La Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika Guasu (APG-IG), al considerar que el gobierno nacional a través del Ministro de Hidrocarburos y Energía Carlos Villegas, no ha honrado sus compromisos con relación al proceso de Consulta y Participación para la construcción del Gasoducto Villamontes – Tarija en su fase II, se ha declarado en estado de emergencia y convocó a las 36 comunidades de la TCO a una “Gran Asamblea Extraordinaria de Emergencia” para el próximo 25 y 26 de abril, con el único objetivo de que el pueblo guaraní de Itika Guasu, siguiendo sus usos y costumbres, defina las medidas necesarias a tomar, ante lo que consideran como el incumplimiento y violación de sus derechos por parte de funcionarios subalternos del Ministerio de Hidrocarburos y la Empresa Petrolera Transredes que es titular del Proyecto Gasoducto Villamontes - Tarija y en éste momento ejecuta la segunda fase.

 
A pesar de que el pasado 17 de abril se hicieron presentes en la sede de la APG Itika Guasu, en Entre Ríos, el jefe de la Unidad de Medio Ambiente del Ministerio de Hidrocarburos, técnicos del Viceministerio de Desarrollo Energético y del Viceministerio de Industrialización y Comercialización, junto a técnicos de la Superintendencia de Hidrocarburos, esta comitiva del gobierno no llevó la información que el pasado 5 de Abril había comprometido el Ministro Villegas y el Viceministro Ortiz como reza el acta de reunión firmada por ambos ante el presidente de la APG IG y el Responsable de Recursos Naturales.

 Para Barrientos,“esto deja mucho que desear porque pareciera que las autoridades competentes no tienen ninguna autoridad como para dotarse de la información necesaria”, más aún si se trata; en el caso del Ministerio de Hidrocarburos, quien es la Autoridad Competente por Ley para el proceso de Consulta y Participación.

 
Never Barrientos, presidente de la APG – IG, asegura que la empresa petrolera y el ministerio de hidrocarburos no cumplieron con lo que manda el reglamento de consulta y participación para actividades petroleras en territorios indígenas, “no nos han hecho ninguna consulta para entrar a nuestra Tierra Comunitaria de Origen (TCO), que esta reconocida, para los trabajos del gaseoducto GVT fase II”. A a pesar de estos problemas denunciados, los trabajos de construcción del gasoducto se han venido realizando sin ninguna paralización desde noviembre del año pasado, vulnerando así lo establecido en la ley de hidrocarburos 3058 como en el Reglamento de Consulta y Participación aprobado por el gobierno de Evo Morales el 23 de Abril de 2007.

 
Los guaraníes de Itika Guasu a decir de su presidente Never Barrientos, no tienen más que declararse en estado de emergencia puesto que las empresas petroleras, amparadas en la falta de principio de autoridad de las autoridades competentes, no quieren aceptar la normas vigentes en hidrocarburos y peor aún respetar los derechos indígenas, sino más bien quieren hacer ver a estas normas como un obstáculo. “Nosotros el año pasado, con la fase I del gaseoducto, hemos hecho ver que el reglamento de consulta y participación es viable y que son el mejor camino para garantizar los derechos indígenas y el trabajo de las petroleras dentro del marco de respeto”

 
La declaratoria de emergencia y el estado de apronte para las futuras movilizaciones que podrían decidirse, son producto del incumplimiento a los compromisos asumidos por el gobierno nacional, ya que el 5 de abril los guaraníes de Itika Guasu se reunieron con el Vicepresidente de la Republica donde el gobierno habría ratificado su voluntad por hacer cumplir las normas vigentes y hacer respetar los derechos de los pueblos indígenas pero, según la información proporcionada por el Ministerio de Hidrocarburos, la Autoridad Ambiental Competente Nacional habría otorgado la licencia ambiental a la empresa petrolera para que realice sus trabajos en la TCO sin haber realizado la consulta y participación como manda la ley de Hidrocarburos y se habría procedido a la consulta pública establecida en la Ley de Medio Ambiente, retornando a viejas prácticas de las empresas petroleras amparadas por los gobiernos anteriores. “Después de todo lo sucedido, la APG de Itika Guasu le dice claramente al gobierno que lamenta la actuación de los funcionarios públicos por lo que todos los acuerdo que se tienen quedan anulados porque se han burlado de nuestra buena fe” asegura Never Barrientos.

 
Finalmente, el presidente de la APG-IG, manifiesta que para el próximo 25 y 26 de abril en la asamblea que llevaran a cabo se tomaran importantes decisiones con el único objetivo de “defender nuestros derechos, defender nuestra Tierra Comunitaria de Origen y hacerle saber al gobierno y a la empresa petrolera que nos vamos a poner de pie hasta hacer cumplir lo que dice la ley y el reglamento de consulta y participación”.

Fuente: Agencia Intercultural de Noticias Indígenas (AINI), Santa Cruz, Bolivia