En los años recientes en México hemos vivido una discusión amplia y profunda sobre el papel de los medios de comunicación y la información, y con ello la situación de la libertad de expresión en sus distintas aristas, como el acceso a la información, las condiciones para el acceso, la diversidad y pluralidad informativa y comunicativa.  Lo cierto es que en esta discusión se han construido distintas posturas en las esferas del gobierno, los empresarios y la sociedad civil.

Para abordar esta discusión es necesario tener claro que los medios en México tienen un marco jurídico añejo, donde la estructura de propiedad es monopólica, además de que los dueños de las empresas mediáticas tienen fuertes vínculos con grupos políticos y económicos, generando una fuerte influencia en las orientaciones de la información que difunden.  Por estas características, pensar en los medios de comunicación también es pensar en los cambios y discusiones de la política en nuestro país, así como en el marco jurídico, el cual sostiene y da derechos y obligaciones al Estado, marco a través del cual los medios de comunicación realizan su actividad.

En el caso de los medios electrónicos, la actual Ley Federal de Radio y Televisión fue promulgada en 1960 y su primer reglamento expedido en 1973, durante el sexenio de José López Portillo.  La modificación más reciente del reglamento ocurrió el 10 de octubre del 2000 e igual reforma experimentó la Ley Federal, más conocida como Ley Televisa, en marzo de 2006.  Y en lo referente a la Ley de Imprenta, data de 1913, pero en este trabajo, solo abordaremos el tema de los medios electrónicos.

En los tiempos de cambios en los que México ha estado inmerso, los medios en general han tenido un doble papel: han sido transmisores de los cambios mediante la información y también receptores de esos mismos cambios.  El análisis actual coloca a los medios en general como determinantes, “los medios son más que el espejo del debate porque lo modulan: su trabajo diario se ha convertido en la respiración misma de toda la opinión pública”.  (1) Pero al ser receptores de nuevas reglas, la relación gobierno-medios también ha cambiado.  Otro elemento interesante es que el acceso a los medios es restringido a grupos políticos y económicos, la idea de servicio público ha sido sustituida por la premisa de que quién tiene dinero paga y quién no, queda fuera de la posibilidad de acceder a este espacio comunicativo.

Los medios electrónicos en la agenda social

La alternancia en el gobierno federal en el 2000, recolocó las acciones de los actores políticos, y, sin duda alguna, la sociedad civil jugó un papel importante.  Así, algunas organizaciones generaron estrategias de participación y de incidencia, recurrieron al diálogo y a la contribución propositiva en espacios abiertos por el gobierno en busca de generar propuestas y consensos en torno a temas de la agenda política.  Por ejemplo, Poder Ciudadano, un espacio civil que aglutinaba a más de 1.200 organizaciones, con un discurso de ciudadanía, corresponsabilidad y transición a la democracia, planteó, ante los diferentes candidatos que aspiraban al poder ejecutivo, una agenda nacional denominada Acción Ciudadana por la Democracia y por la Vida, que contenía un apartado sobre Comunicación y Cultura Democrática.

Después de más de 60 años del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el poder ejecutivo, el Partido Acción Nacional, con Vicente Fox a la cabeza, trajo aires de alternancia y de transición en México.  En esta materia, el 5 de marzo del 2001, se instaló la Mesa de Diálogo para la Revisión Integral de la Legislación de los Medios, en la que, por primera vez, se “sentaron” en la mesa la diversidad de actores que de alguna manera han generado posturas y se encuentran involucrados en la temática: partidos políticos, empresarios, gobierno y organizaciones de la sociedad civil, desde la cual participan especialistas en el tema, líderes de opinión y otras entidades.

El objetivo de la Mesa, promovida por la Secretaría de Gobernación, era “lograr en el ámbito de absoluto respeto a las libertades, –y particularmente a la libertad de expresión- una relación sana, transparente y responsable entre gobierno, los medios y la sociedad, para que a través de esta vinculación democrática se pueda garantizar la certidumbre y la seguridad jurídica a gobernantes y gobernados”.  (2) Pese a meses de trabajo, el 10 de octubre, de manera sorpresiva, se anunció un decreto presidencial en torno al tema del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, que fundamentalmente disminuyó los tiempos del Estado a favor de las empresas de los medios de comunicación electrónica, dejándolo únicamente bajo la responsabilidad del poder ejecutivo.  Esta fue la primera señal de la fuerte relación entre dos poderes: el gobernante y las empresas de los medios de comunicación.  La posibilidad de una reforma integral, desde ese momento, quedó truncada.

Iniciativa ciudadana y Ley Televisa

Las organizaciones civiles que participábamos en la Mesa para la Reforma Integral de los Medios de Comunicación, respondimos con una declaración donde rechazábamos dicho decreto, poniendo en tela de juicio su legitimidad.  Así, surgió un espacio denominado “Mesa de Medios”, en donde coincidieron organizaciones como el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Incide Social, Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Sindicato de Radio Educación y más de 100 organizaciones que se sumaron al proceso.

La Cámara de Diputados no nos dio mucho espacio, así que fue en el Senado donde los entonces senadores Javier Corral y Felipe Vicencio acogieron la propuesta de Ley que trabajamos las organizaciones civiles.  Esta incluía el reconocimiento de las radios sociales, así como la creación de un órgano autónomo para las concesiones y permisos; esta iniciativa discutida y consensuada, finalmente, fue congelada.

Para el 2005 se abrió nuevamente la discusión del tema.  La Iniciativa Ciudadana participaba en los diferentes espacios del Senado de la República.  En diciembre de ese año, la Cámara de Diputados dio salida a la Ley Televisa por medio de una minuta de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones, en un contexto electoral y con la intervención de Televisa.  Pese a la insistencia de organizaciones civiles de que se ponga atención en las consecuencias de la iniciativa, finalmente, con una votación unánime de los partidos políticos, fue enviada al Senado.

Es interesante destacar la participación en esta discusión de dos senadores que son concesionarios, siendo juez y parte.  Por este motivo, CENCOS promovió el recurso de “conflictos de intereses” dejando fuera a ambos senadores-concesionarios de la votación, logrando que no pudiesen votar en la discusión.  La Ley Televisa avanzó a pasos agigantados y fue aprobada en el Senado.

Pese a la fuerte discusión, en la que un grupo importante de senadores argumentaron las incongruencias, la iniciativa fue aceptada el jueves 30 de marzo del 2006.  Las consecuencias más graves de la Ley Televisa eran el fortalecimiento del monopolio comunicativo en México mediante concesiones que se refrendaban por 20 años, mecanismos de acceso al espacio radioeléctrico mediante la subasta, la creación de un órgano regulador sin facultades y sin avances en transparencia para concesiones y permisos, y el no reconocimiento a las radios comunitarias.

La tramitación de la Ley Federal de Radio, Televisión y Telecomunicaciones puso en el centro de la discusión el tema de la rendición de cuentas y la transparencia de los diferentes poderes que nos gobiernan, al mismo tiempo que surgía el interrogante de ¿para quién legislan? El gran entredicho, a estas alturas, es el poder legislativo.

El papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Ante estos resultados, un grupo de senadores interpuso una acción de inconstitucionalidad en mayo del 2006 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es decir el poder judicial, apoyada por amicus curiae de organizaciones.

La ultima instancia y el último actor involucrado fue la SCJN, la cual abrió el debate al público y generó condiciones para el acceso a la información y a documentos como el proyecto; además, transmitió en vivo por Internet y por el Canal de Poder Judicial el debate de los Ministros.  Además, abrió sus puertas para presenciar la discusión sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por el Senado de la República de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso de la Unión.

Así como reconocemos la importancia de los resultados de la discusión en el poder judicial, aplaudimos la declaración de inconstitucionalidad a los artículos impugnados, y el alto nivel de discusión en la materia y la responsabilidad social y política de dicha instancia.  Sin embargo la SCJN tiene la facultad de borrar pero no de redactar, por ello la materia sigue pendiente.

Conclusiones

Ante la denominada reforma del Estado, en la que se enmarca esta etapa de la discusión pública, hay un reto muy importante y determinante para la sociedad mexicana en materia de la regulación de los medios de comunicación que son un indicador de los sistemas democráticos.

Las organizaciones civiles han puesto una base muy importante para la discusión y han aportado su experticia en la materia y el enfoque de garantías necesario para el goce de la libertad de expresión.

En este proceso, han participado las diversas instancias de gobierno: el poder ejecutivo, abriendo y cerrando la discusión en la materia; el poder legislativo, legislando a favor de las empresas de comunicación; el poder judicial, transparentando el proceso de discusión y declarando inconstitucional el monopolio.

Corresponde a la diversidad de actores generar, nuevamente, las condiciones para el diálogo y para que la sociedad mexicana logre traspasar los poderes paralelos de los medios de comunicación, en beneficio del derecho a la libertad de expresión en su vertiente de acceso a la información y derecho a la comunicación, acorde a los sistemas democráticos.  Y en esta tarea, el legislativo es quien tiene la facultad y la responsabilidad de regular y no subsumirse en intereses de particulares.

Lic.  Brisa Maya Solis Ventura
Directora del Centro Nacional de Comunicación Social CENCOS.
México

(1) Woldemberg, José Consolidación Democrática y Cultura Política, Revista Etcétera, Una Ventana de los Medios, Núm.  23, Septiembre 2002.

(2) Esteinou, Madrid, Javier.  Reforma de Papel.  Revista Etcétera.  No.  25 Noviembre 2002.  P.p.15