4 de marzo de 2008

Los hechos

La resolución determinativa de saneamiento de la Tierra Comunitaria de Origen, Alto Parapetí, establece que los indígenas guaraníes deben recibir una superficie de 157.000 has. previo saneamiento de las tierras. Para dar cumplimiento a esta determinación y ante las amenazas de sectores de ganaderos de la provincia Cordillera, especialmente los afincados en la ciudad de Camiri, dos altas autoridades gubernamentales se trasladan, sin resguardo policial ni militar a la hacienda de Caraparicito. Son las dos de la mañana, las autoridades y algunos técnicos descansan en la movilidad oficial del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Unas veinte personas los rodean, disparan armas de fuego y revientan las llantas. Gritos, insultos, amenazas, forcejeos. Sin embargo, gracias a la paciencia y sangre fría de las autoridades que insisten en dialogar y finalmente explican los motivos de su visita.

Después de varias horas muy tensas, comprueban que entre sus agresores hay claramente dos grupos, uno muy radical y violento, conformado por grandes propietarios que seguramente verán afectados sus intereses en el proceso de saneamiento y otro, constituido por pequeños hacendados que no le tienen miedo a la presencia del Estado, al cumplimiento de la ley y al proceso de saneamiento de tierras.
Finalmente, deciden trasladarse a la localidad de Lagunillas, allí, entre hacendados, pequeños propietarios, indígenas y autoridades, se acuerda que los días 10, 11 y 12 de marzo el INRA realizará el saneamiento de tierras. Destaca la conducta del Sub Prefecto de la provincia Cordillera y del presidente del Comité Cívico –antes furibundos defensores de los derechos de los indígenas guaraníes- que ahora conducen la reunión a los límites de la intolerancia, pero, sin embargo, se ven sobrepasados por la lógica del cumplimiento de la ley que es compartida por la mayoría de pequeños hacendados, indígenas y autoridades.

Análisis del Observatorio

El secuestro de las máximas autoridades del país que tienen a su cargo la reconducción comunitaria de la Reforma Agraria, es un indicador del grado de intolerancia y de franco desacato a la ley que algunos sectores de poder están impulsado en las tierras bajas de Bolivia. La retención forzada durante varias horas del Viceministro de Tierras Alejandro Almaráz y del director del INRA Juan Carlos Rojas es un hecho de flagrante violación a las normas legales vigentes en Bolivia y constituye un funesto precedente que pone en duda la capacidad del gobierno para redistribuir tierras a los pueblos indígenas, a partir de la reversión, expropiación o venta forzosa de tierras latifundiarias que no cumplen la Función Económica Social.

En realidad, desde 1953 con la Ley de Reforma Agraria, posteriormente con la Ley INRA aprobada en 1996 y finalmente con la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria aprobada en noviembre de 2006, el Estado boliviano -desde hace más de medio siglo- cuenta con las herramientas jurídico-legales para promover el uso productivo, sostenible y equitativo de la tierra. Lo novedoso ahora son las reiteradas declaraciones de voluntad política gubernamental de poner en práctica los postulados de la Revolución Agraria que –entre otras cosas- busca que aquellos campesinos o indígenas que todavía no tienen tierra o la tienen de manera insuficiente, accedan a ella para trabajar y vivir.

La Revolución Agraria y especialmente la Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria iniciada en noviembre de 2006, se ha convertido, no cabe duda, en el corazón del furibundo reclamo de las autonomías a como de lugar. El Estatuto Autonómico que se pretende aprobar en las próximas semanas, mediante un referéndum departamental, dispone que la administración, otorgación de derechos de propiedad, y uso de los recursos naturales renovables, especialmente tierra, bosque y aguas, sean atribución privativa y exclusiva de las autoridades del departamento.

Este secuestro de las máximas autoridades encargadas de llevar adelante, en el marco de la ley y el respeto a los legítimos derechos de las personas, es un franco atentado a la institucionalidad democrática, al respeto a las leyes y a las autoridades encargadas de ejecutarlas. Es también una provocación que busca alinear a los propietarios de tierras del Oriente en torno a la consigna de no permitir la aplicación de la nueva ley de tierras aprobada a fines del año 2006.

No basta pues voluntad política, sino que se requiere capacidad de aplicar las leyes. Este secuestro de un viceministro y el director de la máxima institución de la Reforma Agraria en Bolivia, muestra que en el Oriente del país, desde hace tiempo, ya se desconoce y se confronta las disposiciones del gobierno nacional y las políticas públicas. La condición impuesta por los secuestradores –empresarios ganaderos de la región del Chaco- de no permitir que se realice el saneamiento de tierras hasta que no se apruebe el Estatuto Autonómico del departamento de Santa Cruz y que por tanto todas las atribuciones sobre saneamiento de tierras, derechos propietarios, reversión, expropiación, dotación, consolidación, pasen a manos del Prefecto del departamento, es sencillamente inaceptable.

Desde el Observatorio, hacemos un llamado a todos los ciudadanos para el acatamiento de las leyes, el pleno respeto a los derechos de propiedad de todos los productores, sean estos indígenas, campesinos, colonizadores o empresarios. La actual Constitución Política del Estado, vigente desde 1994, establece que el Estado no reconoce el latifundio y que la condición fundamental para conservar el derecho de propiedad sobre la tierra de uso agropecuario es el trabajo de la misma. Si las autoridades gubernamentales comprueban mediante el saneamiento de tierras que no existe un trabajo que justifique el cumplimento de la Función Económico Social de estas tierras, es absolutamente legal y necesario que estas sean entregadas en dotación colectiva a los miles de bolivianos guaraníes que no tienen tierras y todavía viven bajo relaciones de servidumbre.

Miguel Urioste
Director de la Fundación TIERRA