Para muchos se ha vuelto lugar común decir que en la actualidad el movimiento indígena, y más concretamente la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador -CONAIE-, atraviesa una fuerte debilidad, que ya no tiene la capacidad de movilización como en los años 90.

Los argumentos más recurrentes para fundamentar tales aseveraciones se detienen básicamente en tres aspectos: a) el desgaste de legitimidad provocado por la participación de la CONAIE en el gobierno de Lucio Gutiérrez, b) la debilidad e incoherencia de los dirigentes, y, c) lo que algunos califican de inclinaciones “etnocentristas” de la propuesta de plurinacionalidad.

Si bien lo anotado tiene algún asidero en la realidad, son argumentos y líneas de análisis absolutamente insuficientes para entender las actuales condiciones del movimiento indígena, sobre todo si éstos son vistos por fuera del contexto general del proceso.

Sin lugar a dudas, la actual CONAIE no es la misma de los años 90, pero también es distinta la presente realidad nacional e internacional.  Cuando nace en 1986, como representante nacional de las doce nacionalidades indígenas existentes en el país[1], lo hace asumiendo la herencia sociopolítica y orgánico-estructural de las luchas del mundo rural que enfrentó las dos “reformas agrarias” de1964 y 1973.  A partir del primer levantamiento indígena de 1990 asume la lucha antineoliberal en el marco general del campo popular.

Hasta mediados de los años 90, la CONAIE despliega sus fuerzas para resolver los conflictos de tierras y territorios que venían desde los años 60; todos o casi todos entrabados en largos, costosos y conflictivos procesos sociales y judiciales.  En medio de un proceso extendido y sostenido de movilización y negociación, la mayoría de estos conflictos se fueron resolviendo en diferentes dimensiones y condiciones.

Uno de los hechos que podemos ubicar como punto de viraje del proceso del movimiento indígena y de las circunstancias sociopolíticas del país en lo rural, es la puesta en vigencia, en 1994, de una nueva Ley Agraria promovida por la extrema derecha liderada por el entonces diputado Jaime Nebot, y apoyada por el gobierno de Sixto Durán Ballén, cuyo objetivo capital era promover el libre mercado de las tierras, incluidas las comunitarias, y la privatización de los recursos naturales, principalmente del agua.  Como respuesta inmediata, la CONAIE lanza su segundo levantamiento, con el que logra hacer retroceder dicha Ley y negociar una nueva.  La Ley de Desarrollo Agrario, que finalmente entró en vigencia, cambió en buena medida la anterior; para utilizar el lenguaje del ajedrez, esta coyuntura dejó en tablas el conflicto entre el movimiento indígena y las fuerzas neoliberales del agro, junto al capital internacional.

Hasta ese momento la dinámica política del movimiento indígena por el conflicto de la tenencia de la tierra y territorios provocó el enfrentamiento directo con el capital nacional y el Estado.

La tendencia etnicista

A partir de la segunda mitad de los años 90, con una crisis económica en alza y una vez “pacificado” el campo, las comunidades indígenas y campesinas se ven urgidas de hacer producir la tierra.  En estas circunstancias, el Estado (en mínima medida) y fundamentalmente la cooperación internacional (ONGs) intensifican la “inversión” en la micro y pequeña producción.  Cabe mencionar la experiencia del proyecto PRODEPINE[2], financiado por el Banco Mundial, el FIDA y, en menor medida, el Estado, cuyo fondo para diez años ascendía a 50 millones de dólares.  Pero todos esos proyectos e iniciativas entraron en crisis ya que no abordaban todo el ciclo productivo: producción-comercialización-reinversión; principalmente la comercialización, que es la parte más compleja.  A esto se sumó la introducción al mercado interno de productos más baratos provenientes de Perú, Colombia y EEUU, sobre todo a partir de la dolarización.

El Estado y los gobiernos de turno no aplicaron políticas para evitar la crisis de estos sectores; al fin y al cabo al capital no le interesaban los indígenas y campesinos como productores, sino como consumidores, mano de obra barata y movible (migrantes en el interno y exterior).

Bajo esta realidad, el sector rural agrario y artesanal queda socio-políticamente enfrentado al mercado, y a través de éste a la sociedad urbana no indígena, pero no al Estado ni al capital de manera directa; de tal manera que el conflicto político-económico es visto más como un problema sociocultural, o, al menos así lo perciben varios sectores y organizaciones campesino indígenas.

Este movimiento general de la realidad y de sus condiciones económicas, políticas e ideológicas[3] implicó que al interior de la CONAIE la tendencia histórica[4] sea desplazada de la mayoría de instancias de conducción.  La llegada de Antonio Vargas a la presidencia de la organización en 1996, y con él varios individuos y sectores de las organizaciones indígenas de la Costa, Amazonía y también de la Sierra, contrarias a la tendencia histórica, expresa ese viraje.  Esta tendencia, que se hizo representar por Vargas, redujo el conflicto cultural a un problema étnico, dándole a éste un rol que el proyecto de plurinacionalidad nunca contempló; de hecho el proyecto político de la CONAIE de 1994 plantea que el problema cultural es ante todo “un problema económico-político estructural, y por lo mismo un problema nacional”; es decir que el problema cultural y la reconstrucción de los pueblos indígenas se resolverán sobre una base material que cambie el sistema capitalista, por eso el proyecto político en su parte declaratoria define a la CONAIE como anticapitalista.

Esta tendencia que podemos llamar etnicista intentó, a través de sus cuadros dirigentes e intelectuales indígenas y no indígenas[5], reformar o “actualizar” por dos veces el proyecto político, en 1999 y 2002, alejándole lo más posible de su filo radical y de izquierda.  La base teórica de ese cambio fue reemplazar la categoría problema cultural por el de problema étnico, dándole a éste no sólo un valor de análisis, sino, y ante todo, categoría para la elaboración de la acción política.

La tendencia histórica, en buena medida, perdió la iniciativa política como consecuencia también de la crisis generalizada de la izquierda, pero sus críticas se ventilaban de varias maneras.  Así Luis Macas, en el 2001, publica un editorial donde acusa a los dirigentes de esa época y particularmente a aquella tendencia etnicista de propiciar el neoliberalismo a través de proyectos productivistas: “este proyecto 'Prodepine', se ha ido consolidando al interior de las estructuras organizativas del movimiento indígena ecuatoriano, como uno de sus peligros más amenazantes.  Este proyecto replica los objetivos estratégicos del Banco Mundial, al interior de la lógica de uno de los actores más importantes del momento actual, el movimiento indígena.  La dinámica que genera este proyecto se enmarca dentro de los parámetros del asistencialismo y el desarrollismo, así como de la generación de estructuras tecno-burocráticas que se consolidan como estructuras de poder al interior del movimiento indígena ecuatoriano.  Reclutando técnicos que provienen del mismo movimiento indígena, y dotándoles de capacidad de gestión y negociación, este proyecto se convierte en una correa de transmisión entre el Banco Mundial y su proyecto neoliberal, y los pueblos indios del Ecuador”[6].

Pero estas nuevas condiciones históricas no sólo afectaron a la CONAIE, vemos en este mismo periodo que la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas - Indígenas y Negras -FENOCIN- quedó sin capacidad de acción propia, a lo mucho realizó mínimas movilizaciones contra el Tratado de Libre Comercio -TLC- en medio de ferias productivas.

Rearticulación

La historia y la propia dinámica del movimiento indígena lo alejó de su lucha histórica, y es ella misma la encargada de volver a ponerlo en su verdadero cauce.

El capital internacional, para su desarrollo y sostenimiento, necesita urgentemente de la mayor cantidad de recursos naturales; para obtenerlos, no se mide en uso de ningún medio, incluso la guerra y las invasiones militares, tal es el caso de Afganistán, Irak, Somalia y la pretendida en Irán.  En América Latina ha recurrido a agresivas privatizaciones de grandes extensiones territoriales en todos los países.

En Ecuador, sobre todo entre 1996 y 2004, los sucesivos gobiernos dieron en concesiones mineras, petroleras, hídricas, hidroeléctricas y de “manejo de biodiversidad” a empresas privadas y ONGs nacionales y, sobre todo, a transnacionales, más de seis millones de hectáreas de territorios, principalmente páramos y bosques nativos.  Estas concesiones fueron hechas lesionando la propiedad privada, comunal y pública y afectando directa e indirectamente a comunidades y pueblos indígenas y campesinos.  Sumado a esto, la pretendida firma del TLC entre Ecuador y EEUU en los gobiernos de Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacios llevó al mundo rural a enfrentarse nuevamente y de manera directa con el capital (ahora abiertamente a nivel internacional) y al Estado.

La lucha contra el TLC permitió rearticular al movimiento indígena desde un enfoque más político; ello implicó el debilitamiento (no hablamos todavía de su derrota) de la tendencia etnicista y el inicio de la rearticulación de la tendencia de izquierda.  Cabe anotar que este es un proceso todavía incipiente y lleno de contradicciones.

Este nuevo momento llevó a Humberto Cholango a la presidencia del ECUARUNARI y a Luis Macas a la de la CONAIE, representantes de dos generaciones de la tendencia histórica.  Con estas nuevas condiciones, se enfrenta un proceso de rearticulación y reconcentración interna, que ha permitido el ingreso a la CONAIE de nuevas organizaciones indígenas y no indígenas, así como a firmar alianzas con sectores campesinos de la Costa y de la Sierra, promover fuertes espacios de debate teórico-político del proyecto y la plurinacionalidad, impulsar la creación de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) que agrupa a entidades de Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Ecuador.  También se vive niveles de cambio en las bases organizativas, ahora se ha sumado comunidades y organizaciones cuya base socio-productiva es la producción-comercialización comunitaria, en algunos casos preferentemente enfocadas a la exportación.  Así fue como se derrotó al TLC.

El tropiezo que significó el resultado electoral del 2006 expresa la pugna política interna de un proceso de transición y no únicamente la debilidad de los dirigentes o del candidato.

No tenemos el espacio suficiente en este medio para realizar el análisis adecuado del momento actual; sólo anotaremos que esta nueva realidad marcada por el retroceso del neoliberalismo, el gobierno de Rafael Correa y el nuevo momento del movimiento indígena, nos indica que estamos viviendo un proceso de transición histórica, cuya orientación definitiva dependerá del movimiento general de la política internacional, cuyos principales factores determinantes son la respuesta que EEUU y Brasil puedan dar, sin descartar el papel que pueda jugar Europa e incluso China; y en medio de estas fuerzas, la política que Correa aplique como parte de la tendencia regional de gobiernos progresistas (Venezuela y Bolivia, principalmente), y de que el movimiento indígena consolide su rearticulación política y unidad con el campo popular para enfrentar este proceso de cambios.

Históricamente, se ha demostrado que todo proceso de cambios profundos, más si estamos hablando de revolución, exige, como condición indispensable, la participación de la sociedad en su conjunto, y en esa medida requiere obligatoriamente la unidad de lo rural y urbano, cuya expresión, en este proceso que el Ecuador está viviendo, significaría el acercamiento que puedan tener el movimiento indígena y el gobierno de Correa (que potencialmente es expresión de un resurgir de procesos socio-organizativos urbanos).  Pero mucho dependerá de cómo enfrenten el proceso constituyente en marcha (a nivel del proceso electoral, propuestas y acciones dentro de la Asamblea Constituyente), y sobre todo, de las acciones que se emprendan para desmontar el neoliberalismo en el campo, principalmente en lo que se refiere a las concesiones de territorios a los intereses privados, porque es imposible pensar en construir un país democrático, justo y equitativo, más si decimos construir el socialismo del siglo XXI, con la mitad del territorio ecuatoriano en manos de empresas privadas y del capital internacional.

Floresmilo Simbaña es ex dirigente del movimiento indígena, miembro de la CONAIE-ECUARUNARI.