Desempleo galopante Desde 1992 la apertura económica aumentó dramáticamente el desempleo industrial y agrario, debido al incremento de las importaciones de bienes agrícolas y manufacturados. Esto se reflejó claramente en las estadísticas a partir de 1994, cuando la industria comenzó a limitarse a las actividades de ensamblaje, lo cual determinó una paulatina pérdida de puestos de trabajadores no calificados y la tasa de desempleo comenzó un ascenso que no ha cesado. No sobra recordar que la Ley 50 de 1990 de reforma laboral se hizo con el pretexto de que la flexibilización del mercado laboral aumentaría el empleo, cosa que fue desmentida por los hechos acaecidos a lo largo de la década. Desde las recomendaciones de la Misión Chenery en los ochenta e incluso en el plan de apertura económica formulado a finales de 1989, se estableció -y era un consenso, que se mantiene, entre los economistas- que el desempleo solamente podría reducirse si la economía crecía por encima del 5%, lo cual no se logró en toda el decenio y menos aún durante el actual gobierno. En efecto, Hugo López, uno de los más calificados expertos sobre el tema del empleo, señaló hace dos años: "El país tiene que lograr tasas de crecimiento sostenibles superiores al 5% anual. Aún así, la desocupación no bajará del 13 o 14% en cinco años" (El Tiempo, febrero 21 de 2001). Y los técnicos de Planeación Nacional afirmaron que "se necesitarían tasas de crecimiento del PIB superiores al 4,2% para evitar que siga creciendo el número de desempleados y de 5,8% para reducirlo" (Economía Colombiana, No. 285, agosto de 2001). El desempleo colombiano es uno de los mayores de América Latina y del mundo entero y Andrés Pastrana se encargó de agravarlo aún más. Cuando asumió la presidencia, el desempleo en las siete ciudades principales era de 12,1% - septiembre de 1998- (Revista del Banco de la República, nov. 2001, p. 278) y el subempleo en las cuatro ciudades principales 19,8% -primer trimestre de 1998- (Dane. Indicadores de Coyuntura, junio 1998). Dichos guarismos, de por sí altos, se incrementaron notoriamente durante el cuatrienio que está por terminar. Según el Dane, en febrero del 2002 había alrededor de 10 millones de personas -entre cesantes y subempleadas- buscando empleo. En dicha fecha el desempleo nacional fue de 18,4%, abarcando a 3,2 millones personas, y el subempleo 34%, afectando a 6,6 millones, 459.000 más que en igual mes del año pasado. (El Tiempo, IV/2/02/1-9 y 1-11). Sin embargo, estos datos oficiales no suscitan la credibilidad de la inmensa mayoría de analistas económicos, incluyendo la CEPAL, los cuales coinciden en afirmar que en los últimos dos años el desempleo abierto ha estado por encima del 20%, cifra similar a la de Estados Unidos durante la Gran Depresión de 1929-1932, cuando el flagelo llegó en ese país al 20,6%. A la crisis industrial y agraria se sumó el efecto de las privatizaciones y el recorte de los gastos del Estado, el cual -aplicando leyes como la 617 de 2001 de saneamiento fiscal- arrojó miles de trabajadores oficiales a las filas de los desempleados. Para ocultar esta realidad, desde enero del 2001 el Dane reemplazó la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) -la cual venía realizando en forma ininterrumpida desde 1976- por la Encuesta Continua de Hogares (ECH), introduciendo diversos cambios que disminuyen estadísticamente las cifras del desempleo. Por ejemplo, se redujo el número de hogares que ahora se visita semanalmente, la ENH consideraba desempleado a quien no tuviera trabajo y lo hubiese buscado en algún momento durante las últimas 52 semanas (un año) mientras la ECH sólo a quienes lo hayan buscado en algún momento durante las últimas 4 semanas, y en la nueva encuesta ya no es necesario trabajar sin remuneración más de 15 horas semanales en un negocio familiar para ser considerado empleado, bastando hacerlo al menos una hora. Según Álvaro Montenegro, "Los cambios descritos tienen el efecto de reducir la tasa de desempleo de la nueva serie aproximadamente en un punto y medio porcentual con respecto a la antigua metodología" (El Tiempo, I/21/2001) y Eduardo Sarmiento estima que esta nueva medición reduce el desempleo en 2,5% (El Espectador, mayo 6 de 2001). Además, las cifras de desempleo y subempleo no incluyen al sector informal. Según la OIT, éste representaba el 52% de la PEA en 1997 (Informe OIT, marzo 1997) y en abril de 2001 había aumentado hasta abarcar al 60% de la población ocupada, al 60% de los jefes de hogar, al 63% de los cónyuges y al 54% de los hijos solteros (Fedesarrollo, encuesta realizada en abril de 2001 en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla sobre una muestra de 2.600 hogares). El gobierno, fiel a la doctrina neoliberal, ha culpado del desempleo a la rigidez del mercado laboral, preconizando la flexibilización. Cada año de este mandato presidencial, los funcionarios gubernamentales anunciaron la recuperación económica y el aumento del empleo, para al poco tiempo - invariablemente- tener que rectificarse. Las medidas contempladas por la administración Pastrana para contrarrestar la desocupación han sido inútiles. Por ejemplo, los programas Empleo en acción y Vías para la paz concebidos para "generar 200.000 puestos de trabajo" se quedaron sobre el papel, ya que suponían un mayor crecimiento económico y un mayor margen de gasto estatal. Asimismo, en 2001 se fraguó un Acuerdo Temporal de Solidaridad para crear 600.000 empleos, el cual fracasó estrepitosamente en septiembre, a pesar de los intentos del ministro de Trabajo Angelino Garzón para incluir a los trabajadores en el corralito de la concertación. La intención pastranista era adelantar una reforma laboral, implementando una nueva flexibilización prolongando la jornada laboral hasta las 8 de la noche con el propósito de no pagar festivos, extras ni dominicales, bajar la tabla de indemnizaciones, permitir salarios inferiores al mínimo, disminuir los aportes a las Cajas de Compensación, etc. Todas estas medidas se propusieron partiendo del supuesto de que al disminuir los ingresos de los trabajadores se resolvería el desempleo, sin tocar los fundamentos de una apertura económica que quebró la producción, debilitó al Estado y condujo a la recesión. El ejemplo más claro de la inutilidad de estas políticas para resolver el desempleo es la ley sobre Zonas Especiales de Exportación -decretadas ya hace casi un año por el Congreso y aprobada, entre otras, por la bancada serpista- en las cuales se instauró la flexibilización laboral en varias ciudades fronterizas sin traer ninguna mejoría a sus poblaciones, sino -por el contrario- deteriorando las condiciones laborales. El fracaso de la política gubernamental de empleo fue reconocido por el ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, cuando -en el debate promovido en el Senado a finales de marzo del 2002 por Luis Guillermo Vélez- confesó que todos los empleos generados últimamente lo fueron en el sector informal. Por su parte, ante el crecimiento del sector informal, el director de Planeación y otros funcionarios han señalado que la reforma laboral ya se materializó de hecho, pues en este sector lo que predomina es precisamente la susodicha flexibilidad laboral. Como quien dice: para resolver el problema del empleo hay que extender al resto de la economía la precariedad y falta de garantías existentes en el sector más atrasado de la economía, en el cual se concentran meras actividades de subsistencia y "rebusque". En resumidas cuentas, como reconoce Javier Fernández Riva, "No ha habido política de empleo, sólo charlatanería, anuncios no más, pero no una política seria" (El Espectador, agosto 5 de 2001). Nunca se había visto tanta pobreza La apertura económica se implementó con una nueva política social dirigida a "focalizar" la acción del Estado. En virtud suya, en lugar de ofrecer servicios o asistencia al conjunto de la población se busca dirigir los recursos hacia los más pobres de los pobres, a los indigentes o a los sectores más vulnerables. Su carácter es remedial, buscando tan solo aliviar temporalmente la situación de miseria extrema. Esta orientación no fue una creación criolla, sino formulada por la banca internacional con la finalidad de atenuar las más escandalosas manifestaciones de miseria causadas por la globalización. La tendencia de la pobreza en Colombia se corresponde plenamente con su evolución mundial, la cual ha sido un producto de la globalización, que la ha generalizado a todo el planeta. Esto ha hecho que los organismos internacionales -e incluso el mismo gobierno norteamericano- se hayan visto obligados a enfatizar en los últimos años la necesidad de luchar contra este flagelo, con el argumento de que los "beneficios" de la globalización no han llegado a todas las personas. En Colombia se vive una situación parecida a cuando subió al gobierno Ernesto Samper proponiendo una "apertura con corazón", pero como la situación social se ha agravado, los candidatos presidenciales han propuesto en la c t