En contra de la decisión autoritaria de cierre por parte de la rectoría, nos declaramos en PRE-OKUPACIÓN del campus, con miras a la TOMA de la Universidad.

Estudiantes de la Universidad Nacional hemos decidido bloquear la autopista del proyecto privatizador y autoritario y abrir la trocha de la construcción de una universidad democrática, para la nación colombiana y para el progreso y bienestar de los pueblos y especies de nuestro planeta tierra. Tenemos en el corazón la esperanza de un mundo mejor y de una universidad para ese mundo, y con la cabeza y el cuerpo trabajamos como hormigas imaginando y hurgando las herramientas, imágenes, discursos e ideas para construir un proyecto sustentable en ese sentido. Sabemos que el éxito de nuestra lucha no tendrá lugar sin la claridad de lo que sería la universidad en nuestras manos. Siendo honestos, estamos todavía lejos de poder ofrecer esa respuesta, pero, también, un poco más cerca que antes. A pesar de la distancia y el esfuerzo que aún nos separan de nuestra meta, resistimos aquí y ahora ante un proyecto que avanza a toda máquina en contravía de la universidad que soñamos. Preferimos construir nuestra propuesta sobre la marcha de la lucha, en lugar de sentarnos a esperar una claridad total para defender la universidad pública. Primero, porque hemos comprobado que de ella, de los saberes y encuentros propios de la resistencia, brotan insumos definitivos que no es posible descubrir en las aulas. Segundo, porque no somos lo suficientemente tontos como para permitir calladamente que los proyectos privatizadores se consoliden y nos alejen tanto de esa universidad para la nación colombiana que luego hagan imposible hacerla realidad.

¿En qué consiste dicho proyecto privatizador? ¿Qué nos revela eso de la situación de la universidad pública en Colombia? Titulamos nuestra reflexión “la universidad sitiada” porque hemos descubierto que contra ella se adelanta un ataque desde todos los flancos. Flancos que no se ven siempre como partes de una misma estrategia porque se evidencian en coyunturas separadas. La discusión actual, contra el Estatuto Estudiantil, que tiene dos caras visibles (una académica y otra de “convivencia” -que llamaremos, para evitar eufemismos, policiva-), se vería muy limitada y caprichosa si se la entendiera al margen de dicho ataque. Debemos tratar de comprender qué tienen en común el problema de la concurrencia, la imposición de rectores, la administración autoritaria, el desmonte del bienestar y el Estatuto Estudiantil. Es necesario leer, con una mirada de conjunto, todas esas problemáticas que han estallado en protestas esporádicas más o menos fuertes y exitosas, todas ellas relativamente distantes en el tiempo. Si el proyecto privatizador se enfila a no dejar muñeco con cabeza, estamos obligados a emprender una estrategia de largo plazo que haga frente a una arremetida de tales magnitudes.

Hemos podido identificar cinco flancos de ataque: (i) económico, (ii) político, (iii) social, (iv) académico, y (iv) policivo. Una aclaración: el problema de los créditos (y de la bolsa de créditos), que es en parte el quid del paro actual, es sólo una parte del problema académico, que es, a su vez, sólo una parte de una amenaza mucho mayor. Vamos a ser muy breves en la presentación de cada uno de los problemas, pero esperamos dejar lo suficientemente claras las razones de nuestra pre-okupación y resistencia. Esperamos contribuir a que se abran los foros donde este tema pueda discutirse en todas sus dimensiones. Otra aclaración: la marcha de este proyecto es, en general, independiente de lo que la administración dice que pretende con las reformas (en ese sentido debe ser entendida la utilización que posteriormente haremos del “quieren”). En la mayoría de las ocasiones, dicho proyecto cabalga sobre el lomo de la ingenuidad de los individuos administradores. Los que realmente saben lo que hacen, que son los peores, son muy pocos.

En lo económico: “quieren desfinanciar la universidad”. Hace un tiempo breve, con ocasión de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que obligó a la Universidad a asumir una parte de la deuda con los pensionados de la U, la comunidad universitaria comprobó que hay un proyecto de desfinanciación en marcha. Proyecto que, a decir verdad, no era nuevo entonces, ni se detuvo allí. El primer PND del gobierno de Uribe le restó a todas las universidades públicas del país el 12% de su presupuesto. En el segundo Plan, el mismo de la concurrencia, Uribe objetó sólo tres artículos, uno de los cuales fue el que aprobaba una partida adicional para la construcción del hospital de la Nacional ¿En qué estamos ahora? La concurrencia, que nos dio para pelear hace un año, resultó peor de lo que creíamos. Nosotros decíamos que poner a la universidad a pagar una parte de la deuda pensional era desfinanciarla a escondidas. Wasserman nos convenció de que eso “ni le quitaba ni le ponía”, pero ahora anda buscando por cielo y tierra quien le prepare la demanda contra el decreto regulatorio del 38 del PND. ¿Por qué? Los técnicos de la administración de la U dijeron que la concurrencia iba a costar el 1% del presupuesto anual, a lo cual los técnicos del ministerio contestaron que no, que le iba a costar cerca del 20% (porque la fórmula utilizada por los primeros no era legal). Desfalco gravísimo. Pero la cosa no para ahí. Resulta que ahora se dice que todo lo que fue pagado por el gobierno central antes de la concurrencia se va a considerar como abono a su deuda; en otras palabras, en este momento la U le debe al gobierno un montón de plata que tiene que irle pagando año a año, lo cual significa que el 20% anterior se convierte en una proporción todavía más grande gracias esa nueva deuda que salió de la nada. ¿Cómo va a pagar eso la U? El gobierno dijo: tranquilos, yo les presto… les presto pero me pagan. Yo pongo lo que ustedes no alcancen a pagar y les cobro de su presupuesto del año entrante, y listo. ¿Qué implica eso? Supongamos que la U tiene un presupuesto anual de 100 pesos. Menos el 20% de la concurrencia le quedan 80 pesos (no contemos lo de la deuda abonada porque es muy complicado). Esos 100 eran para funcionamiento, pero podemos esperar que la U.N. logre hacer un gran esfuerzo de ahorro (hacer acuerdos con Cafam para que maneje las bibliotecas y las cafeterías, contratar con empresas privadas el aseo, etc.) y libere, supongamos, 10, con los cuales paga parte de la concurrencia. Los 10 faltantes los pone el gobierno. Al año siguiente, el gobierno se cobra “por la derecha” y le gira a la U, ya no 100, sino 90. Con esos 90, si quiere poner algo para la concurrencia, tendrá que hacer esfuerzos de ahorro aún mayores, y así sucesivamente hasta que quede completamente desfinanciada. Una vez la universidad esté en quiebra, habrá que salvarla. ¿Cómo? Con la generosa inyección de capital privado: habrá que vender al menos una parte de la U para que ella pueda seguir abierta. Y todos agradeceremos eufóricos la altruista inversión de los capitalistas, quienes, “para salvarla”, se habrán quedado con la U.N… Podríamos pensar que somos demasiado alarmistas, si no fuera porque eso ya ha pasado con otras instituciones ¿qué pasó con Telecom? ¿qué pasó con el Seguro Social? ¿qué está pasando con Ecopetrol?

En lo político: “quieren consolidar una forma autoritaria de administrar la universidad”. Cuando quisieron comenzar a implantar el paquete de las reformas, inmediatamente impusieron un rector (Marco Palacios) que había recibido aproximadamente 1100 votos en la consulta universitaria, por debajo del entonces rector (Víctor Moncayo) quien había obtenido más de 6500 votos. Cuando Palacios renunció, asumió la rectoría por encargo (durante largo tiempo) Ramón Fayad, quien afrontó el paro universitario más fuerte de la historia de la UN desde 1984, ocasionado por el intento de implantar una reforma académica inconsulta y, en muchos aspectos, insustentable. Él tuvo que lidiar con las posturas siempre represivamente “radicales” del entonces decano de ciencias Moisés Wasserman, quien siempre sugirió que, para salvar a la Universidad del paro y volver a la normalidad, era necesario autorizar el ingreso de la policía al campus. Esas posturas, y su amistad con la ministra de educación, fueron su carta de ingreso a la actual rectoría. Impuesto de nuevo, el rector de la universidad puso en marcha el asunto del Estatuto Estudiantil (EE). Desconociendo el Estatuto general, que exige la participación de los estamentos en las reformas, la rectoría sólo hizo tres convocatorias generales para la discusión del EE en dos años. En su último comunicado (004 de 2008), el rector exhibe como un éxito las 170 reuniones llevadas a cabo por “la dirección central de la Universidad, las facultades y los departamentos” en dos años. Suena mucho, pero si tenemos en cuenta que la universidad tiene 101 pregrados y 234 postgrados, es decir, 335 programas académicos en total, las 170 reuniones se convierten en 0.5 por programa. O sea, ni una reunión por programa. ¡Hurra por la participación de Wasserman! A pesar de su confeso carácter inconsulto (confesión que acabamos de develar) y de la consiguiente petición de varios concejos de facultad en el sentido de aplazar la decisión sobre dicho estatuto para posibilitar una discusión más amplia, la reforma fue impuesta por el CSU. Acto seguido, la misma noche del día en que se aprobó, la rectoría tomó la decisión de cerrar indefinidamente el campus, disponiendo del territorio de la U como si fuera su finca. Ahora pretenden reabrir la universidad prometiendo ilustrarnos sobre las bondades de la reforma. Para ilustrar pero no para discutir. Nunca para debatir democráticamente, sólo para informar sobre la sacrosanta sabiduría de su imposición. Para el modelo autoritario, el disenso no es una cuestión de perspectivas encontradas sino, simplemente, de ignorancia del opositor.

En lo social: “quieren desembarazar a la universidad de la carga del bienestar”. La Universidad Nacional de Colombia fue concebida como un proyecto de educación superior para el desarrollo del país y para brindar acceso a la formación de alto nivel a toda la población colombiana. Estos dos aspectos del proyecto, que en un principio caminaron de la mano, ya casi nunca se encuentran. Es cada vez más normal escuchar cosas como “la universidad no tiene que solucionar los problemas de pobreza del país”, “es que no podemos pedirle a la universidad que nos mantenga” o, peor, “la universidad es un centro de educación y no un instituto de beneficencia”. Aunque hoy pueda parecerle a algunos un discurso “sensato”, hace nada más 25 años esas eran afirmaciones completamente inaceptables. Como decíamos, la universidad nació como un proyecto para que la gente sin plata también pudiera acceder a la educación de excelencia, razón por la cual las matrículas eran casi gratuitas y la institución ofrecía condiciones de bienestar (residencias y restaurantes) para que los pobres de Bogotá y de otras partes del país pudieran dedicarse a estudiar y ser excelentes, y que no tuvieran que sacrificar su formación por trabajar en cualquier cosa para vivir. En 1984 los estudiantes que defendían las residencias universitarias -que eran lo que hacía posible el estudio de la gente pobre de provincia- fueron violentamente reprimidos. Después de esa tragedia (cuando Palacios fue impuesto por primera vez), la universidad cerró durante un año, al cabo del cual reabrió, pero ya sin residencias ni restaurantes. Desde entonces las cosas han cambiado mucho: ahora las cafeterías son negocios con 30.000 compradores diarios y las residencias se reducen a un par de habitaciones en mal estado. No es extraño entonces que los estudiantes de provincia sean cada vez menos, y que los que vienen sean gente acomodada. Gente que tiene derecho a estudiar en la UN, que no se malentienda, pero que compite muy desigualmente con quienes, teniendo las capacidades intelectuales para ingresar no pueden hacerlo por falta de los 400.000 pesos mensuales necesarios para vivir a duras penas en Bogotá (a esto se suma el cierre de programas y universidades de provincia, provocado también por la desfinanciación y la baja calidad académica). Hoy en día el bienestar se reduce a trabajo por comida y entretenimiento. El bienestar ya no sirve para que los pobres puedan estudiar, sino para que los afortunados acomodados disfrutemos de un ocio culto. Algunos de los que disfrutan de ese ocio son los atrevidos que dicen: “es que no podemos ser tan conchudos de pedir que la universidad nos mantenga”. Claro, lo dicen porque en realidad no lo necesitan, y porque nos les importa nada más que su propio y pequeñísimo destino. Y los que sí lo necesitan, y están en la universidad, tienen que gastar el tiempo de su ocio y de su estudio en trabajar en lo que sea para estudiar y comer. Pero la universidad, afirman los defensores del desmonte del bienestar, es muy conciente de su situación, razón por la cual diseñó un estatuto estudiantil que les permite ver menos materias para dejarles tiempo para trabajar ¡Muchas gracias! Y nos responden “es que no hay plata”, y tienen razón, pero ¿por qué aceptaron entonces la concurrencia? ¿por qué no demandaron institucionalmente el PND? Así, sin plata y sin bienestar, la reforma al régimen estudiantil termina siendo especialmente lesiva con quienes necesitan políticas de bienestar que garanticen la posibilidad de estudiar. A continuación explicamos por qué.

Lo académico: “quieren formación corta, para el mercado y de la élite (económica)”. No debe parecer extraño que quienes trabajan y estudian sean quienes mayores dificultades tengan para pasar con suficiencia las materias que los demás (los que se indignan con la exigencia de un bienestar digno), pasan con holgura o pierden por vagos o brutos. La bolsa de créditos funciona para premiar a los holgados aplicados y para castigar a los holgados holgazanes. Evidentemente, nunca se habla de quitar incentivos a quienes deben trabajar, pero son ellos quienes cargan con el mayor peso de la reforma ¿por qué? A pesar de que algunos trabajadores son, además, excelentes estudiantes (siempre a costa de su ocio culto y gracias a capacidades intelectuales extraordinarias), es normal perder materias si no hay tiempo suficiente para estudiar. Y especialmente cuando, como ocurre mucho, el trabajador es egresado de un colegio público, o privado de barrio popular, que no ofrece las herramientas necesarias de lecto-escritura y cálculo para rendir en la nacho. Si uno es de colegio pobre tiene que estudiar el doble, y si tiene además que trabajar ¿a qué hora estudia?... es muy probable que se raje. Es cierto que un buen estudiante sale bien librado con el nuevo estatuto porque puede ver hasta un 50% de créditos adicionales al 100% de su pregrado. Pero también es cierto que el que pierde materias puede quedarse sin créditos antes de terminar ¿y que pasa? Game Over, sin créditos no hay más materias. Ciertamente, el agotamiento de los créditos puede ser considerado como un “caso extremo”, pero en ese juego de “pierdo aquí, gano allá” los créditos conseguidos dan a ras con el 100% del pregrado ¿dónde está entonces la ventaja? ¿a quien castiga? Ellos pensaban poner un coto a la holgazanería de los acomodados que se rajan, y ese puede ser un argumento aceptable (aunque no deja de ser problemático), porque tales estudiantes pueden poner de su parte y pasar. Pero y los que, poniendo de su parte, el doble o el triple, definitivamente no pasan ¿qué pasa con ellos? A lo cual responden lo siguiente: “esta universidad no es para ellos, para ellos está el SENA” (afirmación que carga un tono muy peyorativo con la formación técnica, por cierto). ¿Nos puede parecer eso sensato? Se consolida con esto el divorcio entre excelencia y acceso de los pobres a la universidad… y a algunos eso les parece que “es así, qué le vamos a hacer”, y a otros “toda una innovación”. Démonos cuenta, la Universidad Nacional ya no es para el pueblo. Entonces ¿para quién es? Es para el mercado. Eso nos los demuestran al menos dos constataciones: 1. Estamos tratando de educar en competencias laborales, es decir, queremos formar buenos empleados para buenas empresas (ojalá trasnacionales), siempre capitalistas, y no buenos científicos con sensibilidad hacia las necesidades más básicas de un país que, en grandes masas, muere de hambre y frío. ¿Cómo formamos buenos trabajadores? Eso se hace rápido. La iniciativa de las carreras de cuatro años y las materias compartidas por cientos de estudiantes en un mismo salón va en ese sentido: que se gradúen rápido y obedientes del pregrado para las empresas y que se formen como científicos quienes puedan pagar una maestría y un doctorado (que son instancias de formación económicamente privatizadas en la U.N. desde hace algún tiempo) 2. Supongamos que es cierto que la mayoría de los ingresos de facultades como ingeniería provienen de consultorías con instituciones públicas. Eso no está mal. Lo que si es contrario a una universidad para el pueblo es que, por la necesidad de plata, dicha facultad invierta sus mejores recursos tecnológicos y humanos en asesorías a grandes compañías comerciales (por ejemplo las de telefonía), y ninguno en enseñar a una comunidad a trazar un acueducto, a regar sus cultivos, a montar un puente, etc. Y, finalmente, como el problema es de plata, es posible que más adelante (no mucho más) vengan las reformas de segunda generación (tales como se han dado en USA) según las cuales los créditos dejan de ser sólo un criterio de estandarización de la medición de la carga académica, para convertirse en un criterio de tasación del cobro (allá ya se cobra por crédito).

Lo policivo: “No convivencia, sí vigilancia”. Todo lo anterior produce mucha indignación, y ellos lo saben. Saben también que la indignación es la madre de la protesta y de la acción política. Por eso necesitan cuidarse de que no vayamos a ponerles la universidad patas arriba, de que no vayamos a montar campamentos, de que no nos vayamos a organizar para pelear por el carácter nacional de la Universidad Nacional. Es necesario vigilar a los estudiantes. El problema para ellos, desde hace mucho, no es la convivencia (qué bueno que haya normas de convivencia, como por ejemplo: “ningún celador puede insultar a un estudiante” o “ningún profesor puede faltar al respeto a un estudiante, ni gritarlo, y mucho menos golpearlo”), sino el control. No preocupa tanto que nos tratemos bien. Lo importante es que no interfiramos en el funcionamiento normal de la institución. ¿Por qué? Porque la universidad pierde plata de sus contratos con entes externos (alcaldía, empresas, sobre todo empresas). No preocupa tanto porque estemos físicamente sanos. Lo importante es que la calle 26 esté físicamente limpia y que sepamos quiénes son los que la ensucian. Una prueba: en el año 2005 tres jóvenes mujeres fueron víctimas de un rayo que les cayó muy cerca estando dentro del campus. Inmediatamente, se inició el proceso de solicitud de instalación de un sistema de defensa de rayos, a lo cual se negaron porque era muy caro: costaba como 200 millones. Por esos mismos días fueron instaladas 11 cámaras de visión panorámica, cada una por un valor de 30 millones -330 millones en total-. Aún no se ha instalado el mencionado sistema de defensa de rayos ¿Cuál es su prioridad? No parece que sea, en todo caso, nuestro bienestar y la sana convivencia entre todos. No perdamos de vista que quien debe ser vigilado es aquel a quien se teme, aquel de quien se desconfía… en el límite, al enemigo.

Con estos hechos sobre el papel, queremos dejar en el aire común unas cuantas preguntas para el lector y la lectora: ¿qué universidad prefiere para el país? ¿Qué universidad prefiere para usted? ¿Qué universidad prefiere para sus hijos e hijas? ¿Está dispuesto a que la marcha de este gran proyecto continúe tranquilamente?

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org