Medellín

Silencioso, constante, oculto, dramático. Así es el comportamiento del desplazamiento intraurbano en Medellín, un flagelo que viene golpeando fuertemente a los habitantes de los barrios periféricos de la capital antioqueña, con el agravante de que sus víctimas no cuentan con programas de ayuda humanitaria adecuados ni tampoco se avizora un panorama que permita pensar en su disminución.

Según cifras de entidades oficiales como la Personería de Medellín y el Comité Departamental para la Atención de Población Desplazada de Antioquia, durante el 2007 se registró un aumento cercano al 32% con relación al 2006 de las personas que debieron abandonar de manera forzosa sus residencias para instalarse en otros sitios del Valle de Aburrá, en la mayoría de los casos con detrimento de su calidad de vida.

De acuerdo con los reportes de la Personería, el año anterior 1.027 personas denunciaron haber sido desplazadas forzosamente de sus barrios, de las cuales un 90% de los casos corresponden a hechos ocurridos en el 2007 y el 10% de años anteriores. Durante el 2006 se reportaron 776 personas afectadas por este fenómeno.

Los barrios de la Comuna 13, como El Salado, Veinte de Julio y San Javier, muestran los más altos índices de desarraigo, con un total de 298 casos denunciados. Le sigue de cerca los barrios de la Comuna 1, como Santo Domingo Savio y Carpinelo, con 214 casos en total; Picacho y 12 de Octubre, en la Comuna 7 con 59 casos; Santacruz en la Comuna 3 con 54 casos y la Comuna 2, al nororiente de Medellín, con 34 casos.

Grupos de autodefensas, con el 63% de los casos; grupos armados no identificados, con el 10.9%; la guerrilla con el 10%, y la delincuencia común con un 6.7% aparecen como los principales actores generadores de desplazamiento en Medellín.

La pregunta es: ¿cómo explicar la dinámica de este fenómeno en una ciudad que registró las cifras de homicidios más bajas de los últimos 25 años y que, actualmente, lidera el proceso de reinserción a la vida civil de por lo menos 4.200 ex combatientes paramilitares, y catalogado como el más exitoso del país?

Presencia de grupos extraños

Representantes del Comité Departamental de Atención a la Población Desplazada en Antioquia explicaron que en diversas áreas rurales del departamento hay dos actores fundamentales, las FARC y el Ejército, cuyo enfrentamiento genera pánico entre los campesinos, a lo que se le suma el desplazamiento generado por la erradicación manual y por aspersión de cultivos de uso ilícito, tal como sucedió recientemente en los municipios de Valdivia y Tarazá.

“En lo urbano, y en esto hay que decir que Medellín y el Área Metropolitana muestran una tendencia preocupante, las víctimas señalan a los llamados grupos emergentes como los responsables”, señaló Luz Dary Giraldo Vélez, secretaria técnica del Comité.

Las palabras de Giraldo Vélez guardan estrecha relación con los testimonios de varios desplazados consultados por la Agencia de Prensa IPC. Magnolia, por ejemplo, se vio obligada a abandonar su residencia en el barrio Belencito, en la Comuna 13, el pasado 22 de noviembre. Un grupo de hombres llegó hasta su casa en horas de la noche y, tras amenazarla a ella y a su compañero con tumbar la puerta si no les abrían, ingresaron y registraron la casa en busca de armas o alucinógenos.

“Ellos se identificaron como paramilitares. Cuando les abrí la puerta vi a tres hombres vestidos con camuflados oscuros, parecidos a los del Ejército. Nos dijeron que nosotros vendíamos droga y que teníamos armas y eso no es así. Luego nos dijeron que nos iban a vigilar. Eso nos dio mucho miedo y nos fuimos del barrio”, relató Magnolia.

Pero no sólo amenazas de este tipo generaron desplazamiento forzado en la ciudad el año anterior. Según la Unidad Permanente Para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín (Updh), en la misma Comuna 13 se registraron más de 30 casos de desplazamiento forzado (aunque también se registraron casos en las Comunas 8 y 1) motivados por el temor de reclutamiento forzado que pesaba sobre los más jóvenes, por cuenta de grupos armados no identificados.

Uno de esos casos es el de Luz Dary, habitante del barrio El Salado, también de la Comuna 13, quien junto a otras ocho familias abandonaron el barrio luego que un grupo de hombres extraños llegara al sector ejerciendo presiones sobre los menores de edad para que realizaran actos ilícitos como el transporte de armas, venta de alucinógenos y vigilancia sobre habitantes de otros barrios.

“El barrio se puso muy peligroso desde que esa gente llegó. A uno de mis hijos lo amenazaron simplemente porque no quiso hacer esas cosas. Le empezaron a decir “sapo”, “que se cuidara”, señaló la pobladora. Si bien el hecho se registró a mediados del mes de octubre del año pasado, Luz Dary se encuentra actualmente residenciada en otra ciudad, pues en Robledo, barrio al que se desplazó luego del hecho con su hijo, fue víctima de otro tipo de presiones sobre las que no quiso ahondar.

Pero para la Updh, los casos de desplazamiento intraurbano más dramáticos fueron aquellos generados por ataques sexuales contra mujeres. Según este organismo, el año anterior se presentaron por lo menos cuatro casos en distintos sectores de la ciudad, donde la constante en las denuncias de las víctimas fue el señalamiento a los desmovilizados de grupos paramilitares.

Nueva dinámica de violencia

Los anteriores relatos dejan al descubierto que en materia de seguridad y convivencia, Medellín se enfrenta a una nueva y compleja dinámica criminal en la que convergen diversos actores como el narcotráfico, los llamados grupos emergentes, los desmovilizados paramilitares y las bandas y combos barriales. Pero, de otro lado, deja en el ambiente la pregunta por el acompañamiento a las víctimas de este flagelo por parte de las administraciones del Valle de Aburrá y de la sociedad en general.

Lo más preocupante es que, según la Updh, en lo que va corrido de 2008 ya se han registrado más de 10 casos de desplazamiento forzado intraurbano. Y es que el clima de seguridad en muchos varios de Medellín muestra una tendencia alarmante, lo que hace pensar que este año también se registrarán cifras elevadas en materia de desplazamiento al interior de la cuidad.

La aseveración dista mucho de ser extremista. La aparición de panfletos amenazantes en las calles de varios barrios de Medellín firmados en algunos casos por las autodenominadas “Águilas Negras”, la guerra sin cuartel que vienen librando en la capital antioqueña las bandas al servicio del narcotráfico como “Los Paisas” y de “Don Marío”, presencia que fue ratificada el pasado 20 de febrero por el propio alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, ante el Concejo Municipal y el incremento de casos de sicariato son algunos de los factores perturbadores del orden público que han caracterizado el inicio de año en la ciudad.

“No podría decirse que existe una relación entre fenómenos como el sicariato y la aparición de panfletos en los barrios, pero lo que sí es cierto es que, al aparecer de forma simultánea, se crea un ambiente de temor generalizado en la comunidad”, señaló el personero de Medellín, Jairo Herrán Vargas, al tratar de hacer un análisis sobre la situación de la capital antioqueña.

“Lo preocupante -agrega- es que una cosa se podría reforzar con la otra y podría agravar el clima de seguridad en Medellín. Hay denuncias con relación a extorsiones, sobre reagrupaciones de grupos armados ilegales, de ciertos controles, siguen los desplazamientos intraurbanos, pero ahora hay una dinámica distinta, más focalizada y centrada en el control de negocios ilícitos”.

Pero aunque el accionar de los violentos se transforme, las víctimas continúan siendo las mismas, padeciendo además los mismos dilemas en cuanto atención se refiere. “Con todos los casos de desplazamiento intraurbano registrados este año se han presentado problemas con los personeros de otros municipios del Valle de Aburrá y con funcionarios de la Alcaldía de Medellín, por cuanto para ellos no hay albergues u otro tipo de ayudas humanitarias, no les brindan asesoría adecuada y para que los inscriban en acción social es todo un pleito jurídico”, contó una investigadora de la Updh.

Si bien el artículo la Ley 387 de 1997 reglamenta el accionar de las instituciones del Estado para la atención de la población desplazada, sólo en el año 2002 se reconoció la condición de desplazado intraurbano, luego de una acción popular interpuesta por la Defensoría del Pueblo de Medellín, quien medió en el caso de 22 familias desplazadas forzosamente del barrio El Salado, en la Comuna 13 de Medellín.

Lo anterior obligó a entidades como Acción Social a incluir a éstos en el Sistema Único de Registro y otorgar la misma ayuda que los desplazados rurales. Sin embargo, luego de la desmovilización de las Autodefensas, las víctimas del flagelo intraurbano quedaron de nuevo a la deriva, tal como lo relató una víctima de desplazamiento del año anterior: “Nos dicen que ya no somos víctimas de conflicto armado porque “dizque” los “paracos” se desmovilizaron, pero en los barrios se ve otra cosa. Entonces a uno lo sacan de la casa y nadie lo ayuda. Así es muy duro”.

Fuente: Agencia de Prensa IPC
Medellín, Colombia
www.ipc.org.co