En marzo del 2007, se acordó impulsar el denominado Plan México -oficialmente conocido como Iniciativa Mérida- como un programa de asistencia militar estadounidense para “combatir el narcotráfico y el crimen organizado” en México, Guatemala, El Salvador y Honduras. El Plan ha sido fuertemente cuestionado en México por el riesgo de que se reediten los efectos del desastroso Plan Colombia, se comprometa la soberanía y que las instituciones armadas nacionales queden subordinadas de facto a la potencia imperial.

Con la Alianza de Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) da inicio un nuevo tipo de planes estratégicos o megaproyectos, que subsumen los criterios económicos en los de seguridad, justificando así acciones que de otro modo no podrían ser admitidas por ser violatorias de las soberanías nacionales. Si bien estas soberanías se encontraban ya seriamente cuestionadas por la creación de una normativa supranacional, de nivel superior a las legislaciones internas de las naciones implicadas en los tratados de libre comercio, los planes de seguridad tienden a crear complicidades y supranacionalidades en todas las actividades de prevención, combate, y control del narcotráfico y el terrorismo, manteniendo peligrosamente la ambigüedad con la que éstos han sido reconocidos como amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos.

Se trata de planes pensados desde una perspectiva militar que inician por un reconocimiento de los territorios y de ahí diseñan estrategias de control global. Las fronteras se redefinen de acuerdo con los objetivos de seguridad y las normatividades correspondientes responden ya no a los criterios de bienestar de la población, de cuidado del patrimonio de la nación como en otros tiempos, sino a los de control y disciplinamiento. Es el nuevo Leviatán que se levanta sobre los vestigios de la democracia, a veces escasamente conquistada, y sobre la autodeterminación de los pueblos.

Integraciones como la de ASPAN, que extiende el homeland (territorio interno) estadounidense por el norte hasta tocar los glaciares, pasando por los yacimientos de petróleo, de metales estratégicos, y por los bosques canadienses, y por el sur hasta la frontera con América Central, abarcando la zona de yacimientos petroleros, las minas, la única selva tropical húmeda del norte de América, y el territorio que más trabajadores migrantes o maquiladores aporta para el desarrollo de la economía del gran coloso, se complementan con planes que se implantan para el combate al narcotráfico, pero que tienen muchas otras derivaciones y fuertes implicaciones de soberanía y jurisdicción.

El avance nuevamente, como en los tratados de libre comercio, inicia por América del Norte. Para el caso latinoamericano lo que parece relevante es la manera como, en este último año, México se convierte aparentemente en el centro de actuación privilegiado de los cárteles de la droga. A partir del momento en que Felipe Calderón asume la Presidencia, cada día se registran noticias de ajusticiamientos, batallas entre fuerzas de seguridad y narcotraficantes, asesinatos de funcionarios del orden, secuestros y hasta muertes de cantantes vinculados a alguna de las mafias de la droga.

No deja de llamar la atención el protagonismo desproporcionado que están teniendo estos eventos, pues no se corresponde con periodos anteriores. Incluso porque dentro de una cierta perspectiva parece un escenario montado para justificar entrenamientos policiacos, financiamientos abultados para tareas de seguridad, la intervención del ejército en seguridad interna, la creación de nuevos cuerpos especiales de policías militares y para reunir condiciones para el anuncio del Plan México, que fue bautizado oficialmente como Iniciativa Mérida.

El Plan México, gemelo del Plan Colombia, se perfila como el soporte financiero a las actividades de readecuación de policías, militares y paramilitares mexicanos por parte de los instructores de operación e inteligencia norteamericanos, de su equipamiento, pero también de actuación directa de los cuerpos de seguridad estadounidenses en territorio mexicano.

Casi simultáneamente, Felipe Calderón relanza el Plan Puebla Panamá pero con el agregado de la incorporación de Colombia. El Plan Colombia, y la preocupación por militarizar la región del Puebla Panamá, parecen estar ofreciendo la otra pinza territorial que, junto con el ASPAN y el Plan México, tenderían a uniformar desde la frontera entre México y Estados Unidos, hasta los confines de Colombia, un área militarizada en que la integración energética con América del Norte es parte medular de los ejes acordados.

De este modo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se amplía hacia la integración energética que resolverá la crisis de Estados Unidos en este renglón y hacia la integración de políticas y acciones de seguridad bajo los criterios dictados por el Comando Conjunto de Estados Unidos que incluyen, entre otras cosas, la misión de garantizar el acceso irrestricto a los recursos considerados indispensables para la seguridad nacional (de Estados Unidos, claro). Es decir, las riquezas de México -y de la región del Puebla Panamá ampliado hasta el Putumayo- quedan legítimamente encadenadas a los intereses estratégicos estadounidenses, además de la extensión de las medidas adoptadas después del 11 de septiembre de 2001 en la Ley patriótica, referentes al combate a la subversión, terrorismo y disidencia. La conculcación de derechos ciudadanos a que se ha sometido al pueblo estadounidense se extiende por la vía del ASPAN al tratamiento de los pueblos canadiense y mexicano.

Ahora bien, desde una perspectiva geopolítica, poner a las fuerzas de seguridad estadounidenses como custodia de las fronteras mexicanas no afecta solamente a los mexicanos sino a toda la región caribeña y centroamericana también.

Con la ASPAN y la ocupación de Haití; con las bases militares y los patrullajes y ejercicios constantes en esta región, se garantiza el cuidado de las cuencas petrolíferas del Golfo de México y Venezuela; se controlan los pasos más importantes de los migrantes y las drogas; se mantiene bajo vigilancia los procesos cubano, venezolano y en general del bloque del ALBA; y se sienta el precedente de los nuevos tratados de integración que se intenta imponer en el continente, dentro de los cuales, por cierto, habría que destacar la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA).

Planes económicos que incluyen la posibilidad de que una empresa pueda demandar a un Estado por daños y perjuicios cuando su actividad es rechazada o cancelada -incluso tratándose de una empresa dañina a la sociedad o al medio ambiente como las de desechos tóxicos-, considerando el monto de ganancias proyectado hacia los siguientes 20 años de desempeño, se combinan con planes militarizados o de seguridad para garantizar, como decía Colin Powell, que el comercio y la economía puedan funcionar en circunstancias adecuadas y sin tropiezos.

Y estos dos tipos de planes se acompañan, a su vez, de megaproyectos cuyo propósito es directamente el de modificar el territorio que les sirve de base, reordenando sus usos y rediseñando sus fronteras. Las nervaduras latinoamericanas, por donde veremos fluir la energía y salir las riquezas, son las vías trazadas en el Plan Puebla Panamá y en el IIRSA, protegidos por acuerdos de seguridad, leyes antiterroristas que impidan manifestaciones de rechazo de los pueblos afectados, operaciones de la DEA y sus correspondientes latinoamericanas, ejercicios militares, convenios de inmunidad y bases militares.

En este sentido, de la misma manera que el TLCAN fue la punta de lanza para los tratados de libre comercio, la ASPAN se perfila como el inicio de una política de seguridad continental que tiene un importante avance en la formación de una policía continental llamada Ameripol, el pasado 14 de noviembre en Colombia (1), reforzando las tentativas por crear la Fuerza de Seguridad Hemisférica integrando los ejércitos de la región, que mediante el mecanismo de Cuerpos de Paz ha empezado a funcionar de facto en Haití.

La Iniciativa Mérida se inscribe, en este contexto, como una peligrosa señal de desbordamiento del Plan Colombia hacia el conjunto del Continente.

Ana Esther Ceceña, economista mexicana, es investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Coordinadora del Grupo de Trabajo Hegemonías y Emancipaciones de CLACSO.

Notas:

(1) Información proporcionada por el Diario ABC de Paraguay: “Delegados de 18 países formalizaron el miércoles en Bogotá la creación de Ameripol, una policía continental que tendrá como prioridad la lucha antidrogas dentro de un conjunto de acciones contra el crimen trasnacional, informaron hoy fuentes colombianas. Tras dos días de deliberaciones, los representantes policiales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Paraguay, Uruguay, Perú y República Dominicana concluyeron en Bogotá el Tercer Encuentro de Directores de Policías de Latinoamérica y el Caribe. […]La secretaría Ejecutiva del organismo estará a cargo del director de la Policía de Colombia, general Óscar Adolfo Naranjo, hasta el año 2010. A partir de 2010, la Secretaría Ejecutiva será elegida para períodos de tres años.”