El Congreso eligió a Eduardo Peña Triviño como vicepresidente del país en reemplazo de Alberto Dahik, quien renunció y huyó a Costa Rica, luego de que el poder judicial dictara una orden de detención por presuntos malos manejos de los fondos reservados del Estado.

Las tensiones políticas tendieron a disminuir luego de la designación de Peña Triviño, un empresario ligado a empresas de seguros, quien fue ministro de Educación en los primeros años del gobierno de Durán Ballén. Peña ganó la elección con el apoyo del Partido Social Cristiano (derecha), la Democracia Popular (Democracia Cristiana), el Partido Conservador, al que pertenece el ex-vicepresidente Dahik, y a un grupo de diputados independientes.

Varios analistas y políticos señalaron que en esta elección se demostró que el Partido Social Cristiano (PSC) se encuentra co-gobernando con el régimen de Durán Ballén. Si bien el PSC fue uno de los partidos que impulsó la salida de Dahik, durante este régimen ha recibido grandes recursos económicos para sus gobiernos seccionales y varios de sus militantes ocupan cargos en dependencias públicas.

El nuevo vicepresidente adoptó un tono conciliador en sus primeras declaraciones y señaló que en los diez meses que le faltan al gobierno, dará prioridad a los aspectos sociales como la educación y la salud.

La crisis política todavía no está superada pues subsisten dos conflictos: la concesión de asilo para Dahik, cuya decisión está en manos del presidente de Costa Rica, José María Figueres, y el enfrentamiento del Poder Judicial con el Ejecutivo a propósito de un decreto secreto que dictó el presidente Sixto Durán Ballén para impedir que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano, incorpore al proceso y haga público el contenido de los microfilmes de las cuentas reservadas que manejó el ex-vicepresidente Dahik y sus secretarios.

Acusando al Presidente Durán Ballén de obstruir la justicia, sectores políticos han solicitado al Presidente de la Corte que sindique a Durán Ballén en el juicio penal que sigue por el caso de los fondos reservados de la vicepresidencia.

Dahik huyó el 11 de octubre contando con la colaboración de la embajadora de Costa Rica en el Ecuador, Luz Argentina Calderón, y del ex-vicepresidente de ese país, Germán Serrano. A su llegada a San José a bordo de su avión privado, Dahik se declaró perseguido político y pidió asilo, solicitud que fue posteriormente respaldada por el presidente Durán Ballén.

Continúa modelo económico

La continuación de la política económica ha sido una de las preocupaciones de los gremios empresariales. En este sentido, las autoridades económicas y el vicepresidente Peña han señalado que el rumbo neoliberal trazado por Alberto Dahik no sufrirá modificaciones.

Los ejes de la política económica de Dahik giran en torno a la privatización de las áreas estratégicas de la economía (petróleo, energía, seguridad social y telecomunicaciones), el control de la inflación mediante la restricción de la capacidad adquisitiva de la población, la reducción del tamaño del Estado, el pago de las obligaciones externas y la apertura a la inversión extranjera.

Durante la "era Dahik", se agudizaron los problemas sociales como el desempleo, la delincuencia y la pobreza, en tanto que la riqueza se concentró en poquísimas manos.

A ello se debe sumar, la difícil situación que atraviesa la economía debido a la crisis energética, la guerra con el Perú, la apertura al mercado mundial y la sobre-producción del banano ecuatoriano. El gobierno tenía previsto para este año un crecimiento económico del 5%, pero éste no llegará al 3%.

La sequía en la zona sur del país, en donde se ubica la central hidroeléctrica Paute, la principal del país, ha provocado severos racionamientos de energía que han semi-paralizado el aparato productivo del país desde hace tres meses.

Por la crisis energética muchas empresas medianas y pequeñas atraviesan serias dificultades, situación que se agrava por la subida de las tasas de interés. Se calcula que el país pierde 12 millones de dólares por día a causa de los racionamientos de energía.

"El problema de la crisis energética actual es que los gobiernos abandonaron el plan maestro de electrificación, al no haber ejecutado obras que estaban establecidas desde hace 10 años atrás", señala Roberto Proaño, dirigente de la Asociación de Obreros y Empleados del Instituto Ecuatoriano de Electrificación.

En este gobierno, el sistema eléctrico colapsó pues, en su afán de traspasar la infraestructura eléctrica a manos privadas, dejó de invertir en nuevas plantas eléctricas.

Ahora el gobierno prevé la instalación de centrales térmicas que resolverían el problema a comienzos de 1996, pero el costo de la electricidad será mucho más alto, pues el kilovatio térmico es cuatro veces más alto que el kilovatio hidráulico, advierte el dirigente sindical.

Una obra controvertida

Pese a que Dahik se encuentra fuera de escenario, sus seguidores continúan con la política de favorecer a las empresas petroleras transnacionales. En esta línea, el régimen proyecta ampliar el oleoducto de propiedad estatal, una controvertida obra que perjudicaría al Estado (Ver anexo, abajo).

Para rechazar el traspaso del petróleo a manos privadas, catorce trabajadores de la empresa estatal Petróleos del Ecuador, PETROECUADOR, se declararon en huelga de hambre. Otros de sus compañeros retuvieron, por unas horas, a dos ministros que se reunieron para adjudicar la ampliación del oleoducto. Ante la falta de respuestas oficiales, los petroleros iniciaron el 23 de octubre un paro gradual de actividades.
Al cabo de nueve días de huelga de hambre y dos días de paro, los trabajadores petroleros lograron la salida del ministro de Energía, Galo Abril, uno de los más interesados en la ampliación del oleoducto

Los trabajadores petroleros cuentan con el apoyo de la Coordinadora de Movimientos Sociales que agrupa a sindicatos públicos, indígenas, mujeres, grupos de derechos humanos y comunidades eclesiales de base. La consideración que hacen es que al transferirse el petróleo a manos privadas, el Estado se vería despojado de su principal fuente de ingresos. El Ecuador produce más de 350.000 barriles diarios
de petróleo y financia más del 50 % de su presupuesto con los ingresos petroleros.

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Una lucha con sentido patriótico

ALAI entrevistó a Marcelo Román, presidente de la Federación de Trabajadores Petroleros del Ecuador, FETRAPEC, cuando cumplía su quinto día de huelga de hambre, junto con 13 compañeros más.

- ¿Cuáles son los motivos que impulsaron a los trabajadores petroleros a declararse en esta huelga de hambre?

Nosotros hemos venido, desde hace mucho tiempo, oponiéndonos al proceso de modernización en la industria petrolera ecuatoriana, porque desde su inicio los síntomas no fueron modernizar sino liquidar a la empresa estatal con una clara actitud de transferir la propiedad a las compañías transnacionales y a las compañías que están alrededor de los círculos del poder gobernante.

Cuando entra el ministro Galo Abril, los procesos comienzan a acelerarse. A pesar de que la propia legislación ecuatoriana no permite desarrollar la venta de los activos de la industria petrolera sino solamente entregar en arrendamiento partes de la misma, el gobierno inicia el proceso de ampliación del oleoducto que siempre fue cuestionado por los técnicos, en primer término porque el volumen de reservas no justifica para hacer una ampliación como la que se pretende realizar.

En segundo término, la justificación del gobierno es poder transportar la producción de crudos pesados de las compañías prestatarias de servicios. Los crudos pesados tienen un alto costo de extracción, que bordean de los 10 a los 12 dólares, y en el mercado, no cuestan más de trece dólares. El transportar los crudos pesados por el oleoducto, provoca que se desplacen los crudos livianos de Petroproducción (estatal). Por un barril de crudo pesado que se introduce en el oleoducto se desplazan dos barriles de crudo que produce Petroproducción. Si se entrega el oleoducto a manos privadas, ingresarían cero centavos de riqueza para el Estado ecuatoriano y el Estado perdería 24 dólares del crudo liviano de Petroproducción.

- En este caso, el sindicalismo no está luchando por sus propios intereses sino por intereses más generales del país...

Si, nosotros hemos avanzando más allá de la lucha reivindicativa, salarial. En este momento que vive la nación y el pueblo ecuatoriano, era imprescindible que alguien tome esta lucha con sentido patriótico. Nosotros creemos que debemos asumir una actitud de franca defensa de esta industria. El Estado tiene que modificar y mejorar sustancialmente, tiene que asumir una política para la industria petrolera en la que incluso quepa el capital internacional y nacional, pero en donde el gran conductor de ese capital sea el interés nacional y no al contrario.

Publicado en el Servicio Informativo, Nº 221, ALAI, 26-10-1995, Quito.