El Ecuador está ad portas de entrar en un proceso constituyente que redacte la 20ª. Constitución Política del país, en 198 años de vida republicana. Un proceso que coincide en las formas con las recientes refundaciones constitucionales de Colombia, Venezuela y Bolivia, pero que mantiene diferencias de fondo con estos países.

En efecto, Ecuador es el único país de América del Sur que dolarizó oficialmente su economía a partir de enero del año 2000. También es el país con el mayor flujo migratorio de la subregión, de hecho, se ha calculado que cerca de un 10% de su población total ha emigrado en la última década. Las remesas de migrantes se constituyen en cerca del 7% de su producción interna bruta y son, con el petróleo, las mayores fuentes de ingresos para el país.

De otra parte, el Ecuador es un país que atravesó por todas las modalidades de ajuste, estabilización y reforma estructural preconizadas por el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Casi todas las variantes macroeconómicas de las políticas de ajuste, fueron experimentadas por la economía ecuatoriana: desde el control a los tipos de cambio por el establecimiento de bandas, hasta la liberación total y finalmente la sustitución monetaria por el dólar.

Cuando la economía ecuatoriana empezó las políticas de ajuste, en 1982, las tasas de interés no superaban el 12% y existía una estrategia de industrialización que implicaba empleo, seguridad social y leyes de protección laboral. Los salarios alcanzaban a cubrir hasta el 100% de la canasta básica y su participación en la renta nacional llegaba a cerca del 40%.

Luego de dos décadas de ajuste y reforma neoliberal, las tasas de interés superarían el 90%, el país se había convertido en importador de productos que antes los realizaba su industria nacional, los salarios apenas alcanzan a cubrir un tercio de la canasta familiar, y la participación de los salarios en la renta nacional cayó al 15%, y el desempleo creció en forma alarmante y fue el motor de la migración al exterior.

En este periodo, la inversión pública en salud, educación y bienestar social cayó dramáticamente, mientras que los pagos por concepto de deuda externa absorbían cerca de la mitad de todo el presupuesto gubernamental. La ortodoxia neoliberal fue tan drástica y exigente, que se llegaron a aprobar leyes que impedían cualquier inversión pública en las áreas sociales, y en la eventualidad de que el gobierno tuviese posibilidades de acceder a mayores recursos financieros, producto de mejores precios del petróleo, por ejemplo, esos nuevos recursos deberían ir a una cuenta especial para el pago de la deuda externa, conocida con el nombre de FEIREP.

Se llegó al extremo de declarar los principios neoliberales de “economía social de mercado”, y “descentralización del Estado”, como principios constitucionales, y de hecho fueron incorporados en el texto constitucional de 1998. En ese texto constitucional se llegó incluso a criminalizar la protesta social y a la organización sindical.

Impacto del ajuste

En las dos décadas de ajuste neoliberal, el Ecuador destruyó la mínima base industrial que poseía, desarticuló sus marcos institucionales públicos que garantizaban el empleo y la regulación a los mercados, erosionó la confianza en sus instituciones políticas, y llevó adelante un modelo de exportaciones de bienes primarios, fundamentalmente petróleo y banano, liberalización comercial y financiera, y privatizaciones, con enormes costos sociales, institucionales, humanos y ecológicos.

Para evitar que la pobreza, que las políticas de ajuste generaban, se convierta en un fenómeno político que impida la imposición del modelo neoliberal, el Banco Mundial y el BID, crearon una serie de redes clientelares que se sustentaban en el asistencialismo y la corrupción.

El Banco Mundial llegó a crear proyectos específicos para aquellos actores sociales que podían convertirse en sujetos políticos determinantes en la resistencia al neoliberalismo. La intención de estos proyectos era la de neutralizarlos políticamente, destruir sus capacidades organizativas, y corromper sus dirigencias y cuadros políticos convirtiéndolos en tecnócratas del desarrollo. Para el movimiento indígena, el Banco Mundial creó el Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador (PRODEPINE) para los sectores campesinos y rurales creó el Proyecto de Reducción de la Pobreza y Desarrollo Rural Local (PROLOCAL), para el movimiento de mujeres aplicó el Programa de Género e Innovación para América Latina (PROGENIAL).

Estos proyectos se insertaban en una red más vasta de proyectos que comprendían las microfinanzas, las microempresas, el desarrollo local, la participación ciudadana, etc., y cuya finalidad era la de crear las condiciones políticas necesarias y suficientes para consolidar el modelo neoliberal con el consenso social.

Sin embargo, el Ecuador ha sido también el espacio en el que las resistencias sociales al neoliberalismo han sido importantes. En la década de los años ochenta, la resistencia a las políticas de ajuste fue liderada por las organizaciones obreras. Las políticas de flexibilización, tercerización, maquilas y desarticulación sindical, restaron el peso político a la clase obrera ecuatoriana, pero en la década de los noventa, emerge con fuerza el movimiento indígena.

Toda la década de los noventa estará signada por la presencia indígena; de hecho, en 1999, los indígenas serán determinantes para evitar la adopción de un duro paquete de ajuste económico impuesto por el FMI, y al año siguiente provocarían la caída del presidente demócrata cristiano Jamil Mahuad. Para las elecciones del año 2002 apoyarán al coronel Lucio Gutiérrez, y ganarán las elecciones de ese año. Sin embargo, Lucio Gutiérrez traicionará al movimiento indígena y se convertirá en un aliado fundamental de Estados Unidos, dedicándose en su gestión gubernamental a perseguir y tratar de destruir a los indígenas, sus supuestos aliados políticos.

Visiones diferentes

Sobre este escenario, de corrupción, pérdida de legitimidad de las instituciones públicas, y desgaste del sistema democrático, provocados por la imposición neoliberal, se producen procesos de diferenciación social al tenor de la dolarización de la economía y el fenómeno de la migración.

Las clases medias, que fueron las más afectadas por la crisis financiera y monetaria del año 1999-2000, empiezan a convertirse en importantes actores políticos. En efecto, la dolarización de la economía, al tiempo que destruye las posibilidades de reactivación económica del país, se constituye en garantía de estabilidad para las clases medias. La dolarización se ve reforzada por las remesas de migrantes que de cerca de mil millones de dólares del año 2000, crecen a más de 3 mil millones de dólares para el año 2006. De igual manera con el precio del petróleo que multiplica los ingresos fiscales. La economía ecuatoriana crece pero lo hace agravando las inequidades sociales. El crecimiento se sigue sustentando en bienes primarios y la dolarización agrava al sistema de precios destruyendo al sector agropecuario.

Mientras que los campesinos pobres, los indígenas y los sectores subproletarios de las grandes ciudades se convierten en los damnificados de la dolarización, las clases medias ven en la dolarización la garantía de estabilidad económica que el país no tenía. Son dos sectores sociales que tienen visiones diferentes de país. Los sectores más pobres, al momento de las elecciones tratan de que sus votos tengan un peso estratégico, es decir, negocian sus votos por promesas concretas que tienen que ver en lo fundamental con el empleo y los ingresos; mientras que las clases medias utilizan los espacios electorales para reclamar por estabilidad y transparencia.

Estas dos visiones de país se encuentran y ratifican en las elecciones del año 2006. De una parte, está la votación del magnate Alvaro Noboa y del partido de extrema derecha Sociedad Patriótica, que captan el voto de descontento con la dolarización y la pérdida de empleos; y, de otra, están las clases medias que apoyan a Rafael Correa de Alianza País, y a León Roldós del movimiento Red Etica y Democracia (RED). Finalmente ganará la presidencia el candidato de Alianza País por un cambio estratégico de campaña de última hora.

Sin embargo, para poder convencer a su electorado de la radicalidad de su propuesta de moralizar al sistema político y garantizar la estabilidad económica, el candidato de Alianza País, reniega de sus críticas a la dolarización, y se niega a inscribir candidatos a diputados argumentando que el Congreso Nacional es la fuente de todos los males.

Esta jugada le permite efectivamente ganar las elecciones, pero le resta cualquier posibilidad de gobernabilidad al no tener una mínima base de apoyos en el Congreso Nacional. Es desde la necesidad de recuperar los espacios de maniobra en los espacios de la legalidad que el nuevo gobierno le apuesta todo a la Asamblea Constituyente.

Para ello, utiliza las mismas redes clientelares y los mismos tecnoburócratas del Banco Mundial y del BID, para generar adscripciones y comprar lealtades al gobierno. El régimen de Alianza País sabe que existe un enorme descontento con las instituciones democráticas y con la clase política tradicional. Por ello, administra ese descontento con una estrategia doble; de una parte, consolida una serie de prácticas clientelares y asistencialistas basadas en un populismo de Estado, que utiliza una retórica nacionalista e izquierdizante; y, de otra, apela a la sensibilidad de las clases medias morigerando su discurso crítico y estableciendo la estabilidad y la moralización del sistema político como los ejes determinantes de la nueva Asamblea Constituyente.

Empero de ello, para que esta estrategia sea coherente, fue necesario un proceso previo de vaciamiento de todos los discursos políticos que eran críticos con el modelo neoliberal, y posicionando un proceso de refundación política que pone el contador a cero de todas las resistencias y movilizaciones sociales en contra de ese modelo neoliberal.

Es por ello que en las listas de candidatos del gobierno, no existen representantes de las organizaciones sociales, populares, campesinas o indígenas (con las excepciones que confirman la regla), pero existen representantes de las nuevas clases medias y de las nuevas élites económicas que reclaman espacios políticos en esta coyuntura. Estos sectores, una vez electos a la Constituyente, se convertirán en una garantía que perpetúe las relaciones de poder nacidas al calor del neoliberalismo.

En estos meses de gobierno de Alianza País y de retórica de socialismo de siglo XXI, no ha sido desarticulado ni uno solo de los mecanismos que aseguran el engranaje neoliberal, todo lo contrario, las señales apuntan a una deriva peligrosa en lo social con la invisibilización de las resistencias sociales al modelo neoliberal, con la metabolización de las organizaciones sociales al gobierno utilizando la maquinaria del Estado, y una deriva depredatoria en lo ecológico que alcanza los niveles de crimen ecológico como es el caso de la apertura a la pesca indiscriminada de especies protegidas, o la intención gubernamental de destruir el Yasuní con la explotación petrolera. Cabe preguntarse en ese escenario: ¿no se está generando un déjà vu con este proceso de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿No se está acaso tratando de tomar los simulacros del poder como las realidades de la política? ¿No se está entrando acaso en la lógica del gatopardo en la que todo se mueve para que nada cambie?

Pablo Dávalos es economista y profesor universitario ecuatoriano.