Las radios comunitarias, en varios países de la región, reclaman el derecho a existir legalmente y enfrentan a los gobiernos y al poder de los propietarios de los medios de información que pugnan por el cierre de estos medios de baja potencia y alcance limitado que permiten la expresión de universidades, organizaciones vecinales, sindicatos, cooperativas, grupos juveniles y otros.

Con un viejo transmisor y una antena confeccionada con un tubo de aluminio, la radio las “Voces de Belvedere", del barrio del mismo nombre en Montevideo, inició sus transmisiones el4 de febrero de 1995. Desde entonces, salía al aire todos los días, desde las 19hOO hasta las 23hOO. Un grupo de jóvenes fue el promotor de esta iniciativa que surgió cuando la música que les gustaba dejó de sonar en las radios de la ciudad.

Con un alcance de 6 kilómetros que cubría a 6 barrios, la radio transmitía música de los más variados géneros, pero también abordaba temas de discusión como la anti-concepción, el día del boicot a la Mac Donald, los abusos de la policía o los temas políticos relacionados con la Intendencia o el Frente Amplio.

Como esta radio, en Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Chile y otros países han surgido, en las últimas décadas, cientos de radios de pequeña y mediana cobertura que se proponen "devolver la voz a los que nunca han tenido voz".

La emergencia de las radios comunitarias está causando dolores de cabeza a los propietarios de los medios masivos, quienes mueven todas sus influencias para impedir que estos medios adquieran un estatus legal y se desarrollen.

A menudo, estas radios funcionan fuera de la ley y las autoridades las consideran "clandestinas", "informales" o "piratas" y frecuentemente ordenan 'su clausura y la incautación de sus equipos. Veamos, brevemente, lo que pasa en la región con estos nuevos medios de comunicación.

"No somos clandestinas"

En Uruguay, las instalaciones de la radio barrial El Puente FM, que funcionaba en el local de) Centro Juvenil del Mercado Victoria fue allanada y su antena destruida para que no pueda funcionar. Entre tanto, en el Departamento de Durazno, el Ministerio de Defensa clausuró e incautó los equipos de la radio "FM Oxígeno".

Las acciones se llevaron a cabo, paradójicamente cuando se desarrollaba el encuentro "Con los pies en la tierra y la voz en el aire" que reunió a las radios: El Puente, Oxígeno, Alternativa, Emisora de la Villa y radio FEUU (Federación de Estudiantes Universitarios), las cuales reclaman el derecho a existir legalmente, sin persecuciones de ninguna especie.

En diciembre de 1995, las radios fueron cerradas por orden gubernamental. Una de las clausuradas, Radio El Puente FM, nació como un complemento a un periódico barrial, definiéndose como un "puente de comunicación entre los vecinos".
"Tenemos el derecho de transmitir informaciones, opiniones y pensamientos de un importante sector de la sociedad montevideana como son los habitantes de los barrios de la Teja, Tres Ombúes, Pueblo Victoria, Belvedere y Nuevo País", expresa Gustavo Gómez, director de FM El Puente, en una carta al Ministerio de Defensa, a cuyo cargo están las comunicaciones.

Gómez agrega: "Nuestra emisora no es clandestina. Nunca lo fue, ni tiene vocación de serio. Necesita estar bien al alcance de la gente para que pueda arrimarse a contar sus historias, sus penas y alegrías, y necesita salir mucho a la calle, huyendo de los lugares oscuros y pequeños de los grandes locutores para ir donde está la gente y ofrecerles el micrófono para que hablen", agrega.

Las radios: una realidad

De otro lado en el Salvador, 11 radios comunitarias se encuentran cerradas, desde el 4 de diciembre de 1995, fecha en que ANTEL, ordenó el cierre e incautación de equipos de las radios comunitarias, argumentando que el dial estaba saturado y no existía espacio.

Los radiodifusores comunitarios organizados en la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, expresan que el surgimiento de las radios comunitarias se enmarca dentro de un movimiento mundial de comunicación social participativa y que su objetivo es apoyar al desarrollo de la persona humana y de su comunidad, en armonía con el medio ambiente.

La Ley de Servicio de Telecomunicaciones de la Administración Nacional de Telecomunicaciones, ANTE, no contempla la existencia de las radio comunitarias, sin embargo, éstas son una realidad.

Las radios comunitarias de El Salvador "están contribuyendo al desarrollo integral de las comunidades: sirven a diversos cantones y caceríos, complementan los servicios telegráficos y de correos y desarrollan campañas educativas en apoyo a organismos gubernamentales y de la sociedad civil", señala la Junta de Directiva de ARPAS en una carta enviada al presidente de ANTEL.

La ARPAS, a finales del mes de mayo, organizó una campaña pública pidiendo un permiso transitorio para que las radios puedan operar legalmente. Exigen también que en el marco de la privatización de ANTEL, las nuevas legislaciones y reglamentos contemplen la figura de la radio comunitaria.

Tema controvertido

En Brasil, asimismo, el tema de las radios comunitarias es tema de controversia y preocupación pública. El Congreso tramita un proyecto de ley del Ejecutivo para reglamentar el funcionamiento de las radios comunitarias, que ya suman más de 2000. El proyecto limita la potencia de las radios informales a 10 vatios y su alcance a 400 metros.

La Asociación Brasileña de Radio y Televisión inició una campaña para exigir el cierre de las emisoras "piratas", a las cuales acusa de perjudicar a las emisoras comerciales al vender espacios publicitarios a bajo costo.

La demora en la legalización de las radios comunitarias se debe a las presiones de las oligarquías que dominan los medios de comunicación, señala el periodista Nivaldo Manzano, presidente de la Asociación Nacional de las Radios Comunitarias.

Manzano acusa al Ministerio de Comunicaciones de cerrar diariamente decenas de emisoras. El Brasil es uno de los pocos países "donde este tipo de servicio de utilidad pública aún es un caso policial", argumenta el periodista.

Un espacio de la comunidad

Por último en Colombia, el gobierno, a través del Ministerio de Comunicaciones ordenó el cierre de 300 emisoras en todo el país, según denunció José Fernando Betancur, director de la Emisora el Prado de Medellín.

El Ministerio de Comunicaciones no ha respondido a las peticiones de las emisoras comunitarias que se han acogido a la reglamentación de la radio comunitaria aprobada en 1994.

El gobierno "no toma en cuenta que estas emisoras han surgido obedeciendo a necesidades de comunicación de las comunidades y sus organizaciones", argumenta Betancurt, quien hace un llamado a la sociedad civil a salir en defensa de la radio comunitaria "como un espacio que la comunidad se ha ganado en su trabajo por la democracia, la paz y el desarrollo social".

Comunicación: derecho humano

La radios comunitarias y populares aducen que el "espectro radioeléctrico debe ser compartido por todos los sectores de la sociedad civil", como se expresó en la Declaración de Radioapasionados y Televisionarios, aprobada en Quito, el 24 de noviembre de 1995 (ver ALA! No. 223, 27-11-95).

Además invocan, como sustento para su acción, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que señala que "todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir opiniones y el difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".

Las formas de propiedad de los medios de información más reconocidas en América Latina son la estatal y la comercial-privada, que es la predominante. En este campo, las radios comunitarias plantean que los gobiernos garanticen la existencia de los medios de comunicación comunitarios y populares como una tercera forma de propiedad, a la que denominan "social sin fines de lucro". Esto permitiría afirmar el derecho democrático a la comunicación y desarrollar nuevos espacios en circunstancias en que las tendencias neo liberales están conduciendo a fenómenos de monopolización, transnacionalización y concentración de los medios escritos, audiovisuales y radiales.

Publicado en el Servicio Informativo, Nº 233, ALAI, 27- 05-1996, Quito