En Ecuador, unas monjas son capturadas por la policía llevando droga entre sus hábitos; en Perú, tres coroneles, un comandante y cuatro suboficiales de la tripulación de la Fuerza Aérea Peruana (F AP) son investigados por el caso del DC-8 de la F AP que intentaba decolar hacia Rusia y Francia, con escala en Miami, con 169 kilogramos de cocaína a bordo.

Casi a diario, los periódicos reportan esta clase de noticias referidas a captura de cargamentos de droga y arrestos de presuntos narcotraficantes, en su mayor parte, peces chicos que se proponen salir de la pobreza con un "golpe de suerte".

Las policías anti-narcóticos adoptan nuevas técnicas y redoblan los mecanismos de control y represión al gigantesco negocio de las drogas. Las cárceles están llenas de "mulas" y correos. En la tarea, por presión de los Estados Unidos, se involucran cada vez más a los ejércitos. Los parlamentarios, por su lado, endurecen las legislaciones. En las agendas de las cumbres presidenciales y en las reuniones de cancilleres, militares y policías, éste es el tema obligado.

En Colombia se han dado duros golpes a los carteles de Medellín y de Cali, que eran los principales abastecedores de narcóticos a los Estados Unidos, con conexiones en varios países del mundo.

Pero todos estos esfuerzos, acciones y medidas resultan insuficientes. El negocio de los estupefacientes está ahí. En lugar de disminuir, crece, se desarrolla. Unos capos caen, pero inmediatamente otros los reemplazan. Las viejas rutas son sustituidas por otras nuevas, las técnicas para camuflar y enviar la droga son cada vez más variadas y sofisticadas. Quizá por ello, el jefe de la DEA (departamento anti-drogas de Estados Unidos), Thomas Constantine, ha dicho que los traficantes, son "resistentes, adaptables e innovadores".

El poder que han adquirido los capos de la droga es insospechado, sobre todo en sociedades en las que se rinde culto al Dios dinero y están al orden del día la corrupción y el deseo de enriquecerse de manera fácil. Los dineros calientes están presentes en las campañas electorales, son causa de graves conflictos políticos como en Colombia, permiten corromper a jueces, diputados y abogados, y están presentes en el sistema bancario y financiero, pese a las regulaciones legales y los sistemas de control.

El tráfico de heroína y cocaína aumentó rápidamente en el decenio de 1980, se estabilizó a principios de la década del 90 y creció en 1993 y 1994, de acuerdo a un informe presentado al 38 período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas.

El mismo Informe, indica que el tráfico de cocaína aumentó considerablemente en los años 80, mientras las capturas de esta droga solo llegaron a un tercio de lo producido. "Sin embargo, la dinámica del tráfico es tal, que tan alto grado de incautaciones no se traduce en una reducción proporcional del consumo", se agrega.

Los programas de sustitución de cultivos promovidos por organismos estadounidenses, como USAID, en los países productores de la planta de coca que es la materia prima de la cocaína, han tenido escasas repercusiones, señala el mencionado Informe que recoge un estudio independiente realizado en 1993.

Todos estos elementos, han dado lugar para que algunos analistas afirmen de que la "guerra contra las drogas" se está perdiendo e incluso se interroguen si será posible ganar esta batalla.

Enfoque jurídico-represivo

Washington se ha visto obligado a aceptar, por presión latinoamericana, que "tan importante es luchar contra los campos de coca como reducir la demanda de drogas en Estados Unidos", según declaró en Miami, a principios de mayo, el general retirado Barry McCaffrey, responsable de la lucha anti-drogas de Estados Unidos. Esta declaración está dirigida a apaciguar los tibios cuestionamientos de gobiernos como el de Brasil que enfatizan en un enfoque económico y social y en medidas ambientalmente sustentables.

La Estrategia Nacional de Control de Drogas de 1996 de Estados Unidos, dada a conocer en mayo en Miami, insiste en sus concepciones jurídico-represivas para América Latina y el Caribe, aunque prioriza las acciones dentro de su propio territorio y deja en manos de los organismos internacionales la lucha contra el crimen organizado en el resto del mundo.

Esta posición fue anticipada por el director de la DEA, Thomas Constantine, en la décimocuarta Conferencia Internacional sobre el Control de las Drogas, celebrada en abril en México.

Constantine se mostró complacido por los éxitos conseguidos por la policía colombiana al capturar, el año anterior, a los seis cabecillas del cartel de Cali, pero al mismo tiempo sostuvo que ha 4 capos que le urge arrestar: Hélmer Herrera, quien asumió la jefatura del Cartel de Cali en reemplazo de los hermanos Rodríguez Orejuela; Amando Carrillo, del cartel de Juárez; Benjamín Arellano Félix del cartel de Tijuana y Miguel Caro Quintero relacionado con actividades en Jalisco, Sonora y Sinaloa.

La conferencia anual de México, a la que asistieron 84 delegados .de 34 gobiernos de América Latina y el Caribe, culminó con las mismas promesas de coordinar operaciones e investigaciones conjuntas, .condenas al narcotráfico y compromisos para modernizar las legislaciones.

Como siempre, son los Estados Unidos los que marcan la pauta en estos eventos y no es raro porque ellos son los que ponen el dinero, señaló un delegado andino a la reunión de México que prefirió el anonimato.

Cada año, los EE.UU. hacen una calificación de la .política antidrogas de otros países y otorgan una certificación, que a menudo significan una abierta intromisión en los asuntos internos de nuestros países. En febrero de este año, el Gobierno de Clinton consideró deficiente la lucha del gobierno de Ernesto Samper contra el narcotráfico, a pesar de que el jefe de la DEA ha felicitado a la policía colombiana. Esto significó para Colombia, la pérdida del aval de Estados Unidos para tramitar préstamos ante los organismos multilaterales y ayudas para las agencias de cooperación. Más aún, antes de que el Congreso colombiana absolviera por segunda vez a Samper en el proceso 8000, el gobierno de Estados Unidos ya ha anunciado que en ese caso aplicaría nuevas medidas contra Colombia que consistirán en sanciones comerciales a productos que gozan de preferencias comerciales, restricción de vuelos y cancelación de visas para funcionarios gubernamentales.

En el marco de su estrategia, Estados Unidos y seis países sudamericanos desarrollarán la operación Ataque Láser, que buscará terminar con los puentes aéreos del narcotráfico en las zonas andina y amazónica. "Es la primera operación multinacional militar hemisférica de la que estamos muy orgullosos", ha dicho William Perry, jefe del Pentágono.

Al parecer, para los estrategas de Washington, en el caso de los estupefacientes, no funcionan las leyes del mercado, y especialmente la ley de la oferta y la demanda, pues, mientras 11 millones de estadounidenses consuman cocaína, 30 millones fumen marihuana y 500.000 se inyecten heroína, siempre habrá una "industria" dispuesta a satisfaçcer esas "necesidades".

México en la mira

La prioridad de la lucha anti-drogas de Estados Unidos es ahora México. Según Constantine, tras la detención de los jefes de las mafias de Colombia, los carteles de México han cobrado mayor importancia y ahora abastecen al 50% del mercado estadounidense.

En México se "lavarían" anualmente de entre 6.000 y 30.000 millones de dólares. Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México indican que las bandas de traficantes que operan en este país obtienen ganancias de entre 15.000 y 30.000 millones de dólares, de los cuales 800 se destinarían a sobornar a las autoridades.

México, que tiene 3200 kilómetros de frontera con Estados U nidos, es considerado un país clave para el paso de estupefacientes provenientes de Colombia.

En México, como en otros países, las organizaciones criminales han logrado dominar los elementos fundamentales para controlar las rutas de tráfico, obtener poder político y económico y "lavar" los millones de dólares que obtienen de sus actividades ilícitas.

Los militares mexicanos, que históricamente se han mantenido cautelosos ante la posibilidad de subordinarse ante los Estados Unidos, hoy están cambiando de actitud ante el ofrecimiento de equipos y entrenamiento.

Luego de la reunión en Washington del grupo bilateral, llevada a cabo el pasado 24 de abril, Estados Unidos y México establecieron un acuerdo marco para concretar convenios sobre la cooperación militar bilateral que incluirá el "préstamo" de 75 helicópteros y adiestramiento de personal militar.

Para justificar el compromiso adquirido con Estados Unidos, el general Enrique Cervantes Aguirre, secretario de la Defensa Nacional de México, dijo que el narcotráfico es una "cuestión de seguridad nacional, una amenaza grave para la seguridad mundial y hay que enfrentada promoviendo la cooperación internacional, y los únicos límites a esa cooperación serán el respeto a la soberanía nacional y ningún viso de intervencionismo".

Los militares mexicanos, por su lado, rechazaron tajantemente la pretensión de Estados Unidos de supervisar las operaciones anti-drogas, y consideraron un triunfo el hecho de que ningún oficial estadounidense revisara el equipo durante su uso, como ha sucedido en Colombia y otros países.

El editorialista Luis González Souza, del diario mexicano La Jornada, opinó, sin embargo, que "hay una creciente militarización de la lucha que se basa en el enfoque represivo y no consensual. México declaró al narcotráfico como una asunto de seguridad pública, luego de que Estados Unidos lo hizo, y justamente cuando EU comienza a comprender que el narcotráfico es más bien un problema de salud pública, pobreza y educación".

Publicado en el Servicio Informativo, Nº 234 ALAI, 14- 06-1996, Quito.