Me imagino que en el país muy pocos escucharon hablar de Puerto Margarita. Es una comunidad guaraní a orillas del río Pilcomayo donde, como no podía ser de otro modo, casi todos, desde los niños hasta los más viejos se dedican a la pesca del cada vez más escurridizo y contaminado sábalo. Pero a pesar de todo, pobreza incluida, Puerto Margarita era hasta hace muy poco tiempo una comunidad tranquila, como adormecida en el tiempo, al extremo de hacernos sospechar que eso de vivir en las ciudades en realidad no era una buena idea. Sin embargo, de un día para el otro, esa quietud bucólica fue abruptamente alterada por el ruidoso trajín de camiones que transportaban inmensas maquinarias y en apenas un abrir y cerrar de ojos, en un santiamén dirían los lugareños, Puerto Margarita se convirtió en una de las reservas de gas más grande del país y de cuyos campos se supone saldrá este codiciado energético con rumbo a México y a la glamorosa California. En estos días, cuando todo el mundo, a lo largo y ancho del país, se siente con el legítimo derecho de opinar sobre la venta de gas al norte y se han desatado las pasiones más encendidas en torno a qué puerto es el más conveniente a nuestra economía o, según otros, a nuestra sacrosanta dignidad forjada al ritmo de marchas militares y cuartelazos, cuando todo esto sucede en ese país irreal que los medios de comunicación ayudan a erigir cotidianamente, nadie se tomó la molestia de preguntarse de dónde saldrá ese gas y quienes son los hombres y mujeres que habitan esas tierras que de manera tan inesperada se volvieron desmesuradamente codiciadas. Con discursos grandilocuentes se pretende restituirle la dignidad a un país asolado por seculares indignidades y quizá la más portentosa de todas ellas sea haberle negado a su población indígena el derecho a una voz propia y a ser ciudadanos plenos de una república que en estos días pareciera al borde mismo del naufragio, exhausta y sin encontrar aún la certidumbre y el decoro que solo otorgan el vivir al amparo de la equidad y de la justicia. Lo otro es apenas gobernabilidad. Puerto Margarita no es un lugar más en la extensa geografía nacional, en estos días esta comunidad guaraní del Chaco tarijeño es a su manera el testimonio del modelo de explotación de los recursos naturales que ha primado en nuestro país a lo largo de toda su historia. Los centros mineros, hoy verdaderos cementerios vivientes, así también lo testimonian. Un sistema extractivo y depredador donde las comunidades locales no han tenido la opción de decidir y mucho menos de beneficiarse con una riqueza -su riqueza si de derechos hablamos- que absortos vieron pasar como un fugaz e irrepetible destello. Participar en las decisiones que afectan a los recursos de los territorios indígenas y ser parte de los beneficios generados por esa riqueza, exigir que se cumplan con las normas establecidas para evitar o por lo menos mitigar los impactos ambientales y de esa manera impedir que sus áreas tradicionales de pesca, caza y recolección sean irreversiblemente dañadas, son todos ellos derechos consagrados por normas nacionales e internacionales. De lo que se trata es que estas disposiciones se cumplan y las comunidades sean debidamente escuchadas en sus demandas, solo de esa manera podremos hablar de dignidad nacional. De tal suerte que cuando en los próximos días, como con seguridad sucederá, se continúe con la ya célebre discusión sobre cual es el mejor puerto para la exportación de gas, no nos olvidemos que existe otro puerto enclavado en la llanura chaqueña donde hombres y mujeres guaraníes esperan de una vez por todas ser parte de este país y no, como hasta ahora sucedió, ser los eternos perdedores de una historia donde ganan los pocos de siempre. * Miguel Castro Arze. Director del Centro de Estudios Regionales de Tarija.