El 18 de marzo, el juez de la Corte Suprema de la provincia de Ontario, Patrick Smith sentenció al Jefe Donny Morris y cinco otros miembros del Consejo de la Primera Nación Kitchenuhmaykoosib Inninuwug (KI), una comunidad de 1200 personas en el norte de Ontario, Canadá, a seis meses de prisión por ‘desacato a la corte’. Desobedecieron una orden de la corte de mantenerse alejados de una parte de sus tierras, designada a la minería por la Corporación Platinex. También recibieron multas exorbitantes, pero el juez aplicó la encarcelación puesto que sabía que no podrían pagar - ya estaban en bancarrota debido a los US$500.000 de gastos judiciales que habían pagado para defenderse de Platinex ante la corte a lo largo de los últimos años. Platinex le había hecho juicio a KI, inicialmente por una suma de US$10.000 millones (que luego fue reducido a US$10 millones).

En su fallo, el Juez Smith citó como precedente la encarcelación del líder de la Nación Ardoch Algonquin Robert Lovelace quien, por su parte, fuera sentenciado el 15 de febrero a 6 meses en prisión por intentar impedir la minería de uranio por la compañía Frontenac Ventures en tierras de la Nación Ardoch Algonquin, a unos 100km de Ottawa, capital de Canadá (para ver un mapa del área y comentarios –en inglés- sobre algunos de los aspectos legales, dirigirse al portal de la Primera Nación Arodch Algonquin: http://www.aafna.ca/index.html y en particular http://www.aafna.ca/Uranium_mining.html). A Lovelace también le ordenaron pagar US$25.000. A Paula Sherman, jefa de la Nación, le ordenaron pagar US$15.000 y a la comunidad US$10.000 adicionales, más US$2000 por día de desobediencia. El juez de ese caso, J. Cunningham, dijo que la sentencia le pareció una ‘tarea desagradable’.

La encarcelación de estos líderes aporta una mirada a toda una gama de irracionalidades y crueldades – la desposesión de los indígenas, la búsqueda de beneficios rápidos que se puedan extraer de la tierra y convertirlos en dinero sin importar las consecuencias, el sistema energético no sustentable, la despiadada defensa de un sistema indefensible.

La historia en Canadá ya es vieja, descrita elocuentemente en el libro de hace 25 años que podría haber sido escrito ayer por Robert Davis y Mark Zannis (1983) llamado ‘The Genocide Machine in Canada’ (trad.: ‘La máquina de genocidio en Canadá’). A las Naciones Indígenas se les quitan sus bases territoriales, y son rodeadas por colonizadores, industrias extractivas, y desarrollos. Pierden sus medios de subsistencia cuando se les quitan o se envenenan sus tierras. Se hacen dependientes de pequeños pagos de parte del gobierno. Cuando resisten mayores usurpaciones a sus tierras, esos ingresos corren peligro.  Si eso no los asusta, siempre queda la violencia y la cárcel.

Para comprender el significado de estas encarcelaciones, es necesario tomar un momento para explicar las leyes de Canadá en cuanto a derechos indígenas y el uso público de la tierra.

Trampas legales

KI figura en el ‘Tratado 9’, que fue firmado en 1929. La disputa legal es que Platinex afirma tener derecho a explorar y explotar bajo las leyes de minería de la provincia de Ontario, e intentó hacerlo en 2005 y 2006. ¿Los derechos de las compañías mineras a beneficiarse, partiendo de la jurisdicción provincial, sobrepasan los acuerdos entre el gobierno federal y las naciones indígenas en un intento de proteger los medios de subsistencia de las naciones? Cabe aclarar que estos medios son la caza, la recolección, y los territorios de pesca en Big Trout Lake – bosques fértiles y naturales que las operaciones mineras destrozarán. KI argumentó que las perforaciones causarían daños irreparables. Platinex argumentó que estaban perdiendo dinero. La corte de Ontario le dio la razón a Platinex.

La Ley de Minería de la provincia de Ontario es de hace 135 años, y se basa en el lejano oeste como modelo. Habilita a toda persona a presentar una demandaen tierras del Estado. Esto significa que las tierras estatales se pueden explotar por intereses privados. La cuestión legal tiene que ver con si esta ley sobrepasa a las demás – y a todo sentido común y ético que presenta esta situación. KI y otros han afirmado que la Ley de Minería es inconstitucional, ya que desconsidera el ‘deber de consultar’. La corte ha indicado que si no se encarcelaba a estos líderes, se le faltaría el respeto a la ley, se crearían dos sistemas judiciales. Pero ya existen dos sistemas judiciales. Los que ilegalmente toman o contaminan territorios indígenas no son penalizados con sentencias de prisión, en la manera que le ha ocurrido a Robert Lovelace y los seis otros líderes. El portavoz de los Shabot Obaajiwan Earl Badour lo dijo concisamente en el comunicado de prensa del 18 de marzo: ‘El gobierno acusa a las Primeras Naciones de violar las leyes canadienses cuando defienden sus tierras, pero Canadá mismo elije las leyes que va a respetar y las que no’, dijo Badour. ‘Si la ley no les es beneficiosa, simplemente le hacen caso omiso’. Los Shabot Obaajiwan les están haciendo juicio a las compañías mineras y al gobierno por el ‘deber de consultar’ en fallos de la Corte Suprema y de la constitución. El deber de consultar significa que se debe consultar debidamente con las comunidades indígenas en cuanto a la exploración de recursos naturales en sus tierras. Claramente, esto se contradice con la Ley de Minería de la provincia de Ontario, que permite a las corporaciones apoderarse de todo lo que puedan. La justificación del Juez Smith por sus sentencias draconianas ilustra lo preocupante de que se considere a la Ley de Minería de la provincia por encima de la constitución y las decisiones de la Corte Suprema. Se han burlado las leyes más altas para honrar a las ganancias.

También hubo otras trampas legales, que incluyen la orden judicial y el interdicto de la compañía, en vez de levantar expediente a los representantes indígenas por invasión de propiedad ajena – la acusación por invasión de propiedad ajena hubiera dado lugar a todas las inquisiciones legales sobre de quién era la tierra.

Políticas mineras

Frontenac Ventures, la compañía que intenta extraer el uranio a costillas de la comunidad Ardoch Algonquin, está envuelta en un paño de misterio. El investigador de minería, Jamie Kneen, le dijo a Chris Arsenault, de la agencia de noticias IPS, que ‘más allá del presidente y el abogado, nadie sabe quiénes son ni de dónde sacan su dinero’. El presidente de Frontenac, George White, se rehusó a responder llamadas de los medios.

El abogado de Frontenac, Neil Smitheman, también representa a Platinex. En efecto, cuando la corte provincial falló que Platinex debía detener sus operaciones mientras se llevaban a cabo las consultas con KI, Smitheman dijo ‘Hay muchas compañías mineras y de exploración que podrían encontrarse en una situación similar si no se realizan las consultas apropiadamente en tierras que podrían estar sujetas a una demanda de las Primeras Naciones’. Aparentemente, la corte llegó a la misma conclusión, ya que decidió en el 2007 que Platinex podía, en efecto, perforar en el territorio de los KI.

Para darse una idea de lo que podría ocurrir en las tierras de los Ardoch Algonquin si efectivamente se hace una mina de uranio, hay precedentes. La mina de uranio canadiense más famosa fue la de Elliot Lake, también en el norte de Ontario, que dejó 130 millones de toneladas de residuos y destruyó el ecosistema del Río Serpent mientras contribuía al abastecimiento de armas nucleares en los años 50’ y 60’ (ver Mining Watch sobre Elliot Lake).

No existen métodos no-tóxicos en la minería industrial (y si los hay, con certeza las compañías mineras canadienses no los han descubierto), con lo cual se puede disculpar a la gente que pregunta si sería tan malo dejar al material en la tierra. Después de todo, el uranio es un material radioactivo y venenoso y el cual, una vez que se ha utilizado, es peligroso por miles de años. Como dijo Doreen Davis, otra líder algonquin que fue sentenciada a prisión, ‘El único record que tiene la minería de uranio es la destrucción del medio ambiente y efectos negativos en la salud’. Actualmente, el uranio forma parte de los medios de producir energía en Ontario. La energía nuclear se presenta como una solución al cambio climático y a la falta de petróleo. Pero la energía nuclear, al igual que el etanol, son soluciones falsas. El etanol sirve para sacar de circulación enormes superficies de tierra agrícola para que las sociedades puedan alimentar a sus carros y matar de hambre a su gente. El uranio promete canjear los peligros del cambio climático por los peligros del envenenamiento radioactivo y de una catástrofe nuclear en potencia. Pero en ambos casos, la suba de los precios viabiliza económicamente la desposesión y destrucción de comunidades – en América Latina por el etanol, y en Canadá por el uranio.

Paul McKay, amigo y vecino de Robert Lovelace, enunció otros puntos sobre la minería en una nota del periódico Kingston Whig-Standard: ‘Como ya lo admitió hasta el abogado del promotor minero en las audiencias judiciales, las chances de que se construya una mina de uranio en el Río Mississippi al noroeste de Sharbot Lake son ínfimas. En comparación con otros depósitos en la provincia de Saskatchewan, Australia, Sudáfrica, y Asia, el mineral es de un grado bajísimo, y los costos de la mina son excesivos’.  También lo sería, indica McKay, volviendo a las minas de Elliot Lake, el riesgo de contaminación al intentar extraer este uranio de bajo grado de estos depósitos.

El propósito de estas encarcelaciones, afirma McKay, es enviar un doble mensaje político. Uno, para las compañías mineras – la riqueza mineral del norte está disponible y el gobierno sacará del camino cualquier resistencia indígena. Estas incluyen a gigantes tales como la compañía de diamantes De Beers, que opera en el norte de Canadá, cerca de la Bahía de James. El segundo mensaje es para los indígenas – que cualquier resistencia a la ola de extracción y destrucción será criminalizada y atraerá penalizaciones brutales. McKay también indica que estas compañías mineras quizás no estén buscando platino ni uranio, sino un pago del gobierno ‘si el gobierno de Ontario le paga para que se vaya. Si esto ocurre, entonces serán los impuestos que pagan los residentes de Ontario los que serán minados por millones. No serán los depósitos de uranio, ni los de platino’.

Esto, también, tiene un precedente reciente en Ontario – las Tierras Douglas Creek en Territorio de Seis Naciones (ver mi artículo en ZNet, 2006). También en ese caso, el gobierno de Ontario intenta la táctica de pagar una gran suma de dinero de los impuestos de los residentes a una corporación para que ‘se vaya’. Más allá de beneficiar a los especuladores, le hace propaganda a la idea de que las demandas indígenas son exageradamente costosas y ‘poco prácticas’ (las interminables subdivisiones suburbanas y las minas tóxicas de uranio y platino parecen haberse aceptado como prácticas).

Los juegos del gobierno y la respuesta indígena

Cuando los representantes indígenas de las comunidades afectadas iniciaron un fuego sagrado, simbólicamente, apoyando a los prisioneros de Thunder Bay, una ciudad de 100.000 personas a 600km de la Primera Nación KI, la policía local y los bomberos lo apagaron – de por sí una actitud simbólica y desagradable.

Como en otros casos (ver mi artículo sobre Shawn Brant por ejemplo), las acciones del gobierno limitan las opciones, dejando a la resistencia como la única opción para las comunidades indígenas. Un comunicado de prensa del 20 de marzo de las Primeras Naciones de Sachigo Lake, Bearskin Lake, Muskrat Dam, Kasabonika, Wunnimun, Wapekeka, Kingfisher and Wawakapewin insta a mantener la oposición a la decisión de la corte y a la posición de las compañías mineras. Un grupo de Jefes de Columbia Británica, una provincia al oeste de Canadá, sugiere que la Asamblea de Primeras Naciones (AFN por sus siglas en inglés) rompa el Memorando de Comprensión (MoU por sus siglas en inglés) con la Asociación Canadiense de Exploradores (PDAC por sus siglas en inglés), firmado el 4 de marzo del 2008. ‘Los miembros de la comunidad han sido encarcelados por defender sus Títulos y sus Derechos a sus territorios y cualquier relación que se mantenga con la industria minera estará indeleblemente manchada por estos chocantes acontecimientos… Visto el enfoque desagradable y provocadorde las Cortes y la industria minera hasta ahora, es primordial demostrar nuestro apoyo a la Primera Nación Kitchenuhmaykoosib Inninuwug y rechazar todo tipo de relación con la industria minera’. La Nación Nishnawbe Aski (NAN por sus siglas en inglés) suspendió las negociaciones sobre minería con el gobierno de Ontario al día siguiente de la sentencia de los líderes KI. ‘Ha sido un gran insulto a todas las Primeras Naciones’, le dijo a los reporteros Alvin Fiddler, Segundo Gran Jefe de NAN el 19 de marzo. El Jefe Nacional de la Asamblea de Primeras Naciones, Phil Fontaine visitó a algunos de los líderes encarcelados en Thunder Bay el 22 de marzo, y denominó a las encarcelaciones como un obstáculo para la paz. El primado anglicano de Canadá, Arzobispo Fred Hiltz, escribió una carta al gobernador de la provincia de Ontario indicando que las encarcelaciones emergen ‘de la imposición continua del poder y valores de los colonizadores’.

El periódico de la ciudad de Kingston, Kingston Whig-Standard, citó al Gran Jefe de NAN, Stan Beardy, afirmando que influían también otras consideraciones políticas. “El gobierno de McGuinty fue denominado débil por como manejó la situación de Caledonia, y ahora dicen, ‘No somos débiles, y lo vamos a mostrar mandando a estos indios a la cárcel…’ Lo que está ocurriendo aquí es que se nos ha criminalizado por mantener nuestro modo de vida.  El gobierno nos quiere poner como ejemplo. Lo que se está haciendo es que, una vez más, nos sacan del camino, explotan nuestros valiosos recursos, y todos sacan partida menos nosotros”.

El gobierno federal no ha echado cartas en el asunto y, al mantener silencio, dejando el tema a la provincia, indica que los temas indígenas nos son temas nacionales para nada. Dadas las opiniones del régimen del Primer Ministro Harper en derechos indígenas, sin embargo – un prominente asesor de Harper, Thomas Flanagan de la Universidad de Calgary, afirma en su libro ‘¿Primeras Naciones? Dudas’, que ‘la civilización europea estaba miles de años más avanzada que las culturas indígenas de América del Norte’ y que ‘la colonización de América del Norte era inevitable y, si aceptamos el análisis filosófico de John Locke y Emer de Vattel, justificable’ – probablemente sea mejor que la gente de Harper no se meta. En cuanto al gobierno de la provincia, utilizan tácticas conocidas. Mientras que la Corte Superior impone sentencias draconianas, el Ministro de Asuntos Aborígenes de la provincia, Michael Bryant, propone una ‘solución intermedia’ – en la que los líderes no van a la cárcel, pagan sólo algunas de las multas, y permiten que continúe la minería. En otras palabras, que se den por vencidos. Y aunque ha intentado mucho evitar las encarcelaciones, dice Bryant, no está dispuesto a rendirse (por lo visto no se rinde en intentar que los indígenas se den por vencidos).

Pero el gobierno y las compañías mineras están pidiendo demasiado. De la misma manera que en otras partes del mundo, las transnacionales mineras intentan aislar a las comunidades afectadas. Quieren que los indígenas accedan a que se destruyan las pequeñas tierras que se les ha dejado, para que algunas compañías puedan adinerarse extrayendo metales tóxicos. Si no acceden, el gobierno usará la fuerza. Pero para usar la fuerza, les falta convencer a los/as canadienses que vale la pena destrozar las tierras y modos de subsistencia de otras personas para sacar uranio, platino, diamantes, o dinero. Creen contar con que los/as canadienses son ignorantes, o indecentes.