La parapolítica en Colombia es producto de la Constitución de Paramillo o acuerdo entre paramilitares, narcotraficantes y políticos para refundar el país. Por este acuerdo hay más de 60 congresistas procesados penalmente por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación bajo los cargos de concierto para delinquir y constreñimiento al elector.

Ellos trastrocaron la voluntad popular, tergiversaron la democracia representativa en Colombia. La viciaron con la violencia y con el engaño. Por lo menos un 35 por ciento de los congresistas llegó mal llegado y fue aliado de un gobierno que se valió de ellos “hasta tanto no estuvieran en la cárcel”. El gobierno veía a los congresistas acusados, pero no se los imaginaba en la cárcel. Igual le debe estar pasando con los ministros hoy en tela de juicio.

La Constitución de Paramillo, producto de los acuerdos de Santafé de Ralito, ha sido modificada por el Acto Legislativo nro. 02 de 2004 que establece la reelección inmediata del presidente de la República. El Acto Legislativo nro. 02, que fue producto de la compra e intimidación del voto de la congresista Yidis Medina por el poder ejecutivo, es nada más y nada menos el fundamento de la “Constitución de Yidis”.

La Constitución de Yidis es una forma de corrupción en donde “el que paga” por la peca obtiene las mayores ventajas: consigue el poder político, el poder de decisión. Mientras que el que peca por la paga, el pecador, es un simple usufructuario de provincia, un beneficiario hambriento de una ínfima porción económica del poder: un cargo burocrático para un familiar, o un contrato leonino para compensar su apoyo.

El poder ejecutivo dirigido por Uribe V. es el constituyente del 2004, es el que institucionalizó la “paga por la peca”; es el poder de ellos, el poder del ex ministro del interior y de justicia Sabas Pretelt de la Vega y del ministro de protección social Diego Palacio Betancourt, más el propio presidente Uribe V., ellos son los autores de la de la reelección.

Coadyuvaron el titular de la curul, el conservador Iván Díaz Mateus, quien tiene orden de captura por la Corte Suprema de Justicia, y el congresista Teodolindo Avendaño, también capturado por su ausentismo premiado.

En justa lógica vienen las detenciones de Sabas Pretelt de la Vega y de Diego Palacio Betancourt, ex ministros implicados por Yidis Medina como los que pagaron o promovieron la paga por la peca. Ex ministros a quienes vimos en el Congreso atajando senadores para la votación de la reelección.

O puede seguir la línea menos deseada, pero muy probables de la desobediencia civil del ejecutivo a la Corte Suprema de Justicia. La excusa para tomar distancia del imperio de la ley. Aquella línea que propusieron, en su momento los ex senadores Mario Uribe Escobar y Ciro Ramírez Pinzón, para desconocer el fallo de la Corte Constitucional si salía desfavorable a la reelección. Una línea que forzó a la Corte Constitucional a torcerle el pescuezo a un fallo de inexequibilidad.

En sana critica lo que la Corte Suprema de Justicia está haciendo hoy es remendar la flaqueza de la Corte Constitucional en el año 2004. El valor de la Corte Suprema de Justicia de hoy fue el que le falto a Manuel José Cepeda y sus compañeros en el fallo de exequibilidad del Acto Legislativo nro. 02 de 2004.

Es muy posible que estemos ad portas de la subversión del gobierno a las instituciones, en particular a las altas cortes. El 84 por ciento de los mil consultados por las encuestas particulares, puede servir para decir que la legitimidad es del gobierno y que un puñado de jueces no pueden poner entre palos a una administración que ha conseguido la “paz” y la seguridad “democrática”.

Es muy posible que surja la licencia para la corrupción, o los fueros de corrupción para los ministros, bajo el argumento del mal menor.

Vale la pena recordar la reprobada respuesta de Samuel Moreno al ex alcalde Antanas Mockus si él compraría conciencias para salvar a Bogotá. El hoy alcalde dijo que si le tocaba las compraría para salvar la ciudad de un mal mayor. La muy cuestionada respuesta será un argumento para los rebeldes gubernamentales. La deben estar pensando.

Es posible que confiesen su falta, que la reconozcan como un mal menor para salvar al país de un mal mayor que después fue bautizada como hecatombe.

Es probable que la Constitución de Yidis Medina o Constitución de la reelección inmediata tenga vigencia hasta el año 2014 cuando surgirá otra Constitución para Uribe V. que se conocerá como la Constitución de Tomás o la Constitución de Jerónimo o la Constitución de Lina o la de Mario.

La Constitución de Yidis es la Constitución del poder real, de quienes gobiernan, la Constitución de 1991 es la Constitución del poder formal, la del Estado Social de derecho.

Y así se irá Colombia de Constitución en Constitución hasta la refundación nacional.

Medellín, 20 de mayo de 2008

- Rafael Rincón es director del Consultorio de Derechos y Gobernabilidad háBeas Corpus, Medellín- Colombia

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