Desde el 28 de septiembre el movimiento indígena y los movimientos sociales efectuaron marchas y movilizaciones que confluyeron el 12 de octubre, en Quito, en donde se instaló una "Asamblea Nacional Constituyente" de la sociedad civil, con el propósito de elaborar una nueva Constitución.

Uno de los mandatos de las jornadas de febrero de este año, con las que se derrocó al régimen populista de Abdala Bucaram, fue la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución que rige desde 1979. Esta decisión fue ratificada en la consulta popular del pasado 25 de mayo, no obstante los partidos políticos que dominan el Congreso (Partido Social Cristiano y Democracia Popular), y el gobierno del presidente interino Fabián Alarcón pretendían aplazar o bajar el perfil de la Asamblea Nacional.

En estas circunstancias, los pueblos indígenas y diversos sectores sociales presionaron con un paro indígena y campesino efectuado el 11 y 12 de agosto, y se autoconvocaron a una "Asamblea Nacional Constituyente" de la sociedad civil.

La exigencia social obligó al Congreso a llamar a elecciones para nominar asambleístas el próximo 30 de noviembre, aunque imponiendo sus propias reglas del juego para asegurarse una mayoría en la Asamblea que les permita cambiar la Constitución, incoporándole sus tesis neoliberales. Pese a esta decisión de la denominada "clase política tradicional", la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la Coordinadora de Movimiento Sociales y otras 220 organizaciones continuaron con su iniciativa de instalar una Asamblea Nacional Constituyente paralela, cuyo lema es: "Todas las voces a la Constituyente, es hora de sumar tu voz, tu pisada y tu sueño".

Previamente se realizaron movilizaciones y eventos en los cuales se discutieron, se recogieron propuestas y se designó a los delegados. La primera marcha partió el 28 de septiembre desde Puyo, una ciudad amazónica ubicada a 500 km. de Quito, y en ella participaron mujeres quichuas que defienden el "bosque tropical como la "única forma de garantizar la supervivencia de nuestra culturas y las futuras generaciones". Otras cuatro marchas más recorrieron la geografía ecuatoriana y el 12 de octubre se ubicaron en los alrededores de Quito, para luego proceder a la toma simbólica de la ciudad.

La Asamblea de la sociedad civil, tiene como objetivos los siguientes:

* Lograr un amplio acuerdo nacional para sentar las bases de un nuevo país y una nueva democracia.

* Derrotar a la vieja y caduca clase política y fortalecer la sociedad civil.

* Denunciar la pretensiones del Partido Social Cristiano, Democracia Popular y gobierno de privatizar el patrimonio nacional como: el petróleo, Seguridad Social, telecomunicaciones, electrificación, salud, educación, etc.

En este evento, los movimientos sociales afinaron sus propuestas que serán presentadas en la Asamblea Nacional convocada por el Congreso, que se instalará el 20 de diciembre de 1997 y concluirá el 30 de abril de 1998.

Los temas en debate

La agenda de la Asamblea Nacional Constituyente de la sociedad civil está relacionada con la forma de Estado, la forma de gobierno, los derechos y la garantías ciudadanas y el ordenamiento económico.

La actual Constitución del Ecuador, establece, en su Art. 1, que el país es un estado "soberano, independiente, democrático, unitario, descentralizado, pluricultural y multiétnico". Este artículo es determinante porque caracteriza al Estado ecuatoriano. Para avanzar en la dirección del cambio del Estado, se plantea reformar este artículo en los siguientes aspectos:

Descentralización

El carácter unitario del Estado se ha traducido, fundamentalmente, en el fortalecimiento de gobiernos que han concentrado excesivamente poderes para sí mismos, limitando la capacidad de gestión y la toma de decisiones de los gobiernos seccionales o provinciales, así como de los demás sectores de la sociedad. Es fundamental avanzar en la descentralización para desconcentrar el poder económico y político, hoy en manos de un reducido grupo de personas.

Estado plurinacional

El carácter unitario define también al Ecuador como un Estado uninacional, el mismo que ha buscado desde los inicios de la colonia y la república, borrar de la memoria colectiva los ancestros indígenas desvaneciendo toda manifestación diferente a la blanco-mestizo. El mestizaje, en la Constitución ecuatoriana y las demás leyes no es la integración del derecho, las autoridades y valores ancestrales con el derecho y la cultura occidentales, sino el desconocimiento y la persuasión del derecho y la vida indígenas.

En el Ecuador, además de los pueblos mestizo y afroecuatoriano, existen las nacionalidades quichua, huaorani, siona, secoya, tsáchila, awa, shuaras, achuaras, cofán.

Considerando que la Constitución ya reconoce el carácter multiénico y pluricultural del Estado, son necesarias reformas para asegurar la vigencia de estos principios constitucionales en lo que tiene que ver con el idioma, la educación, el derecho la cultura, la salud.

Este tema, pese a que en los últimos años ha ido ganando espacio, se presenta como uno de los más polémicos pues sectores políticos, empresariales y de la prensa acusan a los pueblos indígenas de pretender dividir al país, creando un Estado dentro de otro Estado, aspecto que ha sido desmentido por las organizaciones indígenas.

El Ecuador aún no ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que se orienta al reconocimiento de las aspiraciones de los pueblos indígenas.

Estado de democracia participativa

La Constitución reconoce que el gobierno es "electivo, representativo, responsable y alternativo". El ejercicio de la democracia representativa del ciudadano común se inicia y termina con la participación electoral.

La Constitución y los gobiernos del Ecuador han dado mayor atención al fortalecimiento de la democracia representativa que a la participativa. La representación la asumen los partidos políticos y los movimientos independientes, que en gran parte son empresas electorales financiadas por los grupos económicos oligárquicos y al servicio de estos intereses. Por ello es necesario dar pasos hacia una democracia directa en la que los ciudadanos puedan participar y tomar decisiones en organismos y en proyectos y planes de desarrollo económicos, sociales, políticos y culturales.

Es necesario crear mecanismos para participar en el control de la gestión de los representantes (concejales, consejeros, alcaldes, prefectos, diputados, presidente de la República), para impedir la corrupción y el abuso de autoridad.

Equidad de género

Aunque no se reconoce oficialmente, el Estado Ecuatoriano se ha manejado bajo una visión patriarcal que ha excluido a la mujer de una real participación, a pesar de constituir el 50% de la población. Es necesario superar esta concepción y crear mecanismos para garantizar una real y equitativa participación de la mujer en los órganos de decisión y representación pública.

También es indispensable revisar la forma de integración de los órganos de poder y de toma de decisiones, y crear nuevas instituciones de planificación, evaluación y control, para garantizar la igualdad de oportunidades para la mujer en el ejercicio del poder.

Forma de gobierno

La Constitución reconoce al gobierno como "Republicano, Presidencial, Electivo", en el que el primer representante del Estado es el Presidente de la República y él toma todas las decisiones de trascendencia nacional. Sin embargo, se ha constatado que el Parlamento, aunque no tiene atribuciones establecidas, ejerce mucha influencia, como organizador de la oposición y no como cogobierno, lo que determina que el sistema presidencialista tenga serios inconvenientes.

Entre el Ejecutivo y el Congreso hay un conflicto permanente que impide la acción gubernamental, pues, los grupos de poder que influyen en estos organismos se confrontan entre sí, por sus intereses, dejando de lado la necesidad de gobernar para los ecuatorianos. Es necesario establecer mecanismos para que los aparatos centrales del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, cumplan sus verdaderas funciones y realicen un papel más efectivo para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales.

Derechos y garantías

A pesar de que la actual Constitución contempla una amplia gama de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, todavía en el país, existe una fuerte discriminación y exclusión a importantes sectores de la sociedad. Es necesario crear mecanismos constitucionales para:

* Evitar que personas que cometan atentados contra el derecho a la vida, a la integridad de las personas o apresan injustificadamente (incluso obedeciendo órdenes superiores), queden en la impunidad. * Prevenir la violencia doméstica, estableciendo que las relaciones familiares se basen en el respeto mutuo. Los atentados contra la integridad personal y la vida en el hogar no deben quedar en la impunidad.

* Garantizar que los niños y jóvenes gocen de todos los derechos fundamentales de las personas, y tengan derecho: al cuidado, al amor, a una alimentación adecuada, a la recreación, a desarrollar su identidad y a ser consultados en los asuntos que les afectan, sean estos públicos o privados.

* Proteger a los niños contra toda forma de abandono, violencia física o moral, venta, abuso sexual, explotación laboral económica.

* Garantizar que la educación desarrolle una capacidad crítica, privilegie el conocimiento científico, estimule la vocación para el trabajo y se oriente a eliminar toda desigualdad y discriminación por motivos de raza, sexo, etc.

* Evitar que las personas que han saqueado los fondos públicos, han abusado del poder, están inmersos en casos de corrupción, han atentado contra la vida de las personas o han sido revocados de sus cargos públicos por el pueblo, se presenten como candidatos sin haber sido sancionados.

* Normar que el Estado proteja la diversidad e integridad del medio ambiente, regule la preservación, el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales. Los recursos genéticos deben declararse recursos estratégicos del país y se debe regular su uso y comercialización.

* Prohibir la introducción al territorio ecuatoriano de desechos tóxicos, radiactivos y sustancias que atenten contra la salud de las personas y el medio ambiente. La actual Constitución establece el Habeas Corpus, el Habeas Data y el Derecho al Amparo, sin embargo es necesario perfeccionar estos mecanismos.

 Derecho constitucional económico

En el Ecuador históricamente el Estado se ha encargado de modernizar la sociedad, y desarrollar el capitalismo, a través de fomentar el crecimiento de las industrias, eliminar las formas serviles de trabajo en el campo, planificar la economía, generar fuentes de trabajo a través de obras de infraestructura, expandir los servicios públicos y promover la reforma agraria.

Desde la década del 80, este rol estatal de ordenamiento económico entra en crisis y se busca reiteradamente instaurar el modelo neoliberal, basado en una economía de libre mercado en el que el Estado no intervenga en la economía. Para ello se pretende privatizar (vender) las empresas estatales, reducir el déficit fiscal y la inflación mediante la contracción de la demanda (como tenemos menos dinero compramos menos) y por otro lado, el Estado se obliga a cubrir el servicio de la deuda externa mediante la disminución de la inversión en áreas sociales, tales como educación, salud, bienestar social.

La pretensión de imponer el neoliberalismo, por otro lado, se da en el marco de una acelerada globalización económica (donde el mundo es un gran mercado) que condiciona el desarrollo socioeconómico del país a la inserción competitiva en el mercado internacional.

El neoliberalismo ha demostrado su incapacidad para desarrollar el país en forma democrática, empobrece a bastos sectores de la sociedad, propicia la concentración de la riqueza en un reducido grupo de personas, destruye irracionalmente los recursos naturales y ahonda la dependencia.

Por esta razón se hace indispensable que se establezca un nuevo reordenamiento económico del país, que propicie su desarrollo, que sea equitativo, que solucione el problema del empleo, que incremente su política social, racionalice el uso de sus recursos y asegure a todos los ecuatorianos una existencia digna.

Publicado en el Servicio Informativo de ALAI, N° 260, octubre de 1997