En estos días, 3 discusiones de importancia nacional se ventilan en el país: la pena de muerte, la apertura de los archivos militares, y la debilidad del Estado. Éste último engloba varios temas del momento que ocurren debido a grandes debilidades fermentadas durante largos años y que nos proyectan un futuro poco alentador.

Aquí no hay espacio para las medias posturas. O se está a favor de la pena de muerte, o se está contra, las posturas intermedias no existen. La sociedad guatemalteca está divida en esos dos campos. La cantidad de guatemaltecas y guatemaltecos que respaldan la iniciativa de quitarles la vida a aquellas personas que cometieron delitos, es elevada. Muy numerosa diríamos. El origen de su aceptación por la pena capital está enfocado en la debilidad del sistema de seguridad pública y de los organismos de investigación y justicia.

La cólera que provoca ser víctima de un asalto, un secuestro o presenciar uno de los tantos crímenes que se comenten a diario (16 por día indican las cifras oficiales) es motivo suficiente para que iniciativas como la pena de muerte, tengan rápidamente cobijo entre la población, lo cual es preocupante por varias razones. La primera: porque estamos convirtiéndonos en una sociedad en donde el respeto a la vida es casi inexistente. La segunda: porque como país no observamos beneficios de un sistema democrático que nos desprotege y como resultado buscamos mecanismos autoritarios para resolver nuestros problemas y, la tercera: porque demostramos tener una visión muy estrecha de los problemas estructurales que nos han conducido a la situación en la que estamos. La pobreza, la marginación, la falta de un Estado que provea educación, salud y dignidad a sus ciudadanos son problemas que obviamos al momento de buscar soluciones a la delincuencia.

Las reacciones en contra de la pena de muerte son pocas. Al sector empresarial le preocupa y le altera que el país proyecte una imagen de desorden cuando ocurren algunas manifestaciones populares que, según ellos, dañan nuestra imagen en el exterior, pero guardan silencio cómplice en un tema como el comentado, que sí escandaliza a las sociedades de otros países. La prensa también ha fijado su postura a favor de inyectar hasta la muerte a los delincuentes. En el Congreso 140 diputados (de 143 presentes en el hemiciclo) votaron para que se reactivara la pena de muerte. El mensaje está muy claro.

Las iglesias por su parte sí han definido claramente que se oponen a esta medida. Las organizaciones sociales contra la impunidad también saben que condenar a muerte a los criminales no evita ni disminuye la criminalidad en las calles. Eso está comprobado.

En el terreno político la discusión ha dado problemas al Presidente Colom. Por seguir con la línea de lo políticamente correcto, el mandatario se colocó del lado de quienes respaldan la inyección letal. Allí está la mayoría, se habrá dicho con absoluta simpleza, sin considerar el efecto que han tenido sus declaraciones en la comunidad internacional. Ahora el gobierno comienza a retractarse. El vicepresidente ha reiterado que se opone, mientras que Ronaldo Robles, Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, indicó que el Gobierno tiene la intención de iniciar un debate profundo sobre el tema.

Es obvio que falta afinar los canales de comunicación y de entendimiento en el gabinete. En lo que no ha existido contradicción y que todas y todos parecen estar plenamente de acuerdo y convencidos es en la decisión presidencial de abrir los archivos militares para encontrar la verdad de lo ocurrido en los 36 años de conflicto armado interno. En ese tema, el segundo de mayor comentado del momento, parece haber un consenso.

Los señalados de cometer abusos y violaciones a Derechos Humanos, son los únicos que muestran resistencia. Tratan de no ser tan evidentes en su repudio por el anuncio presidencial, pero es natural que se resistan al inicio de un proceso que podría romper esa unidad granítica que los militares tienen cuando de ese asunto se trata. Los militares tienen un pacto de silencio y de unidad en ese tema de los excesos cometidos, que no se observa en otros temas, como el narcotráfico, contrabando y el lavado de dinero, delitos en los que no se tienen pactos de fidelidad.

Para nadie es un secreto que en el marco de la Política de Seguridad Nacional, implementado en América Latina, por mandato de Washington, se cometieron abusos muy graves que atentaron contra cientos de miles de seres humanos, principalmente en aquellos países envueltos en guerras internas. En Guatemala aún recogemos los huesos de quienes fueron secuestrados, torturados y asesinados por agentes del Estado o por grupos clandestinos que operaron al amparo de los organismos de inteligencia del Ejército, desde donde incluso se les suministraron recursos financieros y logísticos. Los culpables, materiales e intelectuales siguen en la impunidad, en tanto nuestra sociedad vive intranquila por un pasado oscuro, violento y desgarrador que por momentos parece tragarnos.

Hay que reconocer con objetividad el hecho que el Presidente haya reconocido pública y abiertamente, que el Estado abusó de su fuerza y es responsable de tantas lágrimas, dolor y muertes causadas en la guerra. No obstante, es imperativo dar el paso siguiente: abrir en verdad los documentos clasificados del ejército que contienen la información sobre las operaciones realizadas en las casi cuatro décadas que duró nuestro sufrimiento. La decisión política ya está tomada, sólo falta ponerla en marcha. Muy grave sería que el Presidente Colom, comenzará a titubear, o se dejara presionar para no escudriñar el pasado en busca de la justicia. Único camino para la reconciliación.

Una empresa como ésta, (la de buscar justicia) requiere de un Estado fuerte, instituciones sólidas y corredores de justicia libres e independientes. Desgraciadamente, esa no es nuestra realidad. Y este es el tercer tema de discusión en el momento: la debilidad del Estado.

En los últimos días hemos presenciado una serie de episodios que ponen en entre dicho la capacidad y autoridad del Estado. Que 29 agentes de la policía sean rodeados, desarmados y secuestrados por un grupo de campesinos, dice mucho de la situación en que se encuentra el Estado; Que los pobladores de Sololá se concentren multitudinariamente para advertir a la policía y a la justicia que si no actúan pronto contra las bandas de secuestradores de su departamento, tomarán acciones con sus propias manos, también es un signo inequívoco, que las cosas están mal; peor aún, que un prófugo asuma la alcaldía del departamento de Jutiapa, en absoluto irrespeto a las leyes, con la abierta complicidad del Concejo municipal y luego siga escondido de las autoridades hasta conseguir la inmunidad que el cargo otorga, es verdaderamente insultante.

La captura de los 9 miembros del Concejo municipal por los delitos de encubrimiento y abuso de autoridad, es como analgésico al dolor, es decir, tranquiliza pero no cura la enfermedad. El Estado debe constituirse como un ente rector de la vida nacional en todos sus ámbitos, incluido el económico, aunque las teorías del capitalismo digan lo contrario, porque hasta el momento, ha quedado comprobado que ese sistema solo ha sido útil para generar desigualdades, pobreza, ignorancia y mucha delincuencia.

A nuestro criterio, el Gobierno de Álvaro Colom tiene las condiciones, políticas e históricas, favorables para poder transformar y corregir el rumbo de al menos 3 temas de fondo: el fortalecimiento de la justicia en un ámbito democrático en el no exista espacio para la impunidad; la reconciliación nacional, que tendrá bases sólidas solamente si se construye sobre las bases de la justicia y el castigo a los causantes de tanta muerte y dolor; y, recuperar el autentico papel del Estado, transformando todo lo que está en sus posibilidades, comenzando inmediatamente con las instituciones del Ejecutivo.

Solamente hay dos advertencias claves: el Gobierno de Colom debe contemplar que los tiempos políticos se pasan muy rápidamente y que andar resolviendo los asuntos del día a día, descuidando las grandes tareas, puede ser muy perjudicial. Y segundo, los funcionarios, pero principalmente el gobernante, debe tener muy claro que andar generando grandes expectativas y ofreciendo más de lo que se tiene capacidad desde el Estado, es un error que el país podría salirle muy caro.

- Erwin Pérez- Editor del Reporte Diario y analista de Incidencia Democrática.

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