Rafael Correa prometió “refundar” el país nada más llegar al poder. Para ello el Presidente centró todos sus esfuerzos iniciales en convocar una Asamblea Constituyente de 130 ciudadanos que trabaja desde finales de noviembre en la redacción de una nueva Carta Magna que transforme el país. Pero el gran desafío será convencer a la sociedad que la revolución está en marcha…

El paisaje de Montecristi, una pequeña localidad cercana a la costa pacífica ecuatoriana, ha cambiado radicalmente desde que pasó a ser el centro de atención de la prensa y sociedad ecuatoriana el pasado 29 de noviembre. Fue entonces cuando se instaló en Ciudad Alfaro, cima de la ciudad, una Asamblea Constituyente formada por 130 ciudadanos que tienen la enorme responsabilidad de redactar la nueva Constitución de Ecuador, indispensable para que Correa pueda cumplir su promesa de transformar radicalmente la vida del país. De hecho, no es casual que el Presidente eligiera este simbólico lugar para escribir su proyecto revolucionario, ya que Montecristi es la cuna de Eloy Alfaro, padre de la primera revolución liberal de Ecuador y arquitecto de la Constitución de 1906, que ya en esta época introdujo la separación entre Iglesia y Estado, intentó mejorar los derechos indígenas y promulgó la enseñanza laica y gratuita, paradigmas del modelo que quiere Correa para su República.

Pero “Recuperar la Patria”, mensaje principal del mandatario, no está siendo tan sencillo como auguraban sus apabullantes victorias, tanto en el referéndum para cambiar la Constitución de 1998 como en el número de ciudadanos elegidos para la Asamblea adscritos a su movimiento: 80 de los 130 asambleístas pertenecen al bloque de alianza Patria Altiva y Soberana -Acuerdo PAIS- y los artículos constitucionales se aprueban con 66 votos favorables. Montecristi emana estos meses toda la tensión política del país. La Asamblea ha tardado más de lo esperado en redactar los primeros textos y esto lo han aprovechado los partidos tradicionales para recuperar el enorme terreno perdido, desprestigiados por el sistema de corrupción, clientelismo, empobrecimiento e inestabilidad que ha vivido el país en la última década, con casi a cambio de Gobierno por año -ocho diferentes-. De momento el poder constituyente usó la primera prórroga y todo indica que agotará todos los plazos, es decir, que hasta finales de julio no se tendrá listo todo el articulado de la nueva Carta Magna.

En este tiempo los asambleístas tendrán que hilar muy fino para tejer un texto que convenza al pueblo, que tendrá la última palabra en un referéndum de aprobación que podría celebrarse en septiembre. El mayor problema es que la tela de araña ecuatoriana parece interminable y cuando se cierra un conflicto inmediatamente aparece otro. El principal objetivo del Gobierno de Correa es acabar con las políticas neoliberales e intervencionistas en el país y romper con la Constitución de 1998. “La constitución se tiene que interpretar en su contexto. En 1998 se establecieron normas que deslegitiman ese proceso, porque establece que el Estado asumirá las pérdidas que se den ante una quiebra financiera y eso es lo que pasó en 2000”, denuncia Jorge Moreno, catedrático ecuatoriano de Jurisprudencia. El nuevo texto pretende ser la punta de lanza de una reforma institucional a todos los niveles que evite crisis económicas como la de 2000, que sobrevino con la dolarización del país, la hiperinflación de productos básicos y la emigración de millones de ecuatorianos. Sin embargo, para opositores como Pablo Lucio Paredes, asambleísta del Movimiento Independiente Futuro Ya, esto es sólo es la excusa para “partidizar” de nuevo la Constitución e “incluir el tema de la reelección que permita al Presidente perpetuarse en el Gobierno”.

Muchos focos de conflicto prenden durante estos primeros cinco meses de búsqueda de consenso en la Asamblea, que han rememorado la crisis estructural e institucional que vive el país desde sus orígenes (19 Constituciones desde su Independencia y 8 gobiernos diferentes en los diez últimos años así lo atestiguan). La polémica se ceba con muchas áreas interconectadas entre sí. Desde la capacidad de la propia Asamblea para pronunciar mandatos y leyes en sustitución del suspendido Congreso, hasta los generados por la descentralización y regionalización del país, así como la plurinacionalidad o pluriculturalidad del mismo, las ventajas o desventajas de dar un giro de 180º en el modelo económico, la recuperación los ricos recursos naturales de la nación (petróleo, minas, fuentes de agua…), la reforma de equidad tributaria...

Los mandatos crean discordia

El trabajo de la Asamblea en esta primera fase ha estado enfocado sobre todo a la recepción de propuestas constitucionales de organizaciones civiles y a la búsqueda de un consenso entre las diferentes facciones políticas que trabajan en Montecristi. “Se ha recibido a más de 700 grupos ciudadanos que nos han transmitido sus inquietudes sobre el modelo de sociedad que queremos crear para el Ecuador”, afirma Betty Tola. Pero a esta labor de consulta hay que añadir la capacidad que tiene la Asamblea de pronunciar leyes, mandatos, resoluciones y amnistías. Desde la suspensión del Congreso Nacional por parte del Gobierno el pasado 29 de noviembre, la función legislativa está en manos de la Mesa 10 (Legislación y Fiscalización) de este órgano constituyente, lo que ha provocado que “la prensa conservadora la descalifique como Congresito”, comenta Rosana Alvarado, asambleísta de APAIS y miembro de la mesa de la discordia.

Los grupos opositores critican que con esta medida se le da plenos poderes a la Asamblea para acometer inmediatamente cualquier reforma que el Gobierno considere urgente, como la ley de reforma tributaria, con la cual se pretende redistribuir la riqueza, la ley del petróleo, con la que el Estado recupera el control de los campos petrolíferos y renegocia los contratos con las empresas extranjeras, o el mandato contra la precariedad laboral, por el cual se pretende eliminar la temporalidad e intermediación laboral. Vicente Taiano, asambleísta del Partido Reformista Institucional Nacional (PRIAN), grupo vinculado al magnate empresarial y tres veces candidato presidencial Álvaro Noboa, denuncia que con estas medidas “se ha tomado cautivo” el Congreso Nacional y se ha destituido a 57 diputados de oposición de forma “inédita” en el país: “Se trata de una maniobra dictatorial del Presidente porque ahora no hay nadie que fiscalice”. Un comentario con el que no está de acuerdo Carlos Castro, experto jurídico del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS): “Desde el punto de vista histórico, una Asamblea siempre tiene plenos poderes, salvo aquellas que han sido limitadas en sus poderes. Los sectores de la oposición no pueden asumir un criterio que no asumieron cuando tenían la hegemonía en las otras Asambleas. El Congreso estaba deslegitimado por parte de todo el pueblo ecuatoriano, no podía coexistir el poder constituyente con el poder constituido. Ha sido un órgano de conspiración política manejado por la oposición”, asevera.

La impresión general entre los asambleístas que no pertenecen al bloque de alianza del Gobierno es que la promulgación de mandatos y leyes han retrasado el trabajo principal de ratificación de articulados. “Aparte de distraer nuestro deber, están fuera del contexto democrático normal, ya que están por encima de los poderes constituidos, e incluso, en cualquier momento, podrían demandar la destitución del Presidente”, comenta Luis Hernández, asambleísta del bloque centro-izquierda RED. Sin embargo, en Acuerdo País se cree que son “necesarias para acompañamiento de la Constitución”. Para Pablo Lucio Paredes, además de ser “ilegales, trazan la cancha de la Constitución, porque cualquier ley o mandato que se apruebe en estos momentos tiene que ser luego ratificado casi obligatoriamente por la Asamblea”. Otro de los temas controvertidos es si deberían anularse o no estos mandatos en caso de rechazo popular en el referéndum. “En la historia republicana de nuestro país todos los mandatos de las Asambleas se han respetado y han tenido plena vigencia. Se respetaron incluso las leyes o decretos dictatoriales, entonces no veo motivo para que no se haga lo mismo con los de un órgano plenamente legitimado”, aclara Castro.

Combustible para la revolución económica

Ecuador creció un 2,65% en su PIB de 2007, muy por debajo del resto de países latinoamericanos. Aunque se trate sólo de un dato macroeconómico, no hay que olvidar que el país “está a la cola de Sudamérica en inversión educativa y sanitaria”, apunta Fernando Carvajal, sociólogo de la Universidad de Cuenca. La sociedad ecuatoriana espera que la nueva Constitución sea el mecanismo para ejecutar reformas económicas estructurales en el país y se supere de una vez la precaria situación económica de acceso a servicios y bienes básicos. Para ello la Asamblea está aprobando artículos que van en contra de las políticas neoliberales, en clara sintonía con el nuevo camino que quiere seguir Correa. “No podemos borrar de un plumazo el liberalismo económico, pero sí ir hacia otras formas de economía popular, más cooperativista”, comenta Fernando Vega, cura católico y presidente de la Mesa 8 por Acuerdo Pais. El problema es que la mayoría de ecuatorianos ve a la nueva Constitución como la panacea a todos sus problemas, pero según el propio Gobierno sólo significa el principio, “la forma para conseguir algo”, aclara la asambleísta Alvarado, aliada de Correa.

El Gobierno centra todos sus esfuerzos en reactivar el aparato productivo y dinamizar el mercado interno. “En el primer año se ha dado una revolución política, ahora toca la revolución económica”, recalca la asambleísta Alvarado. Pero ésta sería imposible sin políticas urgentes por las que el Estado pueda ingresar dinero en sus mermadas arcas. En este contexto se explica la necesidad de impulsar una ley petrolífera y de hidrocarburos por la que se ha declaro al Estado como único y legítimo propietario de los ricos recursos naturales que ostenta el territorio ecuatoriano. Con esta medida todas las empresas extranjeras que operan en el país se han visto obligadas a renegociar los contratos y a renunciar a gran parte de sus intereses económicos (ahora el Estado se quedará hasta con un 90% de los beneficios, cuando antes sólo se llevaba 50%). Pero la nueva ley hace más hincapié en la manera de invertirlo, ya que antes el Ecuador estaba obligado a entregar todo lo que petróleo a un Fondo de Ahorro destinado a pagar la deuda externa. “Nosotros aspiramos a que con este mandato pueda reorientarse y se termine con esta visión neoliberal que provoca más endeudamiento, más pobreza, más inequidades…”, denuncia Mónica Chuji, representante del movimiento indígena en la Asamblea en APAIS. Pero también avisan al Gobierno que no se puede tener una mentalidad puramente extractiva sin contemplar el desarrollo sostenible. “Hay que evitar el mal desarrollo”, espeta Fernando Vega, cura católico y asambleísta del grupo mayoritario.

En la oposición están de acuerdo en que se debe recuperar el control de estos recursos, pero disienten en las formas y el contenido. “Se le dice demagógicamente al pueblo que va a ir a ellos, pero eso sólo significa gasto y se debería invertir más en explotación petrolera, infraestructuras para la extracción, mecánica e industrias, que nos permitan proyectarnos al futuro y mirar más allá del petróleo”, opina Taiano. También ha creado mucho debate que el Estado sea el propietario de los mismos, porque según asambleístas como Paredes, “los ciudadanos tienen que ser los dueños a través de acciones en las empresas públicas que manejan estos recursos”. Sin embargo, el Gobierno quiere evitar que cualquier grupo se aproveche de este vacío constitucional y pueda revender sus tierras a empresas extranjeras en el futuro. También preocupa que con esta ley se pueda espantar la inversión de las multinacionales, necesarias para todo el proceso de exploración, extracción y refinado petrolífero, ya que la endeble economía ecuatoriana impide que sean totalmente independientes del capital exterior. Para evitar esta fuga imprescindible de inversión “se deben tener claras las reglas y no estar cambiándolas a cada momento, como ha sucedido hasta la fecha”, comenta Castro, experto del ILDIS.

Parecido dilema se da con las empresas mineras, aunque aquí la posición del Gobierno no está tan clara e incluso ha tenido que enfrentarse a grupos campesinos que se oponían a cualquier explotación de minerales en la zona sur de Ecuador. Para evitar nuevos focos conflictivos, la Asamblea pretende promulgar un mandato que suspenda temporalmente todas las concesiones hasta que no se haga un estudio del impacto medioambiental de las mismas. El problema es especialmente delicado si se tiene en cuenta que el Estado necesita explotar estas minas para poner en marcha gran parte de sus proyectos económicos, aunque al mismo tiempo gran parte de ellas se encuentran en áreas protegidas y podrían afectar a recursos hídricos que abastecen a muchas comunidades pobres e incluso a grandes ciudades como Cuenca, tercera más poblada del país. Además, las empresas extranjeras podrían llegar a tribunales internacionales y demandar a Ecuador por daños y perjuicios. “No se puede obviar que estamos cruzados por una megaconstitución que nos obliga a cumplir una serie de tratados mundiales”, advierte Castro.

Crisis inflacionaria

Pese a todos estos esfuerzos, los avances económicos siguen prácticamente en punto muerto. Para mayor desidia, la inflación de productos básicos ha llegado a límites alarmantes estos primeros meses del años. Los expertos le echan la culpa a la crisis financiera mundial, cuyos daños colaterales se han sentido con fuerza en el país en gran parte debido a su dolarización. La devaluación del dólar está haciendo mucho daño al país. “Ecuador no ha tenido una política monetaria que le haga menos dependiente de productos importados. Sería conveniente una moneda regional, pero primero hay que hacer un mercado común y luego una moneda común, como en la UE”, Luis Hernández.

Nadie responsabiliza directamente al Gobierno de estos reveses, aunque lo cierto es que esta crisis podría estallar en cualquier momento, incluso en pleno referéndum constituyente. Por eso la Asamblea está trabajando para generar más fuentes de ingresos. De momento el Gobierno está destinando los beneficios de sus reformas a varios proyectos hidroeléctricos que complementan su estrategia energética. También se han tomado medidas para proteger y fortalecer la industria nacional a través de regulaciones aran¬cela¬rias, se están promocionando proyectos de turismo comunitario y redes empresariales que incentiven la diversificación productiva y se ha iniciado igualmente un mejoramiento de la precaria red vial.

Una de las primeras medidas que tomó la Asamblea para tratar de redistribuir la riqueza fue la Ley de Equidad Tributaria, por la que se cobrará más impuestos sobre la renta. Un decreto que ataca directamente a empresarios y clases altas. Sin embargo creó un malestar generalizado en la población porque muchos pensaron que iba a afectar indirectamente a las herencias familiares. “A esta ley le falta técnica jurídica y más debate. No se supo transmitir el mensaje de que no afectaba al patrimonio, sino a la transmisión de la riqueza”, comenta Castro. Para el PRIAN esta ley desincentiva aun más la inversión empresarial y elimina fuentes de trabajo. “Resulta lamentable que muchas empresas ecuatorianas se estén desmontando para trasladarse a Piura (Perú), donde les dan incentivos tributarios”, comenta Taiano. En Acuerdo PAIS se defienden con el argumento de que hasta ahora “se evadían 2.000 millones de dólares”, según Betty Tola, lo que significa la quinta parte PIB de Ecuador. “El problema es que Álvaro Noboa -fundador del PRIAN- es el mayor evasor de este país y tenía intereses muy fuertes para que esta ley no saliera adelante”, concluye. Otra ley económica que ha causado gran revuelo entre los asambleístas es el proyecto de ley contra la tercerización e intermediación laboral. Con esta medida se pretende eliminar la temporalidad en el trabajo y evitar que haya agencias que operen entre el contratante y el contratado. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta que el Estado es el que más se sirve de este tipo de relación contractual ni los despidos que ocasionaría dicha ley. “Va a provocar que más de un millón de ecuatorianos se queden sin trabajo y migren de forma masiva”, anuncia Taiano. El movimiento RED, a través de Luis Hernández, advierte de que las instituciones públicas tendrían que estar preparadas para absorber esta mano de obra que se quedaría desempleada.

Plurinacionalidad indígena

Una de las grandes preocupaciones de la Asamblea es cómo reorganizar territorialmente el Ecuador para acabar con bicefalia de Quito y Guayaquil y garantizar la redistribución equitativa de los recursos. Para ello se quiere que cada región autogestione sus recursos económicos o, en palabras del padre Vega, crear un poder “plurinuclear”. La idea es que las provincias se mantengan interconectadas con aquellas con las que mantienen más nexos de unión, ya sea por intereses comerciales o cualquier otro tipo de vínculo. Para el catedrático Jorge Moreno la idea que se tiene es “ir a un Estado de autonomías parecido al de España, manteniendo la indisolubilidad de nuestro territorio”. Rosana Alvarado compara este proceso con el que se vive en Bolivia: “La derecha siempre nos ha hecho la jugada con movimientos separatistas y autonomistas. Las clases poderosas de Guayaquil juegan el mismo papel que las bolivianas de Santa Cruz”, asevera.

Aunque de momento esta parte no es la que más fricciones crea dentro de la Asamblea, ya que la discusión se ha centrado sobre todo en si el Ecuador debe ser un Estado plurinacional, principal reivindicación de los grupos indígenas desde hace más de diez años. Este asunto ha provocado incluso divisiones entre los asambleístas de Acuerdo Pais. Finalmente la Asamblea ha declarado la plurinacionalidad y pluriculturalidad del país porque se estima que en el país puede haber hasta un 35% de población indígena, aunque las encuestas oficiales minimicen esta cifra. Para muchos asambleístas del bloque de alianza, el problema está en que si se reconocen diversas naciones se daría un conflicto en la propiedad de los territorios y sus recursos naturales. “Respeto la propuesta del movimiento indígena y no creo que su objetivo sea convertirse en una supranación dentro del Estado ecuatoriano, sin embargo, a través de esa propuesta puede colarse la derecha”, teme Rosana Alvarado. Para su compañera de partido, Mónica Chuji, no hay otra solución, se trata de “una cuestión de vida o muerte” para su pueblo y la única manera de crear una democracia participativa. Una opinión que rechaza frontalmente Luis Hernández, del movimiento de centro RED. “El Ecuador es una sola nación y no se pueden hacer experimentos. No es una forma de participación democrática, todo lo contrario”, critica.

El movimiento indígena defiende que las comunidades de donde se sacan los recursos deben de participar directamente en todo el proceso, desde su gestión hasta el reparto de beneficios. “Le guste o no le guste a los ecuatorianos nosotros somos sujetos colectivos, no podemos identificarnos fuera de nuestras colectividades. Queremos ser sujetos políticos con derecho a participación en el Estado y representación”, subraya Chuji. Desde el punto de vista jurídico esto implica reconocer constitucionalmente a múltiples nacionalidades y compensarles porque muchas de las explotaciones se realizan en sus territorios. “Resulta paradójico que en el Oriente, por citar el caso más grave, muchas comunidades indígenas no tengan ni para cubrir sus necesidades básicas, cuando la mayor parte de la actividad petrolífera del país se da en esta región”, denuncia el abogado Jorge Moreno.

Las reformas topan con la Iglesia

La posibilidad de despenalizar el aborto y el reconocimiento de los matrimonios homosexuales han trastocado los planes de la Asamblea. Estos dos temas han provocado una gran protesta de gran parte de la opinión pública ecuatoriana por el rechazo que ha provocado en la Iglesia, tanto nacional como internacional. Aunque el Ecuador se configuró como país laico en 1906 -Constitución de Eloy Alfaro- la religión ha jugado un papel principal en el país a lo largo de toda su historia y por eso muchas voces piden que se incluya el nombre de Dios en la nueva Carta Magna. Para los allegados del Gobierno se trata de una estrategia de la derecha para desprestigiar al constituyente: “El pueblo no votó por eso”, defiende Alvarado. Aun así, lo cierto es que el oficialismo no quiere poner en peligro su proyecto constitucional y pretender retirar estas propuestas de la mesa. “No podemos provocar una ruptura muy fuerte en un pueblo bastante conservador”, argumenta el padre Vega. Para otros compañeros de coalición se trata de una involución política: “Hace 70 años el Código Penal ecuatoriano reconocía el aborto terapéutico. Ahora también se quiere prohibir. Esto significaría un retroceso de 80 años”, denuncia Betty Tola. Según Jorge Moreno el problema radica en que “no se quiere hablar de estos temas desde un punto de vista jurídico, sino dogmático”. Un planteamiento que no comparte Pablo Lucio Paredes, para el que “la vida empieza en el momento de la concepción” y en el caso de las uniones gays reconoce que “hay que protegerlas legalmente, pero dejando claro que no puedan adoptar”.

Sólo quedan cuatro meses para que la Asamblea solucione todos estos focos de conflicto. A partir de ahora se avecina una avalancha de textos constitucionales que reaviven la esperanza del pueblo ecuatoriano en un cambio real, que transforme social, política e institucionalmente el país. Todos coinciden en que el gran reto de esta Constitución debe ser crear de mecanismos de control y transparencia para combatir la corrupción que se ha dado en el país a todos los niveles. “Los órganos de control y regulación deben ser despolitizados e independientes”, dice Luis Hernández. Según el padre Vega el mayor logro de esta Asamblea es que “ha cambiado habitantes por ciudadanos que se pueden sentar en la misma mesa de gente que han gobernado el país como si fueran semidioses”. Sin embargo, gran parte de su éxito se basará en el manejo político de Correa hasta su aprobación. “Ya sacó los beneficios de la confrontación, pero ahora hay que ir más hacia el centro, evitando polarizaciones y controversias inútiles”, aconseja Vega. Efectivamente la oposición le pide que haya más inclusión y se respete la opinión de las minorías políticas porque si no la Constitución fuera rechazada sería un fracaso del Gobierno y muchos creen que el Presidente debería acabar su mandato. Fernando Vega se muestra fatalista: “Abocaría al país no sólo a un gobierno de derechas, sino a un gobierno de mafias. Estamos muy cerca de Colombia y quizá pueda ser el espejo de lo que se podría convertir Ecuador si no hay un buen proceso constitucional”. Mientras los asambleístas se ponen de acuerdo, el pueblo ecuatoriano se prepara para el gran acontecimiento. Con o sin revolución socialista, pero con esperanza en que algo cambie definitivamente en el país. Y es que como dijo el gran referente de esta Constitución, Eloy Alfaro: “Donde reina la desmoralización y el robo, es imposible la República…”.

- Ricardo Cana González es periodista español.