Finalizando 1991, los colombianos celebrábamos la nueva Carta Constitucional y el reconocimiento de un país diverso en culturas y etnias; en tanto, en el sur occidente del país en la Hacienda el Nilo, Municipio de Caloto, Departamento del Cauca, fueron masacrados (20) veinte indígenas Nasa, hecho tristemente recordado como La Masacre del Niloi.

En 1994, mientras el pueblo Nasa construía concertadamente y en asambleas multitudinarias el Plan de Vida de sus comunidades; en Miami, Estados Unidos, se desarrollaba la Cumbre de las Américas realizada con los jefes de Estado de 34 países de la región y se acordaba la creación del Área de Libre Comercio de las Américas ALCA, con la cual se eliminarían progresivamente las barreras al comercio y a la inversión extranjera.

En el año 2000 circula el documento SANTA FE IV., conocido como “El futuro de las Américas, temas para el nuevo milenio”, recordándonos que el mercado potencial de sur América es tan grande como el de los Estados Unidos de América, y los principales elementos geoestratégicos importantes para la seguridad nacional de Estados Unidos, son:

1. Control de los estrechos Atlánticos.
2. Uso del Canal de Panamá.
3. Una ruta sureña segura alrededor del Cabo de Hornos.
4. Seguridad de que los países del hemisferio no son hostiles a nuestras preocupaciones de seguridad nacional. Además, que los recursos naturales del hemisferio estén disponibles para responder a las prioridades nacionales (EE.UU.) (ii).

Y para que no olvidemos que Colombia es la esquina geoestratégica de Sur América, una de las metas de Santa Fe IV, es “Un enérgico esfuerzo para impedir que el narcoterrorismo desestabilice la región y se produzca la colombianización de los países vecinos (iii)” . En paralelo y en este mismo año 2000, en Colombia se inicia la implementación del Plan Colombia, y en el Norte del Cauca, hacen presencia dos bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC.

En este mismo año, expertos del Consejo Nacional de Inteligencia NCI, organismo gubernamental adscrito a la Central de Inteligencia Americana CIA, elaboran el Global Trends 2020, Tendencias Globales en el 2020, en el que expresan textualmente: “La emergencia de movimientos indigenistas políticamente organizados también puede representar un riesgo para la seguridad regional. Si en los próximos años los movimientos de reivindicación indigenista no logran inserción en el sistema político ni determinados niveles de inclusión social, existe la probabilidad que muchos movimientos evolucionen hacia reivindicaciones de tipo autonómico territorial, como sucediera décadas atrás en la Costa Atlántica nicaragüense; en el sur de México, la región andina y algunos países centroamericanos, reivindicaciones territoriales impulsadas por grupos indigenistas irredentistas podrían incluir el escenario de insurgencia armada y violencia política (iv)” .

En el mismo periodo en que se inicia el desarrollo de la Fase I Plan Colombia, se implementa a nivel nacional uno de los mandatos de la Segunda Cumbre de las Américas realizada en Santiago de Chile (v), “Promover regímenes jurídicos, fiscales y normativos con objeto de estimular las inversiones privadas, locales y extranjeras, en las ramas del sector de energía donde lo permitan las respectivas Constituciones”; mediante la aprobación de una normativa nacional que legaliza el despojo a los pueblos indígenas y comunidades afros, de sus territorios y recursos, con la Ley General Forestal (Ley 1021 / 2006); el Código Minero (Ley 685 / 2001); la Ley de Aguas (Ley 812 / 2003); el Estatuto de Desarrollo Rural (Ley 1152 / 2007).

En el año 2006, segundo periodo del mandato de Álvaro Uribe Vélez, después de presentar los logros del Plan Colombia I, el gobierno nacional presenta la Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y del Desarrollo Social EFDDSvi la cual se asume como la fase II del Plan Colombia, apoyada directamente por el Comando Sur de los Estados Unidos (vii) y una abierta declaración de la intencionalidad de un tercer periodo presidencial del Álvaro Uribe Vélez.

En total coherencia con la Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social EFDDS (viii), el Ministerio de Defensa Nacional promulga “La Política de Consolidación de la Seguridad Democrática PCSD , que tiene como aspecto fundamental el desarrollo de la Doctrina de Acción Integral DAI, que se constituye en la principal herramienta para la coordinación del uso “legítimo” de la fuerza o subordinación de la vida civil a lo militar.

En este sentido, la Doctrina de Acción Integral DAI faculta a la Fuerza Pública para la coordinación directa con los representantes de las organizaciones e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, - incluida la cooperación internacional y el sector privado - a través de los Centros de Coordinación de Acción Integral CCAI y convierte el territorio nacional en teatros y áreas de operación militar.

El CCAI es el concepto orientador de una política pública, encaminado a generar, el entorno de la Política de Seguridad Democrática propio del Estado Comunitario de la administración Uribe, cuyo postulado es “crear condiciones institucionales y sociales básicas para impulsar la estabilización y consolidación del desarrollo, la paz y la cultura de la legalidad en regiones específicas que presentan débil presencia institucional, influencia de grupos armados al margen de la ley, cultivos ilícitos, bajo crecimiento económico, baja cobertura de servicios sociales y fragmentación sociali (x)” .

La Doctrina de Acción Integral DAI se ejecuta en dos escenarios diferentes. El primer escenario corresponde a las zonas donde se encuentre presente el Centro de Coordinación de Acción Integral - CCAI - de la Presidencia de la República. En este escenario, todas las unidades de la Fuerza Pública presentes en la zona, deberán establecer coordinación estrecha y permanente con el representante del CCAI local. La coordinación se realizará, de igual forma, a nivel central, entre el Ministerio de Defensa Nacional, el Comando General de las Fuerzas Militares, los Comandos de cada una de las Fuerzas Militares y la Dirección General de la Policía Nacional y la sede del CCAI en la Presidencia de la República.

El segundo escenario corresponde a las zonas donde el CCAI no tiene presencia. Teniendo en cuenta que el CCAI está presente en la actualidad en 58 de los 1.099 municipios del país, es claro que estos 58 municipios serán el escenario predominante para el accionar de la Fuerza Pública durante el presente mandato presidencial.

Llama la atención la importancia estratégica de los CCAI para el Ministerio de Defensa Nacional y su coherencia con lo expresado en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Colombia Fase II, en el cual se definen seis (6) componentes, teniendo la mayor visibilidad y destinación de recursos el componente de Desarrollo Social Integral (48%), en este componente los recursos son administrados y ejecutados a través de los CCAI.

Según esto, los coordinadores de los CCAI, padrinos y madrinas o vicegobernadores, como ya se les llama en algunas regiones, trabajan en estrecha relación con las fuerzas armadas y coordinan directamente con los Ministerios, instituciones gubernamentales y no gubernamentales y con Acción Social, y tienen más poder que los mandatarios locales. Entonces ¿Para qué o por qué nos desgastamos y gastamos el presupuesto nacional en la elección popular de mandatarios locales y departamentales que tienen el mismo poder que el alcalde de una ciudad de hierro?

Para la implementación de los CCAI, se priorizan 11 zonas, las que se definen como “territorios donde actualmente se vienen desarrollando operaciones militares especiales, existe una situación humanitaria que merece atención urgente, tiene altos niveles de pobreza y marginación, cultivos ilícitos y una débil presencia del Estado” Una de estas zonas priorizadas es el territorio del norte del Cauca, Municipios de Toribío, Jambaló, Corinto, Caloto y Puerto Tejada.

¿Será que el gobierno nacional, considera que en la zona norte del Departamento del Cauca, en los Resguardos Indígenas (x )de Jambaló, San Francisco, Toribío, Tacueyó, Corinto, López Adentro y Huellas, territorios de Juan Tamaxi y Manuel de Quilo y Ciclosxii, las autoridades tradicionales, los gobernadores indígenas, los cabildosxiii y los proyectos comunitarios, a pesar del reconocimiento legislativo nacional e internacional, no garantizan la gobernabilidad y no son instituciones respetables?

De igual manera, ¿Se está considerando que las alcaldías indígenas y populares de Jambaló y Toribío, que han concertado y ejecutado sus recursos de transferencias bajo el mandato de las asambleas comunitarias; que han disminuido las Necesidades Básicas Insatisfechas NBI de sus comunidades del 99.9% en el año 1993 al 63.0% en el año 2005, no son un legítimo referente de gobernabilidad y desarrollo social concertado?

¿Cómo es posible que en el año 2000, el Municipio de Toribío fuera galardonado por el Departamento Nacional de Planeación DNP, por el mejor Plan de Desarrollo Municipal, sea priorizado por el mismo DNP en el 2007 como uno de los Municipios del CCAI, que fueron clasificados con los criterios “regiones específicas que presentan débil presencia institucional, influencia de grupos armados al margen de la ley, cultivos ilícitos, bajo crecimiento económico, baja cobertura de servicios sociales y fragmentación social”?

Preocupa que el pueblo Nasa, hijos de la estrella y del agua, esté cercado no sólo por la avanzada de la agroindustria de la caña que posee y explota el 70% del territorio fértil del Valle del Cauca, su vecino geográfico, sino también por la exploración y posible explotación minera de 58.999 hectáreas (xiv) aproximadamente el 60% del territorio nasa, por Kedhada S.Axv.

También lo cerca, la recién creada zona franca del Norte del Cauca, que perpetúa los beneficios tributarios a más de 130 empresas transnacionales que se asentaron en esta región con la implementación de la Ley Páez (xvi) promulgada después del desastre del Nevado del Huila que devastó Páez y Tierradentro en 1994, y creada para dar trabajo a poco más o menos el 25% de la mano de obra no calificada, afro e indígena de la zona.

Pero la belleza del paisaje del Parque Nacional Natural Nevado del Huila y la pureza de sus aguasxvii, no puede escapar a esta redada, porque ya está presupuestada y priorizada en el actual Plan de Desarrollo del Cauca, la carretera que atraviesa el Parque Nacional Natural Nevado del Huila, que conecta la vía panamericana con la Marginal de la Selva, es decir, conexión directa con Caracas y la Comunidad Económica Europea de acuerdo con el eje andino del IIRSA (xviii) .

Creemos que estas son las verdaderas razones nacionales y regionales, por las que se escamotea la Verdad, Justicia y Reparación para los Nasa y la cabeza de sus autoridades y líderes ya tiene precio.

Creemos que estas son las verdaderas razones por las que líderes, autoridades indígenas, alcaldes y servidores públicos de la Alcaldía de Toribío, vienen siendo estigmatizados y amenazados desde el año 2000, por los diversos actores armados legales e ilegales.

Notas

i. El 16 de diciembre de 1991, en la Hacienda El Nilo, Ubicada en el Corregimiento el Palo, Municipio de Caloto en el Departamento del Cauca, 20 comuneros indígenas, pertenecientes a los diferentes Cabildos de la Zona Norte, fueron brutalmente asesinados por sicarios a sueldo y miembros de la policía nacional, pagados por narcotraficantes de la región. Este triste hecho es conocido como la “Masacre del Nilo”. Por esto el 16 de diciembre de 1992 se presentó una petición contra el Estado Colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH por la Masacre del Nilo y el 28 de septiembre de 1999, la CIDH aprobó el informe 114/99 en el cual ordenó entre otros aspectos “Adoptar las medidas necesarias para cumplir con los compromisos relativos a la reparación social a favor de la comunidad indígena Páez del Norte del Cauca, ya que la masacre afectó el conjunto de la comunidad Páez y que las medidas que deben adoptarse, deben tener en cuenta las pretensiones y reivindicaciones de las comunidades. Que el Estado debe atender a la obligación de protección de los pueblos indígenas, cuyo primer derecho es la VIDA, entendida en términos colectivos, como el derecho a la reproducción étnica y cultural, el derecho al territorio y el derecho a la autodeterminación” La reparación pactada contempla tres aspectos básicos: 1. Tierras (15.663 hectáreas), 2. Satisfacciones morales y 3. La puesta en marcha de un Plan Alternativo Indígena.
El balance de cumplimiento a la fecha es el siguiente:
1. Después de 17 años han sido entregadas a las comunidades 9.048 hectáreas (A la fecha existe promesa de compraventa de aproximadamente 2.000 hectáreas, pero no han sido compradas por el INCODER y el Ministerio de Interior y de Justicia, ni entregadas a las comunidades)
2. El Presidente Samper presentó disculpas al Pueblo Nasa por la masacre cometida.
3. El Pueblo Nasa del Norte del Cauca, no ha recibido apoyos al fortalecimiento de su Plan de Vida, a pesar de las diferentes actas y acuerdos firmados.

ii. SANTA FE IV. El Futuro de las Américas, temas para el nuevo milenio. Lewis Arthur Tambs. Editores: Gordon Summer Jr.; www.geocities.com/

iii. Ídem anterior.

iv. Global Trends 2020, N.C.I. Apartado 1.3. titulado: “Los desafíos de la seguridad”.

v. http://www.summit-americas.org/esp/cumbresantiago.htm
vi. Estrategia de Fortalecimiento de la Democracia y del Desarrollo Social EFDDS 2007-2013 – Plan Colombia II, Departamento Nacional de Planeación y Dirección de Justicia y Seguridad, 2007

vii. Estrategia del comando 2016 del Comando Sur de los Estados Unidos, Amistad y Cooperación por las Américas, marzo de 2007

viii. Política de Consolidación de la Seguridad Democrática – PCSD, del Ministerio de Defensa en el 2007

ix. Boletín Hechos de Acción Social para la Recuperación Social del Territorio, 31 de Agosto de 2007

x. El resguardo constituye la unidad política básica de la población. De los resguardos existentes en el Cauca, aproximadamente el 70% de ellos corresponde a resguardos Nasas, los cuales se encuentran regidos por la Ley 89 de 1890, que con algunas modificaciones, aún se mantiene vigente. Jurídicamente las tierras comprendidas entre los resguardos son de propiedad comunitaria de la parcialidad que los habita. Cada resguardo tiene sus títulos que establecen sus límites y legitiman su territorio. Los comuneros se identifican en primera instancia con el nombre de su resguardo y después con el de su etnia. Los indígenas tienen hacia el resguardo una serie de obligaciones que van desde la participación en las obras de interés comunal hasta el desempeño de los cargos del Cabildo, máxima autoridad del mismo. Geografía Humana de Colombia, Región Andina Central. TOMO IV VOLUMEN II

xi. Según los documentos históricos, Juan Tama es un gran líder colonial, el cacique principal de Vitoncó y de todo el pueblo Nasa. El cacique que desterró a grupos indígenas enemigos, y mediante el manejo de la legislación colonial y los documentos escritos, defendió el territorio comunal de las manos de los blancos. A él se debe la creación de los resguardos y la delimitación del territorio Nasa.

xii. Manuel de Quilo y Ciclos, hijo del agua y de la estrella, logra en 1701 ante la Real Audiencia de Quito, la documentación y reconocimiento de los Resguardos de San Francisco, Toribío y Tacueyó.

xiii. El Cabildo es una estructura jerárquica, a cuya cabeza se encuentra el Gobernador, máxima autoridad de la comunidad. Los otros cargos existentes en los cabildos páez son los de Comisario, Alcalde, Alguacil y Fiscal. Los Alguaciles son los funcionarios de más baja jerarquía y quienes están encargados de desplazarse a los rincones más apartados del resguardo y comunicar las órdenes del Cabildo, hacer las citaciones para las reuniones y transmitir las inquietudes de los comuneros. Los Alcaldes por su parte, tiene por función primordial el velar por la integridad de las tierras y evitar la intromisión de extraños. El Gobernador es quien preside las sesiones del Cabildo, organiza los trabajos comunitarios, establece las adjudicaciones de parcelas -cuando la disponibilidad de tierras lo permite- y actúa como intermediario entre la comunidad y las autoridades municipales, departamentales y nacionales. Igualmente es el encargado de establecer el castigo a aquellos comuneros que han infringido las leyes consuetudinarias.

xiv. El área total de los territorios indígenas del Norte del Cauca es de 91.823 Hectáreas, habitadas por 19.063 familias en 17 Resguardos.

xv. Kedhada S.A. , filial de la transnacional Anglogold Ashanti

xvi. Ley Páez, Ley 218 de 1995

xvii. El territorio Indígena del Norte del Cauca es una fuente de recursos hídricos de mucho valor. Hace parte de la zona de páramo y amortiguamiento del Parque Nacional Natural Nevado del Huila, uno de los de mayor importancia del País y posee cuencas hidrográficas de gran impacto en la región. Cerca del 30% del azúcar que se produce para la exportación en el País se alimenta con las aguas que nacen de este territorio. Empresas industriales, acueductos regionales, hidroeléctricas regionales y el río Cauca, el segundo río en importancia del País, se surten de estas fuentes.
El agua para la Comunidad no es solamente un recurso esencial de vida, sino también un elemento espiritual esencial en su Cultura. El agua es un elemento de purificación y recuperación de las energías. De ahí que la protección de las fuentes de agua sea parte de la cosmovisión de la Comunidad como algo que viene de “adentro”.

xviii. IIRSA Iniciativa para la integración de la Infraestructura Regional Suramericana, 31 proyectos de integración en la “Agenda de Implementación Consensuada 2005-2010” aprobada por la Sexta Reunión de IIRSA 23 y 24 de noviembre en Lima. Comunidad suramericana de Naciones 2004.


Fuente: http://www.nasaacin.org/noticias.htm?x=7896