Untuca, aquel poblado que, hasta antes de haberse producido el conflicto entre la empresa minera y las comunidades campesinas de la zona, era un paraje olvidado para los puneños y el resto del país, ha hecho noticia desde que el pasado 30 de mayo, un grupo de comuneros sitiaron las instalaciones de la Sociedad Minera Cartagena y, según la versión del representante de la empresa, habría terminado con el secuestro de un grupo de 29 trabajadores.

Aunque el conflicto está latente y gran parte de autoridades y medios de comunicación tienen la atención puesta en la localidad, hasta el momento el desenlace es de carácter reservado. Lo cierto es que el centro poblado de Untuca, ubicado en el distrito de Quiaca (Sandia), el distrito más pobre de la región Puno, ha pasado de ser un lugar desconocido y ha llamado la atención, no por el dinamismo económico que le otorga la producción alpaquera y la explotación artesanal de oro, sino por la ruptura del equilibrio social.

Los comuneros dedicados a la actividad minera denuncian el incumplimiento de los acuerdos que la empresa tendría con ellos. Por su parte la empresa acusa la presencia de grupos de interés local, cuya pretensión sería la de hacer uso de la concesión que ellos habrían obtenido legalmente; más allá de ambas versiones, lo que queda claro es que el proceso de negociación y el acuerdo previo a las actividades de exploración y explotación fue sumamente deficiente, dejando espacios para que surjan versiones erróneas como aquellas que vinculan a la empresa con capitales chilenos, cuando se trataría de una empresa cuyos propietarios son peruanos.

Es práctica reiterada de la mayoría de empresas mineras, cual acción ilícita, la de realizar actividades con un mutismo absoluto, por encima de la autoridad local y sin ningún contacto con los medios de comunicación, aún cuando se trata de un asunto público, ya que su presencia está vinculada directamente con el desarrollo y el adecuado uso de los recursos naturales. Lejos de aportar a una buena relación entre el Estado, sociedad civil local y empresarios, se generan prejuicios y mucha desconfianza que, como en el caso de Untuca, puede convertirse en un factor de conflicto permanente.

En ese sentido, la presencia del Estado en el conflicto de Untuca, mediante los representantes de la Defensoría del Pueblo, Gobierno Regional y la Fiscalía ha sido, por decirlo menos, insuficiente, ya que las entidades directamente vinculadas al problema como la Dirección Regional de Energía y Minas, no parecen tener un rol directo, mucho menos programas destinados a la prevención y manejo de este tipo de escenarios, pese a que éstos se han venido repitiendo continuamente en nuestro país.

Por su parte, el gobierno local de Sandia, ha sido el más ausente en el conflicto, incumpliendo su rol de mediador y siendo un mero espectador. Qué decir de instancias como, la unidad de conflictos manejada desde la Presidencia de Consejo de Ministros, cuyo trabajo se reduce a hacer de pequeño “servicio de inteligencia” que recaba información de segunda o tercera mano, sin procesarla y sin elevar recomendaciones a las entidades pertinentes, a fin de que se contribuyan a mejorar las condiciones en las cuales se realizan las actividades extractivas y no sigan siendo espacios potenciales de conflictos.

Por el momento, para el caso de Untuca, lo más indicado parece ser el establecimiento de una mesa de diálogo entre la empresa, sociedad civil local y el Estado, a fin de que se busquen soluciones racionales al entrampamiento y a las polarizaciones que se han dejado sentir estos días, lo cual supone cierto nivel de madurez y voluntad de las partes en conflicto, ya que la informalidad con la que se manejan algunos dirigentes o representantes de la comunidad no genera un buen presagio para el conflicto de Untuca (Prueba de ello es que han renovado su dirigencia en menos de dos semanas).

Que éste conflicto nos ayude a prevenir. Al sur y al norte de Puno el malestar de algunas comunidades campesinas por la presencia de empresas mineras en sus territorios se está dejando sentir, lo que supone la necesidad de que todas las partes interesadas comiencen a generar mecanismos de diálogo, donde las reglas de juego y condiciones queden debidamente establecidas.

Finalmente, no olvidemos que, si bien no guardan relación con el conflicto de Untuca, tenemos dos escenarios conflictivos latentes en la región. El primero en el distrito de San Juan del Oro, ubicado en la selva de la provincia de Sandia y el segundo en la provincia de Chucuito Juli, en ambos casos, las gestiones ediles están siendo seriamente cuestionadas. En el primer caso, el Jurado Nacional de Elecciones ha repuesto al alcalde en sus funciones, luego de un proceso de vacancia iniciado por el concejo municipal y en el segundo, se espera el fallo del ente electoral.

- Aldo Santos, Asociación SER – Oficina Regional Puno

Fuente: Asociación SER (Perú)

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