En una entrevista reciente concedida a un periódico colombiano, Noam Chomsky expresa que “Estados Unidos dio por sentado durante mucho tiempo que dominaría y controlaría Latinoamérica: sus recursos, la inversión, sus gobiernos, entre otras. De hecho, un principio clave de la política de EU es que si ‘no se puede controlar Latinoamérica, ¿cómo se controlará el resto del mundo?’. Pues bueno, Latinoamérica está fuera de control, por primera vez”.

Desde la perspectiva estratégica de Estados Unidos, Puerto Rico no ha sido distinto. La amplia resistencia cívica que a comienzos del nuevo siglo obligó a la Marina de Guerra de Estados Unidos a retirarse de sus dos principales bases navales en Vieques y Roosevelt Roads llevó al presidente George W. Bush a declarar: “Nuestros amigos allá en Puerto Rico parece que no nos quieren allí”. En la literal expulsión de su Marina de Guerra, otrora soberano de facto en la Isla, intervino activamente una amplia constelación de movimientos y fuerzas, personalidades y organizaciones representativas de todas las corrientes ideológicas, incluyendo los gobernadores de turno. Ya Washington no podía confiar en la sumisión y lealtad absolutas de los partidos gobernantes de la colonia. El pueblo unido impugnaba la unilateralidad del actual arreglo y reclamaba su derecho a la autodeterminación.

Se advirtió posteriormente que la experiencia de Vieques, apuntalada en un amplio y asimétrico movimiento de movimientos, debía servir como modelo para reencauzar la lucha más que centenaria por poner fin a la condición colonial de la Isla y abrir paso definitivamente a la independencia como la única opción plenamente descolonizadora. En ello coincidió desde el líder del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Rubén Berríos Martínez, hasta el líder del Ejército Popular Boricua (Macheteros), Filiberto Ojeda Ríos.

Todo esto se iba dando en medio de la nueva concepción estratégica promovida por el gobierno de Bush, centrada en el modelo hobbesiano de la guerra general y global para garantizar un orden neoliberal. Bajo éste la sociedad es vista como un campo de batalla, entre silenciosa y abierta, con frentes externos e internos, un estado de guerra indeterminado e indiscriminado. Se instaura el Estado de Excepción y desparece la distinción tradicional entre derecho y fuerza.

A veces se nos olvida que el orden neoliberal nació con sangre. Fue en Chile, con la muerte del presidente constitucional Salvador Allende Gossens y la instauración de la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte que Hayek, Friedman y los demás llamados Chicago boys tuvieron la oportunidad histórica de implantar este modelo que se propondría el desmantelamiento del Estado benefactor o social, en cualesquiera de sus versiones, para reemplazarlo por este Estado de Control y Guerra Permanente. Así, mediante la represión y la guerra civil abierta, se procedió a reordenar a toda una la sociedad. La democracia siempre estuvo demás en todo ese afán reorganizador de los neoliberales.

Después del 11 de septiembre de 2001, los Estados Unidos escaló la apuesta. La guerra se convirtió en fundamento central de su política, lo que incluyó toda una pléyade de instrumentos represivos y de control que más allá de la guerra directa incluye la guerra silenciosa: el incremento de la vigilancia, la escucha de llamadas, el control sobre las comunicaciones electrónicas, la tortura, el encarcelamiento y el miedo, es decir, la guerra psicológica, entre otros. Hay que advertir que, según definido, en este nuevo orden de batalla existe una diferencia cada vez menor entre los conflictos externos y la seguridad interna. Ello conlleva la criminalización de toda forma de contestación y resistencia.

¿Será, pues, una mera casualidad que desde Vieques las autoridades judiciales y policiales de Estados Unidos han pretendido criminalizar a las tres corrientes ideológicas de Puerto Rico? Y es que, si no controla a Puerto Rico, ¿cómo entonces pretende controlar al resto de Nuestra América?

Comenzaron por el anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), aprovechando, claro está, unos claros actos de corrupción gubernamental que son consustanciales al propio modelo neoliberal promovido desde Washington y la privatización del gobierno. El Jefe interino de la Fiscalía Federal Guillermo Gil proclamó abiertamente en aquel entonces que la corrupción tenía nombre y apellido: “se llama Partido Nuevo Progresista”. El ex gobernador Pedro Roselló ripostó acusando al gobierno de Estados Unidos de persecución política contra el movimiento anexionista. Los cañones federales se enfilaron contra funcionarios de una administración que pretendió adelantar agresivamente la anexión de Puerto Rico, con todo lo controvertible que resulta dicha opción para un conjunto de poderosas fuerzas militares, políticas y económicas en Estados Unidos. En particular, les preocupa el efecto potencialmente desestabilizador que tendría la anexión de una nación latinoamericana con un movimiento independentista activo.

Con la designación del mexicano-estadounidense Bert García al frente de la fiscalía federal en la Isla, el Departamento de Justicia de Estados Unidos puso fin a toda nueva investigación dirigida contra el PNP y los rosellistas. El foco principal pasó a ser el movimiento independentista y, en particular, los Macheteros. Se procedió de inmediato a aumentar a un millón de dólares la recompensa por información que diera a la captura o muerte del líder machetero Filiberto Ojeda Ríos. Se fue montando el operativo que culminó con su asesinato por un contingente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) el 23 de septiembre de 2005. La fecha del crimen imperial no fue casualidad. Ese día los independentistas conmemoraban en Lares la proclamación en 1868 de la primera República frente al imperio español. Fue una admonición a todo el movimiento independentista.

Posteriormente, en múltiples comparecencias públicas, el Director de la Oficina del FBI en la Isla, Luis Fraticelli, ha justificado las acciones de su cuerpo represivo alegando que Puerto Rico constituye un foco de potenciales amenazas terroristas contra la seguridad interna de Estados Unidos, particularmente centrado en el movimiento independentista. Aunque ha alegado que no se refiere a aquellos independentistas que canalizan su lucha estrictamente dentro del marco legal de la colonia, todo independentista, afiliado o no afiliado a sus principales organizaciones o movimientos actuales, se ha dado por aludido.

Esta misma semana, el Tribunal Supremo de Estados Unidos denegó una demanda del Gobierno de Puerto Rico, bajo Anibal Acevedo Vilá, para que el FBI le entregue información relacionada con los controvertibles hechos que llevaron a la violenta muerte Ojeda Ríos. La advertencia es obvia: el FBI puede ejercer sus funciones policiales en Puerto Rico con total impunidad. Vivimos bajo un Estado de excepción bajo el cual se ha suspendido todo viso de estado democrático de derecho.

Lo que nos trae al pliego de acusaciones contra el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, por alegados actos de corrupción, que ha emitido el jueves pasado el Departamento de Justicia de Estados Unidos por medio de su Fiscalía en San Juan. “Nadie está por encima de la ley”, dijo la directora actual de la Fiscalía Federal en la Isla, Rosa Emilia Rodríguez. Palabras bastante risibles proviniendo de una vocera del Ejecutivo federal que se ha considerado continuamente por encima de la ley nacional e internacional.

“Un noriegazo”, fue como describió un compañero lo ocurrido. A todas luces constituye una intromisión imperial indebida en los asuntos internos de una nación latinoamericana. El hecho de que Puerto Rico sea una colonia, no hace que la intervención sea menos indebida. Sobre todo, en este caso constituye un burdo intento por influir sobre los resultados de las próximas elecciones coloniales de noviembre próximo, a favor del candidato anexionista y nuevo líder del PNP, Luis Fortuño, un aliado incondicional del gobierno de Bush y sus políticas internas y externas.

La Directora actual de la Fiscalía federal en San Juan es una protegida de Fortuño. La Fiscal a cargo de la investigación fue María Domínguez, nieta del notorio dictador dominicano y aliado de Washington, Rafael Leonidas Trujillo. Y aunque se pretenda justificar que la pesquisa federal contra Acevedo Vilá comenzó, a raíz de una querella local, antes de las tensiones suscitadas entre el gobierno de Acevedo Vilá y el FBI producto del asesinato de Ojeda Ríos, es indudable que su desenlace es el reflejo del enojo provocado por sus cuestionamientos, por más tibios que nos puedan haber parecidos en su momento, a la pretensión de impunidad de los agentes del imperio.

Washington ha decretado el fin del experimento del Estado Libre Asociado. Ocurrió lo que advirtió Luis Muñoz Marín, su fundador, ante el Congreso de Estados Unidos cuando se evaluaba la implantación de esta reforma cosmética al orden colonial existente: si los puertorriqueños algún día nos volviésemos locos, Washington siempre podría rescindir unilateralmente el nuevo estatuto. Y en Vieques los puertorriqueños nos volvimos locos. Con el tributo masivo dado a Filiberto Ojeda Ríos, ya andábamos de remate. Puerto Rico, según Washington, también poco a poco se le estaba poniendo fuera de control y no se podía confiar en que se siguiera gobernando por sí mismo, aún dentro del limitado marco colonial. De ahí que mandó a arrestar al gobernador de Puerto Rico. De aquí en adelante, el gobernador lo quita y lo pone de facto Washington, tal y como se acostumbró a hacer entre 1898 y 1952.

La represión es, pues, la respuesta imperial a la contestación y la resistencia. El Imperio ha contraatacado, lo que pone nuevamente sobre el tapete la urgencia de la autodeterminación para encarar definitivamente la suprema contradicción: ¡yanquis o puertorriqueños!

- Carlos Rivera Lugo es catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho y del Estado en la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, en Mayagüez, Puerto Rico. Es, además, colaborador permanente del semanario puertorriqueño Claridad. www.claridadpuertorico.com