Quienes en este país vociferan estar a favor de que las fuerzas policiales salgan a “perseguir secuestradores” o bien “que no se negocia con terroristas”, en relación con los hechos acaecidos en Livingston entre pobladores y gobierno, representan a un conglomerado de personas que ignora la historia de dominación que se ha ejercido por centurias sobre gran parte de la población trabajadora. Desconoce o más bien no quiere reconocer el despojo de que han sido objeto las comunidades campesinas y el tipo de relaciones de poder autoritarias y represivas que perduran hasta nuestros días, ejercidas por finqueros, empresarios, militares e instituciones del Estado. Lo anterior es hablando en términos muy generales, porque si abordamos datos más específicos llegamos a visualizar cómo la desatención y falta de resolución de conflictos de tierra, 132 casos para esta área, son la raíz de estos y otros muchos problemas.

Lo peor es que a este conglomerado de ciudadanos se le suman además, y que es lo más sorprendente, varias organizaciones del movimiento social que están prestas a condenar las medidas de hecho tomadas por las comunidades, olvidando el necesario análisis sobre los hechos y el principio de solidaridad. Las reacciones pueden ser comprensibles por el miedo y las acciones “políticamente correctas” que se han instaurado en Guatemala, a raíz del proceso de paz. De manera que lo permitido y acatado es sentarse en una mesa para negociar lo in-negociable, reunirse con instituciones del Estado para postergar indefinidamente las soluciones a las demandas más sentidas, a los conflictos y a los problemas más serios de la sociedad guatemalteca, entre ellos la propiedad y el uso de la tierra, entre otros recursos naturales.

De los 132 casos registrados en estas latitudes, 15 son ocupaciones nombradas como “ilegales” y en cinco de ellas Encuentro Campesino pide una solución inmediata, sea porque se trata de tierras que no tienen un dictamen de CONAP (Consejo Nacional de Áreas Protegidas) o porque son terrenos baldíos o nacionales sin regularización. En todo caso, “la tierra debiera ser para quien la trabaja” y vive allí desde antaño, y no para quienes imponen –a toda costa- un modelo económico basado en el turismo y la implantación de monocultivos, última moda del sistema capitalista, que tiene como meta el control total sobre los recursos del planeta y la imposición de un estilo de vida que promueve disfrutar del entorno y las culturas hechas paisaje.

Resistir y luchar contra un sistema que se apropia del patrimonio natural y de la fuerza de trabajo sin dejarnos otra posibilidad que la sumisión es un derecho. El problema radica en que el ‘Estado de Derecho’ que se aplica en Guatemala aboga por los derechos de la oligarquía y no así por los derechos laborales y de los pueblos indígenas. La gente pobre (léase campesinos y marginados urbanos) son sujetos de derecho sólo para la represión, las sanciones y el castigo. Si vamos a hablar de ilegalidades entonces abordemos el asesinato de Mario Caal y la persecución, los golpes y el terror de que fueron objeto los campesinos asechados por las autoridades guatemaltecas sin respetar ninguna legalidad. Hablemos también del despojo y de las condiciones de trabajo a las que son sometidos los campesinos, tal y como lo retrata la foto del 20 de enero, página 25 de Prensa Libre, citada por Marielos Monzón en su artículo El meollo del asunto[1].

Las causas del conflicto armado siguen sin resolverse, por lo que no es de extrañar que las trasgresiones continúen. Mucho del escándalo que hace esta sociedad sobre la retención de los 29 policías y de las seis personas (cuatro turistas belgas y dos guatemaltecos acompañantes), quienes están libres y sanos, es producto de la confusión, la ignorancia e infamia que prevalece en muchos guatemaltecos. Porque esta retención (que no es lo mismo que un secuestro) también puede ser leída como una medida desesperada para presionar a un Estado y a una sociedad que ha sido incapaz de ver más allá de su nariz y poner manos a la obra en resolver las dramáticas condiciones socioeconómicas de la mayoría de sus habitantes, quienes son además las espaldas y los brazos que mueven la economía del país.

¿Por qué el despojo y la apropiación indebida de tierras por parte de nacionales y extranjeros no son catalogadas como ilegales? ¿Cómo es posible que la ejecución extrajudicial de ciudadanos, la persecución, los golpes y el terror por parte de las instituciones del Estado sobre los campesinos no sean calificados de terrorismo? ¿Qué nos hace condenar con tanta prestancia a las comunidades campesinas por estas medidas de hecho y ser tan condescendientes con la prepotencia con la que actúan el Estado, los finqueros y los empresarios en este país? Estas son cuestiones que debieran preocuparnos porque son algunos de los contrasentidos que prevalecen y hacen perdurable un determinado orden de cosas, que favorece ‘indebidamente’ a unos pocos sobre la mayoría; que permite la explotación; que tolera la exclusión y el racismo; que defiende los privilegios y nos aleja del bien común, atributo de cualquier sociedad que quiera llamarse democrática.

Guatemala, 24 de marzo de 2008.

[1] Opinión. Prensa Libre 18 de marzo del 2008.


Ligia Z. Peláez,
Equipo Imaginarios Sociales, AVANCSO

Fuente: Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO)
http://www.avancso.org.gt