

Ahora, cuando los compañeros y compañeras han sido puestas en libertad, ahora que ha quedado en evidencia que la acusación carecía de fundamento, queda claro también que el Presidente y su Gobierno, la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, y el Tribunal Especializado de Instrucción, violaron flagrantemente los derechos humanos de la población detenida; que violaron asimismo la Constitución de la República y Convenios internacionales sucritos por el país; y que gracias a la lucha inclaudicable de nuestras organizaciones civiles y democráticas, nacionales e internacionales que nos han acompañado en todo momento, ha sido posible revertir este peligroso retroceso del proceso democrático provocado por la actuación irresponsable del gobierno de Antonio Saca y del partido ARENA.

Queremos agradecer a nombre de CRIPDES y CORDES, y de todas las comunidades a las que pertenecen los compañeros y compañeras liberadas, a todas las organizaciones hermanas que nos dieron su apoyo moral y material en todo momento, a los medios de prensa y periodistas que dieron cobertura con responsabilidad en cada fase crucial del proceso, a la comunidad internacional, a las instancias diplomáticas y agencias de cooperación que creyeron siempre en la causa democrática defendida.

A la ciudadanía en general manifestamos nuestro respeto, y la disposición para proteger el legado de los acuerdos de paz desde nuestras posibilidades y competencias, en beneficio de toda la sociedad; a los distintos sectores sociales, personalidades, partidos democráticos, Ong´s, entidades privadas con responsabilidad cívica, y demás fuerzas vivas que creen en un país mejor, les llamamos a unir esfuerzos para garantizar que el proceso de democratización vaya siempre hacia delante.